Colombia enfrenta una nueva realidad marcada por la violencia derivada de su lucha frontal contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de los grupos armados. Sin embargo, el país debe anticiparse y adoptar medidas preventivas frente a otro fenómeno que amenaza con desestabilizar las regiones: la minería ilegal. Este sector se perfila como el nuevo motor de los enfrentamientos, especialmente en torno al oro, cuyo precio ha alcanzado cifras históricas, cotizándose recientemente en 5.111,07 dólares por onza.
El alza del mineral responde a múltiples factores, entre ellos las tensiones geopolíticas generadas por decisiones del presidente estadounidense Donald Trump y los conflictos armados en diversas partes del mundo. La incertidumbre global ha debilitado las monedas y convertido al oro en refugio seguro para los capitales. Mientras tanto, en Colombia, las políticas de interdicción impulsadas por el presidente Gustavo Petro contra el narcotráfico, sumadas a los bombardeos de embarcaciones presuntamente cargadas con alcaloides en el Caribe y el Pacífico por parte de fuerzas militares estadounidenses, han provocado una crisis en los enclaves cocaleros: los compradores de cocaína escasean y los grupos armados se ven obligados a buscar nuevas fuentes de financiación.
Ante el debilitamiento del narcotráfico, estas organizaciones recurrirán a actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y, de manera creciente, la minería ilegal. El oro, por su valor récord, se convierte en el recurso más atractivo. Regiones como el sur de Bolívar, Antioquia, Chocó y el Bajo Cauca —donde operan estructuras ilegales de manera permanente— corren el riesgo de sumirse en una espiral de violencia si el Estado no actúa con prontitud. Lo que hoy parece un problema económico puede transformarse en una emergencia humanitaria.
En zonas como el Catatumbo, donde el narcotráfico y la extracción ilegal de combustibles han sido predominantes, la riqueza mineral aún no explotada podría convertirse en el próximo objetivo de los grupos armados. La imposibilidad de sacar la cocaína los empujará hacia los recursos mineros, intensificando los enfrentamientos con las fuerzas del orden y entre ellos mismos. A esto se suma el impacto ambiental sobre ecosistemas frágiles, que quedarán devastados por la nueva dinámica de violencia en torno a la extracción del oro.
Si no se toman medidas inmediatas, la violencia podría tener un repunte histórico. Las amenazas y asesinatos contra líderes ambientales y personas defensoras de derechos humanos, los desplazamientos forzados, la prostitución infantil y los homicidios por disputas territoriales podrían desencadenar una crisis de dimensiones nunca antes vistas ni atendidas por las instituciones. No se trata de un escenario apocalíptico, pero sí de una tragedia social y ambiental de gran magnitud.
Por ello, es urgente que las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la ONU – Derechos Humanos convoquen desde ya mesas de trabajo. Estas deben alertar y preparar respuestas frente al impacto que traerá la fiebre del oro en municipios del Catatumbo, sur de Bolívar, Antioquia, Chocó y otras regiones. La minería ilegal amenaza con desplazar al narcotráfico como principal fuente de financiación de los grupos armados, convirtiéndose en el nuevo eje de enfrentamientos y desestabilización en Colombia.
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