A Benedetti le va mejor que a sus testigos

A Benedetti le va mejor que a sus testigos

Quien lo acusó de influir en un contrato en Fonade fue condenado por concierto para delinquir y la que le vendió un apartamento está en prisión por lavado de activos

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junio 14, 2023
A Benedetti le va mejor que a sus testigos

La primera semana de junio la magistrada Cristina Lombana, la única que parece empeñada en llevar a juicio a Armando Benedetti por delitos que le fueron atribuidos mientras se desempeñaba como senador, volvió a perder una batalla en la Corte Suprema. Sus colegas de la Sala Especial de Instrucción no respaldaron su decisión de proponer un conflicto de competencias a la Fiscalía para que este organismo devuelva al alto tribunal un expediente por enriquecimiento ilícito contra el ahora embajador saliente en Venezuela.

Aun así, la magistrada decidió acudir al Tribunal Superior de Bogotá para pedir una audiencia en la que sea resuelto el conflicto, pues considera que el nivel de confusión generado por múltiples recursos presentados por defensores de Benedetti es tal, que ni la Fiscalía ni la Corte mueven un solo dedo para encauzarlo.

Mientras tanto, otras personas que se han sido vinculadas a causas judiciales en las que Benedetti es el protagonista han corrido peor suerte que él.

Fonade
Jorge Iván Henao, el testigo que señaló al excongresista de haber movido influencias para la adjudicación de un contrato por más de 1.000 millones de pesos del antiguo Fondo de Desarrollo Financiero (Fonade) a la empresa Certicámaras, fue condenado el martes 13 de junio de 2023 por el delito de concierto para delinquir

El concierto significa que hay más de una persona comprometida en la comisión de un ilícito. Una de ellas sería necesariamente Benedetti, sobre quien el juez 13 de conocimiento de Bogotá, funcionario que impuso la condena al testigo, podría enviar copias a la Corte para que reactive un proceso que está pendiente allí por el mismo caso.

Otra protagonista infortunada en los expedientes contra Benedetti es Ruby Corredor, una exfuncionaria que le vendió al entonces senador un apartamento de más de 1.600 millones de pesos en un exclusivo sector de Bogotá y que terminó condenada por lavado activos.

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, un organismo de inteligencia que colabora con la administración de justicia, hizo un seguimiento al patrimonio de la señora Corredor y conceptuó que no tenía la capacidad financiera para hacerse a un bien de esas características.

El bien raíz terminó en poder de Benedetti poco después de su compra por parte de ella.

En esa ocasión la justicia penal consideró que la exfuncionaria del Ministerio actuó como testaferro del congresista para hacerse al apartamento, comprado con recursos cuyo origen ha sido materia de investigación. Aunque otros testigos dijeron que Benedetti Ruby Corredor eran conocidos de vieja data y que incluso habían trabajado juntos, ambos lo negaron. Ella habría preferido quedarse con el pecado y sin el género.

¿Por qué la justicia no ha podido proceder contra Benedetti? El penalista Mauricio Pava, defensor de Benedetti en casos como el de Fonade, explicó recientemente a Las2Orillas que su cliente siempre ha estado dispuesto a dar la cara, pero que la magistrada Lombana se ha encargado de viciar los procedimientos por una abierta animadversión en su contra.

Por esa razón, el 28 de abril de 2022 la Sala Especial de Instrucción de la Corte resolvió a su favor una recusación contra la magistrada Lombana quien, según Benedetti, obraba con parcialidad contra él y desconocía los términos procesales para tomar decisiones de fondo. El pasado 23 de febrero de 2023, la misma sala le quitó también a Lombana el expediente por el caso Fonade al declararse en desacuerdo con que fuera ella quien oyera en indagatoria al embajador de Colombia en Venezuela.

En medio de los palos de ciego dados en el alto tribunal, Benedetti sacó adelante una acción de tutela en la que pedía protección a su derecho de acceder a la administración de justicia.

Ahora la Justicia lo vuelve a requerir, pero esta vez por las afirmaciones que hizo en sus mensajes grabados y enviados al celular de Laura Sarabia, mientras ella se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Petro. En ellos el saliente embajador en Venezuela hablaba de 15.000 millones de origen espurio que habrían ingresado a la campaña presidencial. Aun no se sabe si comparecerá y si se mantendrá en su versión o si, como lo dijo antes de viajar a Turquía, actuó llevado por un trance de mal genio, decepción política y alicoramiento.

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