German Ávila, el actual ministro de Hacienda del gobierno Petro, es un veterano dirigente social de los movimientos viviendistas colombianos, salido de las entrañas del M-19. Ávila inició su militancia en el M-19 en los años 70 del siglo XX, motivado por su convicción de luchar por una auténtica democracia y la reducción de las profundas desigualdades sociales en Colombia. Durante este período, estableció una estrecha amistad con Gustavo Petro, con quien integró el primer comando del M-19 en Zipaquirá. Su participación fue significativa en la consolidación de la organización en sus primeras etapas.
Tras la desmovilización del M-19 en 1990, Ávila Plazas se enfocó en actividades políticas y sociales dentro de la legalidad democrática gestada con la Constitución de 1991, contribuyendo al desarrollo de proyectos de vivienda popular y a la reconstrucción del Eje Cafetero con ocasión del terremoto de 1999. Pues tuvo a su cargo la recuperación del municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío. También ha sido un motor del sector financiero solidario en Colombia, como la principal cabeza de la Federación Nacional de Vivienda Popular/Fenavip.
Desde marzo del 2025 es ministro de Hacienda del gobierno del Pacto Histórico, luego que Ricardo Bonilla dejara el cargo y después de la no muy buena gestión de José Antonio Ocampo, un liberal socialdemócrata que oficia como el cerebro de los banqueros y los operadores financieros internacionales. Para el presidente Petro, Ocampo fue una verdadera frustración por la manera como favoreció, a sus espaldas y con mentiras, a los acreedores de la deuda pública nacional.
Ávila es una pieza extraña en el engranaje neoliberal de la hacienda pública colombiana. Es un funcionario anti neoliberal. El primer ministro de Hacienda de la izquierda colombiana que ha dado pasos en la dirección correcta para desmontar la hegemonía de las teorías neoclásicas en la hacienda del Estado.
Ese es el sentido de medidas tan importantes como la recomposición del presupuesto público desde el 2025, dando prelación al gasto social en educación, salud, renta ciudadana, reforma agraria, transición energética y al mejoramiento de las condiciones de vida de los soldados y policias rasos. Igualmente en el manejo de la deuda pública, la reformulación de la “regla fiscal”, verdadera herramienta neoliberal, el traslado de los ahorros pensionales de los fondos privados a Colpensiones, y las emergencias económicas y ecológicas para atender las catástrofes climáticas en más de 10 departamentos del país.
Su gestión a la izquierda ha desatado por estos días una disputa con la Junta Directiva del Banco de la Republica, integrada en su mayoría por agentes neoliberales de los poderosos conglomerados bancarios y financieros. Ávila en un acto de independencia sin precedentes se retiró de la reunión de esta Junta Directiva que aprobó un alza significativa en las tasas de interés, lo que hizo que el presidente Petro la acusara de priorizar las ganancias de los dueños de la deuda pública por encima de los intereses de la ciudadanía.
Para Petro, esta estrategia termina trasladando al presupuesto nacional los beneficios de los banqueros, mientras sectores como los exportadores y consumidores sufren las consecuencias. La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros que ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional. Es una posición política de oposición al gobierno nacional y a sus reformas sociales, señala Petro de manera airada.
Lo cierto es que la inflación actual no responde a la cantidad de dinero en circulación, sino al alza en los precios de los alimentos. El aumento de la tasa de interés revaloriza el peso, encarece la deuda y genera un efecto adverso en los costos financieros que podría derivar en un colapso fiscal inmediato.
Como reflejo de estas disputas del gobierno del Pacto Histórico con el bloque neoliberal de la Junta directiva del Banco de la Republica, Ávila anunció su decisión de retirarse de la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República y señaló que establecerá una “distancia significativa” frente al Emisor hasta que, a su juicio, exista una mayor coherencia entre la política monetaria y la situación económica y social del país.
El Gobierno afirma que no continuará respaldando decisiones que, en su opinión, responden a los intereses de un grupo reducido de inversionistas y no al conjunto de la sociedad colombiana. Reiteró su compromiso con una política económica orientada a la redistribución, al fortalecimiento de los sectores productivos y al sostenimiento del crecimiento económico. La reorientación que Ávila le está dando a la gestión fiscal del gobierno en los términos de una economía política democrática debe ser respaldada por el movimiento social y por el Pacto Histórico con su bancada parlamentaria.
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