He elevado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación (Radicado 2026021700338) exigiendo que se levanten los velos corporativos que permitan establecer: quiénes se lucran con el infortunio de los conductores bogotanos. No podemos permitir que el negocio de Grúas y Parqueaderos Bogotá (GyP) siga siendo una caja negra. La justicia debe poner la lupa en tres ejes fundamentales que hoy huelen a podrido:
1. EL ÁRBOL DEL RECAUDO
Es imperativo que la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad entreguen el listado completo de los propietarios de las grúas. ¿Quiénes son los dueños de esta maquinaria de inmovilización? Exigimos nombres, marcas, placas (en caso de ser los mismos policías de tránsito y sus familias según se rumora) y, sobre todo, una auditoría rigurosa para establecer si entre estos propietarios figuran miembros activos o retirados de la Policía Nacional. La sospecha de que la autoridad que ordena la inmovilización es la misma que percibe el rédito del abuso, es una afrenta al Estado de Derecho.
2. LA METAS DE LA INJUSTICIA
Existe una cuota de "recogida" de vehículos para que el contrato de GyP sea rentable. Hemos solicitado la estructura de costos y el valor pagado por cada servicio. Es sospechoso que, ante emergencias vitales —como pacientes infartados en centros hospitalarios—, el criterio de la autoridad sea nulo y la prioridad sea llevarse el vehículo no solo del paciente sino del médico a los Patios de Álamos. Pero cuando llamamos al 123 varados, accidentados o para pedir que se audite un procedimiento abusivo de policía de tránsito, nadie llega. Necesitamos saber cuáles son esas metas mensuales de inmovilización estipuladas por contrato, lo que ha convertido la seguridad vial de una Bogotá -donde el producto de esas multas no se ve en la terrible malla vial, seguridad vial, estacionamientos distritales, atención imparcial-, en una cacería de rentas.
3. EL PATIO ÁLAMOS Y EL VÍNCULO CON EL PODER
La titularidad del predio del Patio Álamos no puede seguir en la sombra de Bogotá. La investigación debe ir más allá de los uniformes.
Es hora de preguntar: ¿Aportaron estas empresas o sus socios dinero a las campañas de los gobernantes de turno? Tanto la administración del alcalde Galán como el gobierno del presidente Petro parecen hacerse los de la vista gorda. Fiscalía y Procuraduría no han querido investigar hasta ahora. Es inadmisible que administraciones que prometieron cambio y transparencia mantengan intacto un esquema donde Movilidad del Distrito no permite impugnar comparendos porque son "juez y parte"; primera y segunda instancia. ¿Cuáles son las cifras que evidencian imparcialidad mes a mes durante los últimos diez años? ¿Ha habido casos exitosos de impugnación donde ellos son juez y parte? ¿Serán donde multaron por error a la tía del dueño de la grúa? Esto es una violación de frente al derecho a la legítima defensa. Un tribunal constitucional debe hacerse cargo de esto. Pero fiscalía y procuraduría deben actuar ya. Los gobiernos distrital y nacional en esta temporada de elecciones es cuando más puede y debe desmarcarse.
¿Por qué tenemos además que soportar que se lleven los carros al parque Álamos? ¿Qué se consigue con eso? Que muchas veces los ciudadanos tengan que cambiar de carro o de moto porque cada día que pasa son 700.000 pesos y no todos los tienen para sacar su vehículo el mismo día. Luego esos vehículos se deben chatarrizar. ¿Por qué no permitirle a los colombianos como en otros países que su carro se guarde en su propia casa? Si sales te multan, pero no alimentas esa mafia azul. Es inaudito que este abuso de autoridad con uniforme, financie campañas políticas a través de su “empresa” de pillaje, con el dinero que cuando no es producto del soborno viene de su complicidad con las grúas; y jamás aparezcan para ayudar a un ciudadano que se accidenta o que necesita desvarar su carro; tampoco mejoran la movilidad. En el IKEA del centro hay invasión al espacio público por parte de floristas generando un grave riesgo para los conductores pero esto no es objeto de su interés; su interés es más elemental y espurio: el dinero. No sirven para nada más que para ser ávidos atracadores con placa y pito. La segunda instancia está compuesta por sus propios abogados para impugnar un parte (¡los mismos abogados que en la primera!). Son los azulejos como ratas citadinas los verdaderos therian. ¡Cuidado! Si lo paran unos tipos de azul en Bogotá es porque lo van a atracar.
Un Clamor por la Dignidad.
Ruego a mis lectores no guardar silencio. En una pasada columna denuncié que el concurso para carrera diplomática organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, tienen presuntos visos de corrupción: “Son tan corruptos como los exámenes que los eligieron: el 50 % del examen de la carrera diplomática es un ensayo de valoración subjetiva y el otro 50 % son preguntas fáciles. Luego sigue otra entrevista de calificación ADE…A dedo.” (ver fuente: https://www.las2orillas.co/coprolalia-electoral-y-el-banquete-politiquero/).
En este momento el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena, admitió acción de tutela instaurada por el ciudadano Jorge Eliecer Ríos Martínez, bajo el número de Radicación 13001310700220260002800 exigiéndose al Ministerio de Relaciones Exteriores – Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, y a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP que dentro del término de un (1) día, contado a partir de la notificación de ese auto, notifique a los aspirantes del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2027, sin perjuicio que publiquen el presente auto admisorio de tutela, con el fin de garantizar la publicidad del trámite y permitir la intervención de los demás aspirantes que pudieran resultar afectados con la decisión. E-mail para testificar:
Celebro que el edificio que representa la modernidad en la Plaza de Bolívae sea el de la justicia. La prensa independiente es la única fiscalía de momento.
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