Recientemente el presidente Santos sancionó una nueva ley (1864 de 2017) para la protección de los mecanismos de participación democrática. Aunque la sanción pasó prácticamente inadvertida para la gran mayoría de medios de comunicación, la nueva ley llega en un momento crucial para la institucionalidad colombiana. La 1864 es sancionada cuando las encuestas marcan el punto más bajo de confianza en los partidos políticos, la administración de justicia y el sistema electoral; los colombianos cada vez se sienten más alejados de sus instituciones y el pesimismo ha dado paso a la inadecuada utilización de figuras eminentemente ciudadanas como los movimientos cívicos por firmas (particular creación del constituyente en 1991) convertidos en el paraguas de quienes buscan limpiarse del lastre de desconfianza y de corrupción que en palabras del Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, “Ya hizo metástasis”. Entonces, ¿qué plantea esa ley que puede mejorar en algo la actual crisis?, ¿más dientes para sancionar a quienes atentan contra los mecanismos de participación ciudadana, es decir, aquellos que se valen de prácticas corruptas para ocupar cargos de elección popular?
La ley modifica cada uno de los artículos que componen el Título XIV del Código Penal en el capítulo referente a la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática. No son modificaciones menores porque incrementan las penas de 4 a 9 años y establecen multas de entre 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para quienes: amenacen, presionen o engañen electores, inscriban cédulas en municipios o distritos ajenos al lugar de nacimiento o residencia de los ciudadanos, perturben las jornadas electorales y ofrezcan dádivas, plata o contratos a cambio de votos. Tal vez esto no suene muy novedoso en un país con altos niveles de corrupción y clientelismo. Sin embargo, sí se convierte en una poderosa herramienta de control ciudadano para las próximas elecciones porque además de establecer sanciones más altas para los corruptos las mismas se endurecen si son cometidas por servidores públicos o si están mediadas por amenazas de pérdidas de servicios públicos estatales o de programas sociales o culturales.
Un capítulo aparte merecen los nuevos artículos que introduce al Código Penal, tres artículos sobre los ingresos de las campañas y uno que apunta a descabezar los “lideres” que se creen dueños de electores que venden al mejor postor en días preelectorales. Sobre el primer aspecto, los artículos 14, 15 y 16 se agregan al artículo 396 del Código Penal y establecen cárcel y multas a los gerentes de campaña responsables de permitir financiación con fuentes prohibidas, vulnerar los topes establecidos por la autoridad electoral y no reportar todos los recursos ingresados a la campaña. En segundo lugar, el artículo 7 se adiciona al 390 del Código y crea un nuevo delito denominado tráfico de voto, con penas de 4 a 9 años y multas por el orden de los 400 a 1200 SMLMV, a quienes ofrezcan paquetes de votos a cambio de dinero o dádivas; son los denominados “líderes” que en días electorales se la pasan de directorio en directorio ofertando votos amarrados a cambio de plata o algún beneficio particular. En esa perspectiva, la ley también busca sancionar con cárcel a los ciudadanos corruptos que lesionan los mecanismos de participación ciudadana.
La ley concluye con la directriz para la creación de una política criminal electoral en cabeza de la Fiscalía, una Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales y espacios de cultura democrática en el sistema educativo para dar a conocer los mecanismos de participación y los delitos que los afectan. En síntesis, a pocos meses de unas elecciones decisivas y bajo la sombra del peor y más repugnante manto de corrupción en la historia reciente llega una ley que endurece penas y sanciones para los corruptos sin olvidar la importancia de la pedagógica y el control ciudadano. Es importante conocerla y darla a conocer. Si los políticos creen que somos idiotas (en la Atenas clásica el idiota era el que no se interesaba por los asuntos de la polis) ya depende de nosotros demostrarles que no lo somos.
