Por su ubicación estratégica, que lo conecta con el interior del país y con los principales puertos marítimos del Caribe colombiano, el departamento del Cesar enfrenta más una desventaja que un privilegio. Su geografía lo obliga a compartir límites con regiones de alta violencia como el Catatumbo, el sur de Bolívar y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorios donde operan las más peligrosas estructuras criminales del país.
El Cesar se ha convertido en un corredor del narcotráfico: sus vías sirven para transportar el alcaloide hacia los mercados del Caribe y, finalmente, al consumidor estadounidense. No es casualidad que este departamento esté tomado por grupos violentos. Desde los municipios del noreste, donde el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) o Clan del Golfo libra una guerra contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por el control de las economías ilícitas, hasta el centro y sur del territorio, donde paramilitares y guerrilleros del ELN luchan a sangre y fuego por imponer su dominio, el Cesar se encuentra atrapado en un espiral de violencia.
El reciente paro armado del ELN, entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025, confinó a gran parte de los colombianos y se sintió con fuerza en el Cesar. Hostigamientos a puestos de policía, instalación de explosivos, quema de vehículos y patrullajes de guerrilleros por las calles de varios municipios evidencian el fracaso de las autoridades en su intento por combatir estructuras criminales de gran poder.
Es doloroso reconocerlo: los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes para contener el avance de los grupos armados en la región. En el Cesar hacen presencia casi todas las organizaciones del crimen organizado del país, además de bandas locales. Desde los Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra Nevada, pasando por el ELN y, en menor medida, las disidencias de las FARC en límites con Norte de Santander. Quizás el único logro significativo de las autoridades fue el desmantelamiento del Frente 19 de las disidencias de las FARC, perteneciente al Bloque Magdalena Medio. Esta estructura, que operaba en la Serranía del Perijá, recibió un contundente golpe en diciembre de 2024 por parte del Ejército Nacional, que logró neutralizarla antes de que se consolidara en el departamento.
Hoy los cesarenses reclaman al gobierno nacional y departamental un mayor compromiso en la lucha contra el crimen organizado. La violencia se ha vuelto parte del paisaje: homicidios, extorsiones, secuestros y demás acciones criminales son prueba de que el departamento ha sido tomado por los diferentes grupos armados que actualmente hacen presencia en esta región del país.
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