Al margen del ya sospechoso problema de embriaguez política —y no solo etílica— del presidente mesías, lo ocurrido en los últimos días en diversas entidades del orden nacional no deja de sorprender. A escasos días del inicio de la Ley de Garantías, ministerios, agencias del Estado y dependencias llamadas a ser ejemplo de mérito, legalidad y austeridad fiscal recurrieron sin pudor a viejas prácticas clientelistas que durante años dijeron combatir.
De manera acelerada y exponencial, estas entidades inflaron sus nóminas mediante contratos de prestación de servicios; en otros casos, retiraron funcionarios provisionales para reemplazarlos por otros, sin consideración alguna por sus condiciones laborales; y, en otros más, despidieron a trabajadores de categorías bajas vinculados bajo la figura de libre nombramiento y remoción, como ocurrió en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
En el Ministerio del Trabajo se acudió masivamente a la figura de plantas temporales para vincular a miles de personas, con la alta probabilidad de que no se respete la obligación legal de agotar las listas de elegibles, sino que tales cargos terminen siendo repartidos como cuotas políticas destinadas a alimentar las campañas al Congreso de los partidos petristas y sus aliados. Resulta aún más grave —y paradójico— que el propio Departamento Administrativo de la Función Pública, llamado a defender la meritocracia constitucional, también haya recurrido a estas prácticas.
Así, una vez más, las burocracias del Estado son capturadas por la clase política gobernante para servir a sus intereses, dando continuidad al clientelismo que muchos ciudadanos, quizá con ingenuidad, creímos que desaparecería con la llegada del primer gobierno autodenominado de izquierda. Lejos de ello, este flagelo sigue siendo el común denominador de la gobernabilidad y uno de los mecanismos más eficaces de compra de votos.
Prácticas que la clase política —de todos los colores— presenta como naturales y que amplios sectores de la sociedad terminan aceptando, ya sea por necesidad y supervivencia, o por una ética cada vez más laxa frente a lo público.
En este contexto, he radicado una petición con pretensiones de acción popular dirigida al presidente de la República, para que explique por qué, como jefe de Estado, promueve estas prácticas, vulnera la Constitución y desconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular el principio de igualdad de oportunidades.
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