Hay un nombre que no aparece en los afiches de campaña, que no da ruedas de prensa y que evita los reflectores con la misma disciplina con que otros los buscan. Pero dentro del Palacio Distrital de Barranquilla, ese nombre lo saben todos, lo respetan casi todos y lo temen más de unos cuantos: Ana María Aljure, la gerente de Ciudad.
No es alcaldesa, el cargo no lo dice, pero el poder, sí. Quienes trabajan en la administración local la llaman "la alcaldesa" —y no como chiste—; lo dicen como quien describe una realidad que ya dejó de sorprender a todos. Aljure concentra hoy un nivel de influencia sobre las decisiones del gobierno Char que desborda con creces las funciones formales de su cargo: maneja hilos, define nombramientos y establece lealtades. Según múltiples fuentes que pidieron reserva, tiene un proyecto propio: quiere ser alcaldesa de Barranquilla y está usando cada día en el cargo para construir ese camino.
Dentro de la administración, el mecanismo es conocido y no se disimula. Los funcionarios que le garantizan alineación política y resultados electorales tienen futuro; los que cuestionan o priorizan otra lealtad, empiezan a sobrar. El método es refinado: se les carga la mano con responsabilidades ajenas, se amplifican sus errores y se les aísla hasta que renuncian. Lo que viene después es peor: el veto silencioso dentro del ecosistema de la Casa Char, una marca que cierra puertas a contratos y candidaturas en todo el Caribe.
El ejemplo más reciente es el de Juancho Jaramillo, figura de confianza histórica de Alejandro Char y arquitecto de lo que el Carnaval es hoy. Renunció el sábado de Carnaval tras semanas de presión y hostigamiento sistemático. Según fuentes internas, el punto de quiebre fueron llamadas agresivas de Aljure y del funcionario Nelson Patrón en la madrugada de ese sábado, exigiéndole presencia en el PMU y atribuyéndole fallas operativas ajenas. No era un problema de gestión, era una señal: o se alinea, o se va.
Lo delicado es el uso de recursos públicos y lealtades institucionales para gestionar una candidatura desde el cargo actual. En esta lógica, el veto no es solo una represalia laboral, sino la eliminación de un obstáculo político. Mientras tanto, surge la pregunta: ¿qué sabe Alejandro Char?. Las versiones oscilan entre un aval por funcionalidad política o un aislamiento del alcalde, cuyo equipo estaría mediado por la influencia de Aljure.
Lo verificable es el silencio institucional. Nadie ha explicado la salida de Jaramillo y ese vacío ha sido llenado por el rumor político que viaja rápido. Esto no terminó con una renuncia; hay más funcionarios evaluando su permanencia ante un gobierno donde el poder real y el formal no coinciden, y donde quien se atreve a preguntar en voz alta sabe que el precio es alto.
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