En Antioquia hay 125 municipios. En sus aulas, cerca de 40 mil docentes. Y en estos días, una pregunta gira como ruleta: ¿qué tan garantizado está el derecho a la salud de quienes garantizan el derecho a la educación?
Durante los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026, maestros de distintos municipios participaron en un paro de 72 horas, motivado, según lo expresado públicamente por voceros y participantes, por reiteradas dificultades en la prestación del servicio de salud: demoras en autorizaciones, falta de medicamentos, incertidumbre sobre prestadores y fallas en plataformas tecnológicas destinadas a gestionar trámites.
En municipios como La Ceja, la movilización tomó la forma de una marcha del silencio. Globos blancos acompañaron el recorrido como símbolo de los docentes enfermos que esperan atención oportuna y en memoria de quienes, según manifestaban los asistentes, fallecieron mientras enfrentaban procesos médicos prolongados.
Medellín, Rionegro y otros municipios también se sumaron a la jornada bajo una consigna central: la defensa de una salud digna y atención oportuna para los docentes y sus familias. Además, desde Antioquia se desplazaron cuatro buses hacia Bogotá, con el propósito de acompañar acciones y gestiones ante instancias nacionales relacionadas con el sistema de salud del magisterio, ampliando así la dimensión del debate más allá del ámbito departamental.
El debate que emerge no es menor. Cuando un maestro enferma y enfrenta obstáculos en su atención médica, no se trata únicamente de una cita aplazada. Se trata de la estabilidad emocional de un aula, del ritmo académico y de la continuidad pedagógica. La salud del docente no es un privilegio laboral: es una condición estructural para la calidad educativa.
En medio del paro, algunos docentes reportaron haber recibido una circular de la Secretaría de Educación de Antioquia, indicando que la suspensión de actividades podría generar descuentos salariales. Sin embargo, la autenticidad de dicha comunicación ha sido cuestionada por coordinadores locales, quienes señalaron que la circular se veía dudosa. Aunque el documento no ha sido confirmado oficialmente, la situación revive la memoria histórica del magisterio: en 2001, cientos de grupos regionales de docentes sufrieron descuentos salariales tras movilizaciones, muchos de los cuales no fueron reintegrados.
Aquí surge una tensión legítima en cualquier Estado de derecho: ¿cómo armonizar el derecho a la educación con el derecho a la salud y a la protesta? Pero la reflexión no puede reducirse a una dicotomía. Si el propósito es garantizar educación de calidad, la mirada debe ser integral. La ausencia prolongada de personal de apoyo en algunas instituciones, retrasos en recursos o nombramientos tardíos de docentes también inciden en el derecho efectivo de los estudiantes.
La educación digna no depende únicamente de abrir la puerta del aula. Depende de condiciones estructurales estables. Hoy, cuando nuevamente se advierte sobre posibles descuentos, ese antecedente histórico reaparece inevitablemente. No se trata de desconocer la ley. Se trata de comprender que las decisiones administrativas no solo tienen efectos financieros, sino también consecuencias humanas e institucionales.
Si el problema estructural de la salud docente persiste sin soluciones claras y sostenibles, repetir medidas punitivas puede atender la forma del conflicto, pero no su causa. Porque cuando un sistema responde con sanciones sin resolver el origen de la inconformidad, el conflicto no desaparece: se profundiza. Y los conflictos que se profundizan terminan debilitando aquello que todos dicen querer proteger: la confianza pública y la calidad de la educación.
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