Toca volver a referirse al proyecto llamado Equilibrio de Poderes porque podría llegar a convertirse en un adefesio como el de la reforma política que llevó a tal grado de indignación a la ciudadanía que el presidente Santos tuvo que enterrarla de mala manera.
En aquel entonces los que querían meter micos, además de algunos congresistas, eran los magistrados que vieron la oportunidad de perpetuar y mejorar sus condiciones laborales y pensionales. Ahora es otro alto funcionario el que busca pescar en río revuelto. Nada menos que el fiscal Eduardo Montealegre.
En forma por demás desvergonzada ha intentado maniobras apoyadas por el poder de intimidación que tiene su dependencia. Ya había ganado el pulso con la contralora Morelli a quien acorraló hasta llevarla al exilio para escapar de la férrea persecución que desató en su contra. Y no es que esa señora no tenga que explicar muchas cosas y se haya negado a hacerlo, pero es indudable que las actuaciones del todopoderoso Montealegre, quien también tendría que explicar algunas cositas de su paso por Saludcoop, fueron tan arrolladoras como las que antes había adelantado el procurador Ordoñez contra Petro.
En estos choques de trenes: Procuraduría vs Alcaldía, Contraloría vs Fiscalía, Consejo de Estado Vs Corte Constitucional, etc., ha quedado establecido con claridad que los “poderes” del estado colombiano están desequilibrados y se han establecido reinos intocables donde nadie es superior a nadie pero todos se juzgan y persiguen entre sí. Esto seguramente fue el origen de la idea de eliminar reelecciones y puertas giratorias, en especial la del presidente porque supuestamente allí radicaba el principal elemento de desequilibrio.
Pues con esa disculpa se inició una reforma improvisada que se ha ido llenando de micos que pueden significar nuevos y más graves desequilibrios. Y en medio de ese zoológico se ha venido escuchando una voz que intenta imponer su criterio, la voz aflautada y arrogante del fiscal, que se ha crecido frente al Gobierno y al Senado tal vez cobrándoles sus servicios en el oportuno respaldo al proceso de paz.
Si antes fueron los magistrados los que metieron baza en la reforma política, ahora es Montealegre, animado por el éxito de la persecución a la contralora, el que dicta sottovoce los incisos para desviar la orientación inicial de las ponencias y lo hace aparentemente con presiones y rabietas que no dejan bien parada su dignidad.
Hubo inicialmente un intento soterrado de extraer a la Fiscalía de la prohibición expresa de reelección. Sin embargo, esto no tenía ninguna presentación y afortunadamente no se perseveró por ese camino. Y llegó el tema del Tribunal de Aforados, con el que se busca investigar y juzgar a los altos funcionarios, aquellos intocables que antes tenían por juez a la desprestigiada Comisión de “absoluciones” de la Cámara de Representantes.
Se busca que ningún alto funcionario quede sin una instancia de control real y efectivo, no de una payasada como la que hoy existe en la Cámara. Que magistrados de cualquier corte respondan penalmente si cometen delitos o si utilizan su investidura para obtener prebendas ilícitas, que los cargos de fiscal, contralor y procurador no sean seres intocables, a quienes nadie se atreve a investigar a riesgo de que ellos utilicen su poder para vengarse de tamaño atrevimiento.
Y el fiscal montó en cólera por esta pretensión. ¡Cómo se atreven a quitarle poder! Si llegan a investigarlo y juzgarlo, la Fiscalía perderá su inmensa discrecionalidad y entonces será una instancia débil. Eso al parecer es lo que piensa Montealegre y a lo que se opone con todos sus dientes. Sin embargo, creo que es precisamente lo contrario, una instancia que soporte cualquier investigación y salga con la frente en alto, tiene mucha más autoridad y altura moral para juzgar a otras personas. Ni la Fiscalía, ni los magistrados, ni Ordóñez, deberían ser extraterrestres, a los que nadie ronda, porque de allí derivan precisamente sus arbitrariedades.
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