Las 34 universidades públicas del SUE buscan fórmulas para dar respuesta en los términos del decreto 0391 de 2025. En algunas ya se acusan retrasos, en otras la no participación formal de sus legítimos beneficiarios (en parte por carecer de representaciones gremiales o jurídicas propias), otros han manifestado sentirse excluidos del proceso o ser llamados solo para recibir pasivamente socializaciones sin deliberación. El decreto obliga a las universidades públicas a diseñar de manera conjunta entre la institución y el profesorado (en especial el de contratación temporal), planes progresivos que transformen los vínculos de relaciones laborales precarias y completen los faltantes.
Las universidades tendrán que pasar de diagnósticos a resultados en un horizonte de máximo 2 a 3 años efectivos, con una gradualidad no indefinida sino cerrada en metas concretas (40% y 80%), lo que introduce un criterio de exigibilidad política y administrativa. El decreto redefine el tiempo institucional al romper con la lógica de reformas lentas y plantea una formalización en ciclo corto, lo cual explica tanto su carácter transformador como las tensiones financieras y operativas que genera.
Desde una perspectiva estructural, la formalización significa corregir una anomalía histórica. Empezar a subsanar una deuda histórica con las dos terceras partes de los docentes universitarios que constituyen hoy la fuerza laboral, de más de 70.000 docentes en todo el país. La universidad pública con la Ley 30 ha operado como un sistema sostenido por trabajo flexible, fragmentado y, en muchos casos, sin garantías plenas, poniendo en cuestión su misión de producción de conocimiento y de formación crítica. El decreto promueve un cambio de fondo al abrir la posibilidad de corregir la contradicción resumida en que la universidad pública que produce conocimiento crítico sea sostenida sobre relaciones laborales precarias.
La Ley 30 estructuró un modelo en el que los recursos crecieron por debajo del aumento de la matrícula, generando una presión creciente sobre las universidades, que llevó a contratar docentes para suplir déficit que parecían temporales. Se pasó de 160.000 a 700.000 estudiantes de pregrado atendidos con la misma planta docente de 1993. De una cobertura relativamente elitista se avanzó a una masiva y más compleja, pero tensionada por déficits financieros, expansión burocrática y una paulatina precarización del derecho al trabajo docente en condiciones decentes.
Es claro legalmente que ningún docente puede ingresar a la planta sin que medie concurso público, pero esta no es la clave de la formalización. Formalizar requiere reconfigurar la estructura laboral del sistema, no se reduce a cambiar los términos de los contratos ni a agregar más indicadores. Se requiere fortalecer la carrera profesoral, garantizar condiciones para la investigación y extensión, reducir la sobrecarga laboral y ampliar las garantías siguiendo el decreto 1279. La formalización exige una redefinición de fondo del modelo universitario, seguramente como resultado de procesos de constituyente universitaria, como la que está en curso en la Universidad Nacional.
El proceso de formalización docente convoca a una intervención estructural que elimine la precarización laboral masiva del profesorado. La precarización no fue un accidente sino una estrategia de sostenibilidad fiscal que ahora podrá ser corregida superando retos complejos, como realizar diagnósticos precisos de la planta real y lograr una reingeniería financiera con aumento sustancial de los recursos estatales. Esto es vital para evitar que la formalización tensione aún más los presupuestos universitarios o impacte con desequilibrios internos.
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