Casi 7 millones de colombianos tienen reportes negativos. Con Grupo Jurídico G&C le explicamos los plazos y las opciones legales para mejorar su historial crediticio

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Estar reportado en las centrales de riesgo, usualmente, es uno de los mayores temores financieros de los colombianos. Las agobiantes llamadas de los cobradores o las advertencias de embargo atormentan a 7 millones de personas que tienen un reporte negativo, según contó el congresista Alejandro Ocampo.

Este antecedente desfavorable se genera tras no pagar a tiempo las obligaciones no solo con los bancos, sino también con cooperativas, empresas de telecomunicaciones o comerciales que venden productos o servicios a crédito.

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La primera central de riesgo que existió en Colombia fue DataCrédito, fundada a finales de los 80. Actualmente existen tres: Datacrédito, CIFIN, administrada por TransUnion, y Procrédito, vinculada a Fenalco.

Según una encuesta que Datacrédito Experian hizo en el 2024, el 80 % de los reportados ha buscado una solución para mejorar su historial crediticio. Para estos casos, la ley ofrece dos caminos. Por una parte está la Eliminación de reportes en centrales de riesgo y, por otro lado, se encuentra la insolvencia de persona natural no comerciante.

En varias ocasiones las dos opciones se suelen confundir. Según el Fondo de Garantías FGA, la mayoría de colombianos que solicitan un proceso de conciliación para liquidar sus deudas no logran llegar a un acuerdo de pago. Para 2026, el FGA asegura que cerca de 14.000 procesos terminan sin acuerdo de pago. Estas solicitudes hacen referencia a personas naturales o pequeños comerciantes que buscan acogerse a la “Ley de Insolvencia”, incluida en el Código General del Proceso en 2012 y reformada en 2025 por la Ley 2445.

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 La central de riesgo más conocida es Datacrédito, operada por Experian, que maneja la información financiera de 33,2 millones de colombianos.

¿En qué consiste la insolvencia para personas naturales no comerciantes?

La distinción esencial, respecto a las centrales de riesgo, es que acogerse a la “Ley de Insolvencia” no borra automáticamente el reporte negativo en Datacrédito o en CIFIN. Mientras que la eliminación de reportes en dichas centrales de riesgo busca actualizar o corregir la información suministrada por la entidad financiera.

Así las cosas, hay que saber quién puede acogerse a la “Ley de Insolvencia”. Las personas naturales no comerciantes pueden hacerlo sin un límite de activos totales. Los pequeños comerciantes, en cambio, solo pueden hacerlo si sus activos totales (sin contar la casa donde viven con su familia ni el vehículo que usan para trabajar) valen menos de $1.750.905.000, equivalentes a 1.000 salarios mínimos en 2026.

Además, la persona debe estar en lo que la ley llama “cesación de pagos”: llevar más de 90 días de retraso en dos o más deudas con dos o más acreedores, o tener dos o más procesos de cobro iniciados en su contra.

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En cualquiera de las dos hipótesis, las obligaciones que configuran la cesación de pagos deben representar al menos el 30 % del pasivo total. Para este cálculo no se cuentan los créditos pagados por libranza o descuento de nómina, salvo que hayan dejado de abonarse efectivamente. Si se cumplen estos requisitos, se procede a presentar una solicitud de negociación ante un centro de conciliación autorizado o ante una notaría.

Por regla general, el acuerdo no puede superar cinco años, salvo que lo aprueben acreedores que representen más del 60 % de los votos o que alguna obligación hubiera sido pactada originalmente por un plazo mayor. Durante la negociación y el cumplimiento del acuerdo, el reporte no se elimina de las centrales de riesgo ni la deuda desaparece.

Si el monto de la deuda supera los 40 salarios mínimos, es decir $70.036.200 para 2026, es obligatorio que la persona natural sea representada por un abogado. Para este caso, hay firmas de abogados como Grupo Jurídico G&C que brindan un respaldo profesional confiable para darle solución a cada caso en particular.

¿Y la eliminación del reporte en centrales de riesgo?

Si, por otra parte, una persona natural cuenta con un reporte negativo en las centrales de riesgo por una deuda con la que ya está al día, puede solicitar la eliminación del reporte. Para esto, debe cerciorarse de que haya pasado el tiempo de permanencia en las centrales de riesgo que establece la ley.

Según la Ley 2157 de 2021, si la mora por la cual se realizó el reporte es menor a 2 años, el reporte negativo permanecerá el doble de tiempo que duró la mora, contado desde que se paga o se extingue la deuda. Por ejemplo, si la deuda estuvo en mora durante seis meses, el reporte puede permanecer hasta doce meses.

Pero, si la mora es igual o superior a los 2 años, el reporte permanecerá por un máximo de 4 años, también contados desde el pago o la extinción de la deuda. Si es el caso de que la deuda nunca se pagó, el reporte negativo en las centrales de riesgo caducará a los 8 años, contados desde que la deuda entró en mora.

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Según la ley “Borrón y cuenta nueva”, las entidades que reportan deben notificar a las personas 20 días calendario antes de emitir un reporte negativo. Para obligaciones iguales o inferiores al 15 % de un SMLMV, la ley exige al menos dos comunicaciones en días distintos antes del reporte.

Si el reporte continúa después de haberse pagado la obligación, el reclamo para la actualización de los datos puede dirigirse a la entidad que lo emitió, ya sea un banco, una cooperativa u otra similar, o a la central de riesgo. Quien lo reciba debe responder, por regla general, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del reclamo. El plazo puede ampliarse hasta por 8 días hábiles, siempre y cuando haya información previa de los motivos y de la nueva fecha de respuesta. 

Para este proceso también es conveniente que se realice una asesoría con firmas expertas en estos casos. El Grupo Jurídico G&C cuenta con una línea de WhatsApp abierta al público para atender estas consultas: https://wa.link/5ou0xg.

Dentro del proceso de asesoría que brinda la firma Grupo Jurídico G&C, el primer paso será consultar el reporte del ciudadano en Datacrédito y en CIFIN, con el fin de corroborar que el reporte negativo está vigente. Esta revisión del caso tiene un costo de $80.000.

Posteriormente, con esta información, la firma de abogados realiza un diagnóstico preciso para cada caso. Si se cumplen los requisitos legales y el usuario decide continuar con la orientación para el proceso de eliminación del reporte negativo, esta tendrá un costo de $600.000, según le contó el Grupo Jurídico G&C a Las2Orillas.

Cabe aclarar que cada caso es distinto. Por esto la información de este artículo es orientativa y no garantiza resultados. Para recibir la orientación precisa sobre su situación los invitamos a escribir al WhatsApp de Grupo Jurídico G&C: https://wa.link/5ou0xg . Recuerde que nadie está obligado a permanecer con información incorrecta en su historial crediticio. Tiene derecho a que sus datos sean veraces y estén actualizados.

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Por Las Dos Orillas

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