Bordeando la Navidad, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto de emergencia económica mientras el Congreso estaba en receso y la Corte Constitucional en vacancia judicial. Ocurrió rápido. Sin debate inmediato. Con impuestos activándose desde ya.
El Ejecutivo argumenta urgencias acumuladas. Salud, desastres naturales, seguridad electoral y falta de recursos. En el texto oficial se habla de “una amenaza grave e inminente al orden económico y social”. La cifra clave: $16,3 billones sin fuente definida.
Pero hay matices. Varios de esos problemas eran previsibles. Otros, estructurales. Para críticos, la emergencia evita el camino ordinario: discutir recortes o nuevas cargas en el Congreso. “La emergencia no es necesaria”, dijo el exmagistrado Alejandro Linares, al recordar que el presupuesto ya contempla escenarios de desfinanciación.
En paralelo, el Gobierno tomó $23 billones en deuda fuera del mercado, a tasas más altas que las recientes subastas. La operación, poco detallada públicamente, despertó alertas por transparencia. La Contraloría pidió explicaciones. El ministro defiende la urgencia de liquidez. Analistas advierten riesgos a futuro.
Mientras tanto, la Corte estudiará el decreto desde enero. Podría suspenderlo. Hasta entonces, los nuevos tributos corren. El debate no es solo legal. Es político y fiscal. ¿Emergencia real o atajo institucional? La respuesta aún está en construcción.
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