La firma del contrato para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, del fabricante sueco SAAB, por 16,5 billones de pesos, ha desatado un nuevo escándalo que sacude al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Todo esto ocurre en medio de la tormenta generada por la muerte de siete niños en un bombardeo contra las disidencias de las FARC en las selvas del Guaviare.
La compra de las aeronaves reaviva el panorama político tras conocerse una denuncia contra Petro, interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En dicha solicitud se le acusa de haber incurrido en delitos como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, incumplimiento de requisitos legales, uso de información privilegiada, falsedad en documento público y fraude procesal.
A ello se suma la petición recibida por la Fiscalía Anticorrupción de Suecia para investigar un presunto soborno transnacional en la venta de los Gripen. También trascendió la solicitud del contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien pidió al ministro Sánchez copia del contrato firmado con la empresa asesora del proceso, así como los soportes de los diferentes oferentes, entre ellos los fabricantes de los F-16 estadounidenses y los Rafale franceses, con quienes también se adelantaron conversaciones.
Petro defiende la transparencia del contrato con el fabricante sueco, que no solo provee aviones, sino también una amplia gama de productos de defensa. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario justificó la compra señalando que se trata de aeronaves nuevas, con un paquete que incluye entrenamiento de pilotos, armamento, transferencia tecnológica, construcción de una planta solar y una fábrica desalinizadora en La Guajira.
El presidente también explicó por qué no optó por los F-16 estadounidenses: eran aviones usados, transferidos por un tercero. En ese punto, podría decirse que tiene razón. Sin embargo, las inversiones en defensa siempre generan debate. Primero, por los altos costos de equipos que quizá nunca se utilicen, aunque aplica el viejo refrán: “es mejor tenerlos y no usarlos, que necesitarlos y no tenerlos”. Segundo, porque en un país tan desigual como Colombia, donde más del 30% de la población vive en pobreza —es decir, más de 16 millones de personas—, resulta polémico invertir 16,5 billones de pesos en estos “juguetes bélicos”.
La noticia del contrato llegó en el peor momento para Petro y su ministro, quien apenas había salido airoso del debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara por el bombardeo contra un campamento de las disidencias al mando de Iván Mordisco, en el que murieron siete menores.
La negativa de Petro a adquirir máquinas obsoletas como los F-16 ofrecidos por Estados Unidos le ha valido un sinnúmero de críticas internas, además de los señalamientos de la administración Trump, que ha lanzado una serie de acusaciones infundadas hacia el mandatario colombiano. Ahora se espera que los órganos de investigación y control determinen si hubo o no transparencia en la compra, para intentar desescalar las críticas que, por el momento, mantienen al gobierno en el ojo del huracán.
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