La polémica por los desplazamientos aéreos de Juliana Guerrero, la joven funcionaria que saltó a la Casa de Nariño sin experiencia ni títulos, volvió a encender las alarmas en el Gobierno.
La Contraloría General confirmó un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tras verificar que Guerrero usó un avión y un helicóptero oficiales para actividades completamente ajenas a sus funciones.
El organismo comprobó que los trayectos (realizados el 19 y 20 de junio de 2025) no tenían ningún sustento misional. Las aeronaves, autorizadas bajo el Convenio 400-2025, cubrieron las rutas Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar, pero la “misión” no estaba relacionada con seguridad, orden público ni labores del Ministerio del Interior.
El propósito real era garantizar la presencia de Guerrero en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde actuaba como representante del presidente Gustavo Petro.
La Contraloría fue contundente: se trató de un uso indebido de recursos públicos, disfrazado bajo la figura de una supuesta “misión secreta”. El gasto total en combustible ascendió a $213.548.069,50, cifra que el organismo catalogó como una “mengua del patrimonio público” producto de una gestión fiscal “ineficaz, ineficiente y antieconómica”.
¿Qué dijo Armando Benedetti sobre los viajes de Juliana Guerrero?
La historia se complicó cuando la revista Cambio reveló que Juliana Guerrero no viajó sola. Su hermana Verónica y otros allegados, sin vínculo con el Ministerio ni razones de seguridad, también abordaron el avión PNC-0242 y el helicóptero Bell 212 PNC-0495. Según el medio, el objetivo era participar en movimientos internos para modificar los estatutos de la UPC y favorecer a aliados políticos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que autorizó el vuelo porque Guerrero le habló de un asunto “reservado” de seguridad nacional. “Juliana nunca me informó que era para una reunión en una universidad”, dijo, admitiendo que debía abrir una investigación interna.
La Contraloría concluyó que el Ministerio violó los términos del convenio al permitir que una funcionaria gestionara aeronaves de alta sensibilidad operativa para fines personales y universitarios. El caso fue remitido a la Procuraduría, que deberá determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.
Mientras tanto, los vuelos de Guerrero se convierten en otro capítulo incómodo para un Gobierno que ya enfrenta múltiples controversias internas.
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