La salud mental en Colombia no se anuncia con sirenas o con la efusividad que aveces se ve por ahí, cuando se tiene la última quimio o cuando se vence el cancer.
La salud mental llega como la humedad: un día aparece sin aviso, hinchando las partes bajas de las paredes de la rutina. Se instala en el guardaescobas del cansancio, del estrés o del hambre. A veces la excusamos en “cambios hormonales” cuando le pasa a una mujer; otras, la disfrazamos de “amargura” cuando le pasa a un hombre. Y así, como si fuera un detalle doméstico, dejamos que avance.
Cuando llega, no entra por la puerta principal: se filtra en el día a día, en la escuela, en la calle, por la casa, en todos los estratos. Por eso todavía la tratamos como “tema blando” o, peor, como tema vergonzante: porque no siempre deja una foto, porque su daño es lento, porque no tiene un villano único. Pero una república que normaliza el sufrimiento psíquico termina pagando con violencia, con enfermedad física y con una democracia fatigada.
Quisiera que puedietamos esto en números para que reaccionemos y viéramos que esto es pandemia real, y no es solo la que se mide en camas, estadísticas mediáticas o en contagios, también existe la pandemia silenciosa, la que desordena la vida por dentro y familias enteras.
Está en el estudiante que “se volvió perezoso” y un día desaparece del sistema. Está en el niño “indisciplinado” al que nadie evaluó a tiempo y que quizá carga ansiedad, duelo, trauma o dificultades de aprendizaje. Está en el conductor iracundo que convierte el volante en tribunal de inquisicision y cualquier cruce en humillación. Está en el usuario que, en redes, cree que solo existe si hiere: insulta, humilla, persigue.
También está en lo que no hace ruido: el abuelo que “no molesta”, pero se apaga por dentro, sin conversación, sin proyecto, sin red. Está en la mujer a la que llaman “muy sensible” cuando en realidad está sobrecargada, sola, cansada, y su cuerpo termina cobrando la factura. Porque, al final, la mente pide ayuda y el cuerpo pone la cara. Lo que era “me dieron nervios” se vuelve gastritis; la angustia se vuelve migraña; el miedo se vuelve insomnio; la tristeza se vuelve dolor persistente. El país interpreta eso como rareza individual, cuando es un patrón social.
En ese punto aparece el derecho. La salud mental no es un lujo terapéutico ni un asunto de “carácter”. Es parte del derecho fundamental a la salud y de la dignidad humana. Un Estado social de derecho no puede limitarse a silenciar síntomas; debe prevenir, detectar temprano, garantizar rutas claras y asegurar continuidad. Si un colegio no sabe qué hacer ante una crisis, si una empresa no tiene protocolos, si el primer contacto del ciudadano es un trámite y no una respuesta, lo que falla es el deber de garantía constitucional.
El estigma, además, funciona como una política pública informal. Cada vez que se ridiculiza al que consulta, cada vez que se confunde depresión con flojera, cada vez que se premia el “aguante” como virtud, se levantan muros falsos.
Pero el muro decisivo es material: la atención oportuna sigue siendo desigual, fragmentada y tardía. Y en salud mental el tiempo no es un detalle administrativo: es pronóstico. Lo que se atiende tarde cuesta más, duele más y deja más secuelas. Lo que se atiende a tiempo evita crisis, protege familias y salva proyectos de vida.
Colombia necesita una política de salud mental de escala, no de frases
Como abogado debo hablar con responsabilidad: separar el diagnóstico de la imputación, y la indignación del dato. Colombia necesita una política de salud mental de escala, no de frases. Primeros auxilios psicológicos en colegios, universidades y trabajos, formación para detectar señales tempranas, rutas de remisión, seguimiento y capacidad instalada real.
Pero digamos nos la verdad del daño sistémico: La imputación institucional empieza donde duele, los recursos públicos y los deberes constitucionales. Las EPS administran dinero que no es un botín ni una propiedad privada es dinero para garantizar derechos y vidas.
Hay opacidad, desvíos, intermediaciones indebidas o incentivos para negar y dilatar, el daño es directo para los que ríen derecho a pedir ayuda, citas que no llegan, terapias que se aplazan, medicamentos que se interrumpen, familias que se quiebran. En salud mental, la demora no solo frustra: puede agravar la crisis y convertir una urgencia prevenible en tragedia.
Pero de esto no podemos relevar al verdadero responsable del incremento de esta pandemia silenciosa, el Congreso. La Constitución no les entregó curules para administrar ausencias ni para convertir el procedimiento en arma politiquera o moneda de cambio, eso es algo de cobardes e infames.
La constitución les entregó la competencia de legislar y el deber de hacer efectivos los derechos para que, por ejemplo, esta pandemia silenciosa no devore por dentro a las familias.
Cuando las reformas se hunden por cálculo, cuando se deja morir el debate por falta de quórum, cuando se bloquea por consigna lo que exige corrección estructural, no estamos ante una “jugada” de oposición: estamos ante una omisión que golpea un derecho fundamental. Oposición es deliberar con argumentos, no enfermar al pueblo con curules vacías.
Por eso, sin fanatismos y sin miedo, el país debe exigir dos cosas en simultáneo. Primero, que representantes y senadores asuman su responsabilidad constitucional: deliberar, controlar y decidir, no evaporarse cuando la salud mental exige prioridad pública.
Segundo, que la administración del dinero de la salud sea objeto de auditoría seria e investigaciones sin temblor, con independencia y debido proceso, pero con resultados verificables. Si la salud mental es pandemia silenciosa, la impunidad administrativa y política es su mejor aliada.
La salud mental no espera quórum. Y la República no puede seguir llamando “tema blando” a lo que ya es, en sentido estricto, una emergencia constitucional.
Del mismo autor: El presidente que encendió un fósforo
@HombreJurista
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