Hace unos días unr epresentante a la Cámara del partido Centro Democrático radicó el proyecto de ley 333 de 2020, con el cual se busca reducir el número de congresistas de ambas cámaras, aproximadamente, en un 50%, lo que significa pasar de 280 a 157 curules. A todas luces, ninguna de las razones con las que pretende justificar la iniciativa logra brindarle coherencia a dicha propuesta y, simplemente, pone en evidencia al partido de gobierno con otro tipo de intención lesiva para la democracia y el equilibrio de poderes.
Intentando presentarla como una ingeniosa alternativa para superar las secuelas económicas generadas por la pandemia, el autor de esta iniciativa, Óscar Villamizar, manifestó públicamente que la propuesta tenía cuatro propósitos principales:
1. El ahorro de cerca de 320 mil millones de pesos en costos de personal con los que se pretendería reactivar la economía después del COVID-19.
2. Agilizar las discusiones que se libran en el congreso en torno a las iniciativas legislativas.
3. El supuesto fortalecimiento de los partidos políticos por medio de un proceso más riguroso de preselección de sus futuros candidatos.
4. Un indetectable aumento de la representatividad para los departamentos con menor cantidad de representantes.
Como puede advertirse, tres de estos propósitos no guardan ningún tipo de relación con la aclamada intención principal, ¿entonces cuáles son las pretensiones reales?
Lo que se infiere es una intención de recortar el tamaño del órgano legislativo para reducirle sus capacidades de control, representación, deliberación y oposición, situación que atentaría de manera grave al sistema democrático colombiano. El riesgo también estaría en la captura del Congreso por intereses económicos y políticos particulares a fines con el gobierno de turno. No es una situación menor, más aún teniendo en cuenta las ya conocidas intenciones del Centro Democrático por reducir las altas cortes y por favorecer un peligroso desequilibrio entre las ramas públicas del poder, a favor del ejecutivo, en un régimen profundamente presidencialista.
En este sentido, los propósitos que argumentó el representante Villamizar son una mera ilustración de lo anterior. En primer lugar, es absurdo que concluyan que la forma de dotar de eficiencia las discusiones en el Congreso sea restringiendo la pluralidad y las posibilidades de representatividad en el mismo; en vez de proponer medidas para incentivar intervenciones o pronunciamientos por bancadas que no coarten las oportunidades de integrar el legislativo. De otro lado, en qué tipo de evidencia se basan para afirmar que, entre menos curules por asignar, mayores serán los esfuerzos de los partidos políticos por fortalecerse y seleccionar candidatos más “idóneos” o de “mayor calidad”, especialmente si se tiene en cuenta los polémicos avales y los escándalos de compra de votos que rodean a algunos partidos, como se constató en pasadas elecciones. Por último, no hay forma de fortalecer o incrementar la representatividad de las regiones con menor número de congresistas a través de una reducción de las curules, especialmente si se sugiere que puedan tener una adicional por cada millón de habitantes, lo que va en detrimento de estas mismas.
Existen otros dos elementos que también sustentan la inconveniencia de esta propuesta. De un lado, la reducción del Congreso tiene un impacto en la asignación de las curules. En efecto, dependiendo de la votación, al aumentar la cifra repartidora se pueden ver afectados en mayor medida los partidos minoritarios así como beneficiados los mayoritarios, lo que profundizaría condiciones de inequidad en la participación política. De otro, se advierte la intención de reforzar el ataque al acuerdo de paz, en cuanto pretende reducir el numero de curules al partido Farc y, a su vez, desestima la inclusión de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz.
La emergencia sanitaria por el coronavirus ha propiciado también otras propuestas que atentan con el equilibrio de poderes, el control político y el sistema democrático. Por ejemplo, la demora en tomar la decisión de realizar las sesiones del Congreso virtuales en la cuarentena y la idea descabellada de suprimir el ejercicio del control político del Congreso para dejar al ejecutivo tomar las decisiones y actuar para enfrentar la pandemia.
A partir de estas reflexiones se espera, entonces, que esta propuesta no tenga ningún futuro y que, nuevamente, se propenda por realizar una reforma política estructural, tal como lo sugirió la Misión Electoral Especial, en la que se plantea entre otras propuestas, la ampliación de la Cámara de Representantes através de un sistema electoral mixto para mejorarla como cuerpo de representación territorial. Asimismo, que el Congreso se enfoque en impulsar la implementación de las circunscripciones especiales de paz como instrumento clave y necesario para favorecer la incidencia de las comunidades rurales más vulneradas, lo que significaría una ampliación del legislativo para integrar a los sectores y los territorios más subrepresentados de Colombia.
Por cierto, si realmente el interés está en reducir costos en la operación del Congreso, una alternativa sería estudiar formas de viabilizar la reducción de salarios de los congresistas sin que dicha discusión perezca al primer debate, y esos recursos se destinen a asuntos claves relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana, con especial atención de la vulnerable, quienes padecen en mayor medida las consecuencias de la pandemia.
