¡A los presos en Colombia también hay que protegerlos!

Aracely León, madre del joven Mateo Gutierrez toma la vocería de los 124.188 presos colombianos registrados por el INPEC para exigir atención y garantía de sus derechos

Por: Aracely León Medina
abril 24, 2020
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¡A los presos en Colombia también hay que protegerlos!
Foto: Vía Twitter @ManuelBol_FARC

Intervención Audiencia Pública Virtual, por la Vida y la Dignidad de las Personas en Prisión 26 de abril de 2020

FRATERNO Y SOLIDARIO SALUDO A TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A SUS FAMILIAS

Agradezco el honor de hablar por los 124.188 seres humanos que en Colombia viven en las mazmorras, cifra oficial del Inpec a enero de este año, número que en la vida real es mayor, porque al lado de cada persona privada de la libertad al menos un familiar, un amigo o una amiga están padeciendo este infernal encierro que no merece ser vivido por nadie, menos aún, por quienes han llegado a las cárceles por motivos no criminales, ni justificables de su encierro.

¿Quiénes son las personas privadas de la libertad? ellos, ellas, nosotras y nosotros los privados de la libertad, somos seres iguales a cualquiera otro, estamos encarcelados/as porque el Estado y la Sociedad han llevado a que el sistema de justicia penal utilice la privación de la libertad como única medida para someter a quienes consideran no deben vivir en “sociedad”.

La población carcelaria conformada en su mayoría por personas de origen socio económico con necesidades básicas insatisfechas, las cuales han superado o mitigado con un gran esfuerzo y con altos niveles de sacrificio personal y familiar; varios de ellos y ellas integran organizaciones sociales, campesinas, sindicales, barriales, estudiantiles, defensoras de Derechos Humanos o lideran movimientos y actividades para dignificar poblaciones vulneradas y vulnerables, víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, o privados de Derechos Fundamentales, que han padecido la implementación de políticas de estado nefastas para la población en general, convirtiéndolos y convirtiéndolas en una piedra en el zapato para autoridades gubernamentales, políticas, administrativas, policiales y militares. Entes que al considerar que se ponía en riesgo o peligro la perpetuidad del poder institucional, su status quo, creyeron -creen- que se atenta contra la estabilidad del estado capitalista en el que vivimos, justificando la represión policial, militar y la judicialización y con ello, el encarcelamiento.

En las cárceles también encontramos personas que por una decisión desacertada cometieron un error, o que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado, para nadie es un secreto que las cárceles están llenas de inocentes y de víctimas de Montajes Judiciales creados por la policía y la fiscalía, avalados por un sistema judicial inoperante; y lo que es peor está llena de personas con condenas desproporcionadas, para dar ejemplo, quien se roba un caldo magui en un supermercado del emporio empresarial se expone a una condena de mínimo 7 años de prisión, pero quien roba 200 mil millones solo es condenado a 5 años bajo la modalidad de casa por cárcel. En conclusión, los privados de la libertad son quienes pagan el costo de un estado fallido, injusto, que induce a reaccionar en su contra, reacción que es más que legítima.

UN ESTADO QUE NO PERMITE EL ACCESO IGUALITARIO A LA SALUD, LA EDUCACIÒN, EL TRABAJO DECENTE, LA VIVIENDA DIGNA, SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD y LA JUSTICIA, entre otros, ES UN ESTADO QUE CONDUCE A LA SUBLEVACIÓN DE TODO TIPO. La falta de oportunidades para satisfacer las necesidades básicas, conlleva a que algunas personas al encontrarse en un estado extremo de necesidad o desesperadas, adopten decisiones que los hace ser judicializados por una justicia clasista que aplica una norma muchas veces injusta, lo que popularmente conocemos con la premisa coloquial, sarcástica, estigmatizante, pero no ajena a la realidad cual es que “la ley es para los de ruana”, lo que se traduce en que la cárcel en general es para los pobres, para los pendejos, para los inocentes.

Están presos y presas por ejercer el derecho a disentir de los actos inequitativos de parte de gobiernos ilegítimos, que atentan contra la dignidad de los ciudadanos de este país dirigido por funcionarios que no nos representan, quienes implementan medidas que redundan en el enriquecimiento de los privilegiados quienes son los más favorecidos y poderosos, hablo de la banca, los grandes terratenientes e industriales, las multinacionales, entre otros, quienes llenan sus arcas, a costa de la explotación económica y laboral de los y las colombianas; un gobierno que legitima la corrupción y hace del hambre la implementación de subsidios que son limosnas y no solucionan nada, pues los programas ineficientes y politiqueros solo generan corrupción y una cortina de humo para solucionar las verdaderas y reales problemáticas sociales, y lo único que pretende es ocultar y maquillar la realidad.

Los encerraron por actuar y reaccionar ante un estado de derecho inoperante, que con su política económica y social ha condenado a la pobreza al menos al 50% de su población, recordemos que según el último censo, en el 2018 Colombia tenía un poco más de 48 millones de habitantes, de ellos, 20 millones inmersos en la pobreza multidimensional y/o monetaria extrema; cifras que matizan la realidad, toda vez que estas clasificaciones tecnócratas y burocráticas no permiten establecer el número real de personas inmersas en esta problemática, maquillando la verdadera situación, pues si bien a la luz de cifras oficiales, las cuales también me atrevo a cuestionar, se refleja la gravedad de la situación, los datos no pueden tenerse como totalmente ciertos al no estar dados en proporción al número total de habitantes sino por ítem clasificatorio, es decir, que la información que suministran es fragmentada lo que hace imposible conocer el número real de personas enmarcadas bajo la línea de pobreza, lo anterior no es más que para favorecer intereses de gobierno y ocultar el verdadero país en que vivimos.

Son múltiples las problemáticas que hacen considerar a Colombia como un estado fallido, las políticas de gobierno o mejor la usencia de políticas adecuadas, han sumido como se señaló a un alto número de personas en condiciones de pobreza, dando como resultado una sociedad desigual, con marcadas tendencias de intolerancia, problemáticas que se reflejan y acentúan aún más en los establecimientos carcelarios, en donde son altamente visibles la inequidad, la discriminación, la falta de una política criminal de estado de derecho o tan siquiera de gobierno justo, pues saltan a la vista la inadecuada alimentación, el difícil, casi que imposible, acceso a la salud, a la educación, a una ocupación laboral, menos aún a un trabajo digno, los servicios públicos son precarios, deficientes o lo que es peor ausentes, no es un secreto que no se cuenta con agua potable en los establecimientos carcelarios, y ni hablar de las condiciones de las edificaciones en donde están recluidos, en las que se evidencian altos niveles de humedad, falta de ventilación y de un área inadecuada, ya que en celdas de no más de 4mts cuadrados se hacinan mínimo 8 personas, y cuando no alcanzan las celdas o la plata para pagar un cupo, tienen que dormir en los pasillos, en los que unos sobre otros deben acomodarse.

Guillermo Sanhueza, doctor en Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Michigan, crítico de la política carcelaria y de reinserción social de Chile, que es muy similar a la nuestra, al cuestionar la Agenda Antidelincuencia de su país señala: “No podemos hacer política pública basándonos sólo en el miedo”, No existen recetas simplistas ni soluciones mágicas que lo resuelvan. Estamos al debe en políticas de reinserción social, lo que se manifiesta en la alta fragmentación institucional que se evidencia en esta materia, incluso, el profesor va más allá, y resalta que al llegar el momento de la libertad - tan anhelada y si es que llega, la política criminal carcelaria carece de una ley de ejecución penal que reglamente el camino posterior a la reclusión de las personas, asimismo, refiere que la falta de materias en los programas curriculares de instituciones educativas NO permiten a los estudiantes y profesores de distintas carreras especializarse en el tema de la privación de la libertad.

Todo lo expuesto, evidencia la carencia y la falta de preocupación e interés sobre la problemática carcelaria no solo por parte del estado colombiano, su gobierno y de la comunidad académica, sino de la sociedad en general, por lo que un estado fallido y una inadecuada política criminal a lo que contribuye es a que cada vez sea mayor el número de personas en las prisiones y menos su reinserción en condiciones de equidad.

Esas son las personas privadas de la libertad, para las cuales exigimos de parte del Gobierno Nacional su liberación inmediata por razones humanitarias.

Solicitamos a la sociedad colombiana y a los medios de comunicación considerar las personas privadas de la libertada como sus ciudadanos, iguales a cualquier otro, y a no estigmatizarlos de manera negativa.

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