“El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”
Ese es el procedimiento que establece la Constitución Nacional, en su artículo 104, para convocar una consulta popular. Cualquier otro mecanismo que se emplee viola la Constitución, que es la Ley de leyes.
Por eso, no se requiere ser un constitucionalista, ni siquiera un tinterillo, para entender claramente que si el presidente Petro insiste en expedir un decreto para convocar la consulta, estará haciendo algo abiertamente ilegal.
Ningún argumento vale para justificar apartarse de los mecanismos constitucionales. Si el presidente y el loquito Benedetti consideran que el Senado perpetró un fraude durante la votación de la consulta, lo que les corresponde es demandar esa votación ante el Consejo de Estado.
Si ese tribunal falla en favor de la tesis del gobierno, habría que repetir la votación. Porque, de acuerdo con la Carta Magna, es requisito ineludible para citar a un a consulta el concepto favorable del Senado.
Tampoco se requiere ser un avezado jurista para vislumbrar que si se expide ese decreto, se estaría cometiendo un delito grave, porque se actuando con plena conciencia de que se obra al margen de la ley.
De acuerdo con el concepto de varios abogados, el delito que se estaría cometiendo sería el de peculado, cuyo castigo es de entre 60 y 180 meses de prisión. Si es peculado agravado la sanción sería aún mayor.
A Petro eso no le debe despelucar, porque él sabe que por cuenta del diseño institucional colombiano, el presidente está prácticamente blindado frente a cualquier acción judicial. Los que sí deben preocuparse son los ministros, quienes tendrían que firmar ese decreto, como establece la Constitución.
No creo que los ministros estén dispuestos a que les caiga un carcelazo de 15 años, por un capricho de su jefe
Ellos no están blindados como su jefe. Y no creo que estén dispuestos a que les caiga un carcelazo de 15 años, por un capricho de su jefe. De todas formas deben saber a lo que se exponen si estampan su firma en ese decreto espurio.
Pero además de un delito, firmar ese decreto constituye un golpe de Estado. Como dice Humberto de la Calle para acometer una acción de ese tipo no se requiere que entren unos tanques a la Casa de Nariño.
Basta con que uno de los poderes públicos se abrogue las facultades de los otros dos poderes y que usurpe sus funciones. Como ocurriría con ese decreto, que se expediría sin el concepto que, de acuerdo con la Constitución, debe dar el Senado de la República.
Por muy enajenado que esté, no creo que Petro llegué hasta ese punto. Por algo, al momento de escribirse esta columna no se había animado a firmarlo. Y si él lo firma es muy seguro que varios de sus ministros se nieguen a hacerlo.
Estoy convencido de que con la amenaza de expedir este decreto, Petro le está midiendo el aceite a la institucionalidad y las llamadas fuerzas vivas de este país. Claro que está interesado en que la consulta se haga, porque le serviría mucho para la campaña electoral del año entrante.
Pero más que eso, lo que pretende el presidente es medir la reacción de las Cortes, del Congreso, de la prensa, los gremios y la propia opinión pública frente a una eventual violación de los preceptos constitucionales.
Pueden tener por seguro que si la reacción no es contundente lo volverá a hacer. Y será capaz, con cualquiera de los argumentos populistas y delirantes que suele esgrimir, de revivir la reelección presidencial. E incluso, de volverla indefinida, como en Venezuela.
No estoy exagerando. Para allá vamos. Ese es el verdadero sueño de Petro y del petrismo. Por eso, no podemos tolerar la primera violación flagrante de la Constitución. Porque los dictadores son como los asesinos. Para estos, lo difícil es matar la primera persona. Y para los sátrapas, lo complejo es perpetrar el primer golpe.
Hay que tenerlo muy claro: lo que está en juego no es la realización de una consulta sino el futuro m ismo de nuestra democracia.
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