¿Se puede hablar de fracaso en Barranquilla ignorando los datos? Un análisis sobre la inversión y la baja en homicidios que defienden la gestión de Char

En el debate público es legítimo cuestionar a los gobernantes. Lo que no es legítimo es construir relatos políticos desconectados de los hechos verificables. El reciente artículo que afirma que la seguridad “le quedó grande” al alcalde Alejandro Char cae precisamente en ese error: sustituye evidencia por percepción.

Las cifras oficiales de criminalidad muestran una realidad distinta a la que se intenta posicionar. En 2025, Barranquilla registró una reducción del 13 % en homicidios frente al año anterior. La extorsión también disminuyó, el hurto a comercio cayó de manera significativa y los delitos sexuales registraron una tendencia a la baja. No se trata de opiniones: son datos concretos que reflejan un comportamiento real de los indicadores.

Quienes intentan instalar la narrativa del fracaso omiten un elemento clave: la gran mayoría de los homicidios está vinculada a disputas entre estructuras criminales, un fenómeno que no depende exclusivamente de una alcaldía, sino de dinámicas nacionales del narcotráfico y crimen organizado. Pero el contraste más evidente con el discurso crítico está en la inversión pública. En los últimos años se han destinado recursos históricos para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, incluyendo equipamiento policial, tecnología de inteligencia criminal, cámaras con analítica avanzada y ampliación de infraestructura como nuevos CAI y estaciones.

No se trata únicamente de represión. La estrategia también ha incluido programas sociales, recuperación de espacios públicos e intervenciones preventivas orientadas a reducir las causas estructurales del delito. ¿Significa esto que Barranquilla no tiene problemas de microtráfico, consumo o inseguridad? Por supuesto que no. Ninguna gran ciudad latinoamericana los ha resuelto.

Pero convertir retos persistentes en prueba de “inacción” es una simplificación política que ignora tendencias estadísticas y el esfuerzo institucional. El verdadero riesgo para el debate público no es la crítica —que siempre es necesaria— sino la desinformación. Cuando el discurso político decide ignorar los datos, deja de ser análisis y se convierte simplemente en propaganda.

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