En el año 2015 los emprendedores caleños Simón Borrero, Sebastián Mejía, y Felipe Villamarín crearon Rappi una aplicación que cambiaría la manera de hacer domicilios en el país. Hoy en día su presencia en Latinoamérica se extiende a nueve países entre los que se cuentan Costar Rica, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Brasil y México. Sin embargo, su crecimiento no ha estado exento de polémica. Los problemas de los creadores de Rappi van desde la precarización laboral hasta los desafueros de algunos de los rappitenderos a la hora de llevar a buen puerto sus pedidos.
Las constantes quejas contra la aplicación explotaron en una multa de la Superintendencia de $ 1.245 millones. Eso tiene que ver con los problemas que presenta la plataforma a la hora de entregar sus domicilios, traducidos en demoras y lo laxos que pueden ser a la hora de entregar bebidas alcohólicas a menores de edad. Las demoras en las entregas atentan contra algo en lo que la SIC es muy puntillosa: la publicidad engañosa ya que prometen celeridad a la hora de entregar los envíos.
La SIC fue tajante a la hora de ratificar la multa: “Luego de la valoración de las pruebas recaudadas en la investigación administrativa y que conllevó a la respectiva sanción, se encontró que Rappi había vulnerado las normas de protección al consumidor relacionadas con la calidad del servicio al generar doble cobro a los consumidores, incumplimientos en la entrega y cancelaciones de pedidos”.
Una decisión que además del costo económico para la empresa puede golpear muy duro el prestigio y la marca de Rappi que había logrado posicionarse positivamente.
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