En tiempos de polarización, desconfianza institucional y fatiga ciudadana, conviene recordar que la democracia no es un acto episódico sino un proceso continuo. No se agota en la jornada electoral de la primera vuelta presidencial. Se construye mucho antes, cuando los proyectos políticos deciden someterse a reglas claras y abrir sus liderazgos al veredicto ciudadano. Por eso, las consultas y de manera particular la gran consulta no es un trámite previo: puede convertirse en el momento en que empiece a inclinarse la balanza de 2026.
Las democracias sólidas no temen a la competencia interna; la organizan. Entienden que los liderazgos que emergen de acuerdos cerrados nacen frágiles, mientras que aquellos que se someten a la deliberación pública adquieren una legitimidad distinta, más profunda y más resistente. Cuando una coalición decide acudir a la consulta, está reconociendo que la soberanía reside en el ciudadano y no en las cúpulas partidistas. Ese gesto, por sí mismo, fortalece la institucionalidad.
La tradición liberal que inspiró a Luis Carlos Galán concebía la política como una competencia ética y abierta. No bastaba con ganar elecciones, era necesario renovar los partidos desde adentro, permitir que nuevas voces compitieran y someter los liderazgos al escrutinio público. La legitimidad no se heredaba ni se designaba: se construía frente a la sociedad. Esa idea, que en su momento fue disruptiva, hoy resulta imprescindible para recuperar la confianza ciudadana.
Desde la filosofía clásica, el “justo medio” de Aristóteles no significa tibieza, sino virtud. En términos democráticos, implica equilibrio entre autoridad y participación, entre gobernabilidad y pluralismo. Las consultas encarnan ese punto de equilibrio: permiten que distintas corrientes compitan sin romper la unidad, que las tensiones se expresen sin transformarse en fracturas irreparables. No uniforman, armonizan. No suprimen diferencias, las tramitan dentro de reglas compartidas.
En el contexto colombiano, la gran consulta de la centro derecha representa una oportunidad estratégica. No se trata únicamente de escoger un candidato. Se trata de contrastar visiones sobre seguridad, desarrollo regional, sostenibilidad fiscal, crecimiento económico y cohesión social. Cuando esas diferencias se ventilan en un escenario institucional, el resultado no es división sino autoridad política. Quien resulte elegido no será producto de una negociación reservada, sino de una competencia abierta ante los ciudadanos.
Además, las consultas cumplen una función pedagógica. Obligan a los aspirantes a presentar propuestas claras, a debatir con argumentos y a construir mayorías razonadas. En un país donde el debate público con frecuencia degenera en descalificación, estos ejercicios pueden convertirse en una escuela de cultura cívica y política. La democracia comienza en la manera como los proyectos se estructuran y se someten al juicio popular, no únicamente en la contienda final.
Por supuesto, ninguna consulta está exenta de tensiones. Habrá estrategias cruzadas y debates intensos. Pero precisamente ahí radica su valor: la democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan dentro de las reglas, no cuando se reprimen o se eluden. La alternativa —la imposición vertical o el cálculo cerrado— erosiona la credibilidad y alimenta el escepticismo.
Las democracias maduras no temen pesar sus diferencias antes de elegir su destino. La consulta es, en esencia, una balanza anticipada: allí se depositan las ideas, los liderazgos y la confianza ciudadana. Lo que ocurra en ese escenario no será anecdótico. Será el primer movimiento que, en 2026, terminará por inclinar la decisión nacional.
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