El departamento de Córdoba, configurado en 1951 bajo la influencia de figuras conservadoras asociadas al régimen de Laureano Gómez, arrastra una historia marcada por la violencia de gamonales y terratenientes. Esta región del noroccidente colombiano fue, lamentablemente, la matriz de las autodefensas y un enclave donde los ejércitos privados subyugaron por décadas al campesinado.
Hoy, en Córdoba y su capital, Montería, viven dos millones de personas en condiciones de pobreza y una aberrante concentración de la riqueza ganadera y de la tierra. Su casta política ha sido señalada frecuentemente por vínculos con poderosas roscas en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Allí tienen intereses desde el expresidente Álvaro Uribe hasta el clan Char. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, oriundo de Ciénaga de Oro, surge como una expresión del movimiento popular y la resistencia social de la región.
Sin embargo, más allá de la política, Córdoba enfrenta desde el 6 de febrero de 2026 una gigantesca tragedia invernal. Un frente frío ha provocado inundaciones que afectan a casi 80 mil familias (350 mil personas), quienes lo han perdido todo. El desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete ha alterado el ecosistema del “hombre anfibio”, aquel que el sociólogo Orlando Fals Borda inmortalizó, para resaltar la grandeza de la civilización precolombina Zenu reconocida por su avanzada ingeniería hidráulica ancestral (de canales y ciénagas), la orfebrería y la tejeduría de caña flecha, que bien se puede recuperar en el Museo del Banco de la republica en Cartagena. Hoy los Zenu son como 310 mil personas, representando el 20% de la población indígena nacional con un creciente protagonismo político por sus luchas contra los terratenientes y ganaderos.
Esa población indígena y campesina es tal vez la más afectada por la tragedia climática en desarrollo que se ensaño entre la población ribereña del Sinú, San Jorge y Canalete, también alterado en su régimen hídrico por la presión de la apertura de las compuertas de la represa de Urra, cuya administración, según denuncias, ha estado influenciada por clanes latifundistas. Ante esto, el presidente Petro solicitó la renuncia de su gerente, señalando manejos oscuros. No obstante, la respuesta estatal se encuentra debilitada por los recientes escándalos de corrupción en la UNGRD (caso Olmedo López), que socavaron la capacidad de intervención del Fondo de Adaptación.
Para enfrentar este "descomunal diluvio", el Gobierno ha dictado un decreto de Emergencia Económica. El objetivo es recaudar 8 billones de pesos para atender la calamidad, un esfuerzo fiscal que depende ahora del aval de la Corte Constitucional. Para evitar que estos recursos se pierdan en la "maraña burocrática" —como ha ocurrido con la recuperación de La Mojana—, la participación comunitaria es vital.
En municipios como Moñitos, ya se han registrado veedurías ciudadanas para demandar que los recursos lleguen directamente a los afectados y no sean capturados por "contrataderos" señalados como ASISCO o AREMCA, tildados de ser fachadas para mafias contractuales. En esta coyuntura, la transparencia y el control social son la única garantía para que las 350 mil personas acorraladas por el agua no terminen también víctimas de la indolencia y el robo.
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