El 16 de septiembre de 2026, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, llegó a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un discurso de austeridad que al mismo tiempo sonaba a ruptura.
Cifras en mano, denunció que su antecesora en el cargo, Nohora Mondragón -la ex secretaria de gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina y la última cabeza del Dapre durante el gobierno Petro convirtió el despacho en un contratadero con 84 por ciento de convenios que comprometían el gasto, firmados de manera directa y sin ningún criterio de selección objetiva.
Dijo también que no solamente había habido exceso en la contratación de personal, sino también en logística para eventos y anunció que revisaría cada contrato vigente, uno por uno.
Dibujó un panorama según el cual los contratos por prestación de servicios habían pasado de $9.500 millones a $31.300 millones de pesos solo entre 2025 y 2026, un aumento del 228 por ciento y que en todo el gobierno Petro ese tipo de contratación había crecido 595 por ciento.
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El aumento del gasto en eventos alcanzaba el 113 por ciento. “Eso no puede seguir así y ordenado detener toda la contratación de eventos, porque misionalmente el Dapre no debe organizar eventos”, enfatizó. Su postura se sintetizaba en menos tarima, menos catering y menos logística en un Estado más austero.
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Quince días después, el primero de octubre de 2026, el mismo Dapre firmó el contrato interadministrativo Número 619-26 con Neomundo, por $5.389.296.263 millones, por 80 días, para hacer exactamente lo que había dicho que no iba a hacer, es decir, más eventos.
El contrato termina el 20 de diciembre de 2026. Su liquidación está prevista hasta junio de 2027. Su objeto, en SECOP II, es prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Departamento y por la Presidencia de la República. Es decir, la tarea de un operador logístico. El escogido a dedo fue Neomundo, la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga
La representante a la Cámara por el Vale del Cauca en representación del Pacto Histórico, Ana Erazo publicó de inmediato en sus redes la portada del contrato, firmado por Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero, en representación de la Presidencia, y por Julián Andrés Díaz Zambrano por Neomundo.
La congresista le dijo a Las2Orillas que el volumen de los recursos comprometidos pone en evidencia sobrecostos. “El contrato a dedo por más de 5.000 millones significa un gasto de 68 millones diarios en eventos”, enfatizó la congresista. Advirtió también que mientras el gobierno desató una persecución contra los contratistas que trabajan bajo la modalidad OPS, firmó otro contrato por $733 millones con una empresa de Medellín en articulación con el Banco de Talentos, en desarrollo del cual proliferan las ordenes de prestación de servicios.
El operador santandereano que terminó en la Casa de Nariño
El nuevo operador logístico del Dapre es Neomundo, la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga, una entidad de participación mixta, con aportes mayoritarios del municipio de Bucaramanga cuyo alcalde es Cristian Portilla y la gobernación de Santander en cabeza del mayor ® Juvenal Diaz Mateus con junta directiva integrada, según el propio Dapre, en su totalidad por entidades públicas. Ambos gobernantes apoyaron de manera decidida la candidatura del Tigre y fue una de las regiones donde De la Espriella ganó holgadamente.
Al frente de Neomundo está Julián Andrés Díaz Zambrano, comunicador social y periodista, egresado de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), de Bucaramanga. Díaz empezó su carrera en la Unidad Investigativa del periódico Vanguardia, pero luego se decidió por la política.
El 2 de enero de 2024, mediante la Resolución 0004, la Alcaldía de Bucaramanga lo nombró asesor de libre nombramiento y remoción en el Despacho del alcalde, con una asignación mensual de $9.183.136 millones. El alcalde era Jaime Andrés Beltrán, actual ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Después fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, OFAI, de esa misma Alcaldía, hasta finales de 2025.
Vanguardia, su antigua casa, anunció su llegada a Neomundo el 30 de diciembre de 2025 y lo describió como alguien muy cercano a Paula Ramírez, gestora social (primera dama) durante la corta administración de Jaime Andrés Beltrán. Su nombre, según el mismo diario, empezó a sonar como cuota de la Alcaldía de Bucaramanga, que había vuelto a alcanzar mayorías en la junta directiva de Neomundo

Neomundo coronó con un primer contrato nacional con la presidencia del Tigre
Antiguos colegas suyos aseguran que esa relación laboral previa no es ningún delito y dicen que haber trabajado en una alcaldía no implica un trato preferencial posterior. Pero observan que cuando una entidad de participación mixta obtiene su primer contrato a nivel nacional, por 5.389 millones de pesos, en contratación directa, sin licitación, la relación exige una explicación.
La explicación que por ahora ofrece el Dapre es de carácter técnico. Neomundo tiene más de 130 contratos logísticos, patrimonio superior a $100.000 millones, liquidez de 1,14 y endeudamiento bajo del 3 por ciento. Por eso, por su naturaleza mixta, podía contratarse directamente, a través de un convenio interadministrativo.
“El problema es que la técnica no borra la política”, dijo otra de las fuentes consultadas. En octubre de 2025, cuando todavía era jefe de la OFAI, Díaz apareció registrado en la base de datos que la campaña de Abelardo de la Espriella dejó abierta. En sus redes, según El Espectador, aparecía apoyando en videos esa campaña. Estar en una base de campaña no es participación en política prohibida. Pero siendo funcionario público, es un dato que un veedor podría cuestionar.
Ya como director de Neomundo, Díaz fue incluido en una queja formal ante la Procuraduría por presunta participación en política durante la Semana Santa, en los conciertos de BucaraSanta. La queja pedía investigar al alcalde Cristian Portilla, a Natalia Melissa Torres, directora del Instituto Municipal de Cultura, y a Díaz, por la presencia del exalcalde Beltrán en tarima junto a Portilla durante un concierto masivo, en un evento financiado con recursos públicos, organizado con base en el contrato 0331-D4 del 28 de enero de 2025, suscrito entre el IMCT y Neomundo.
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El abogado Gerardo Martínez dijo en su momento que sería muy complejo poder determinar que se hubiese configurado una indebida participación en política. Ese contrato de enero de 2025 se firmó antes de que Díaz fuera elegido gerente de Neomundo. Él llegó después de la súbita renuncia de Tomás León, que duró solo un mes y alegó “razones políticas” al explicar su salida.
Pero el patrón queda: el hombre que en Bucaramanga fue cuota de la Alcaldía en Neomundo, es en Bogotá el operador de los eventos de la Presidencia.
De los $5.389 millones, $2.668 millones van para el Despacho Presidencial, $1.792 millones para la Consejería Presidencial para las Regiones, $728 millones para el área Administrativa y Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas y $200 millones para la Vicepresidencia. El contrato permite operar eventos a nivel nacional e incluso en el extranjero, en zonas rurales, veredas, resguardos y consejos comunitarios.
En el expediente de SECOP II están publicados los estudios previos, el análisis del sector, las condiciones técnicas, el tarifario, la matriz de riesgos y el acto administrativo de contratación directa. El contrato exige garantías de cumplimiento y de calidad del servicio, cada una por el 20 por ciento del valor, y de pago de salarios por el 10 por ciento, con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2029.
No se tiene conocimiento de cuántas ofertas fueron presentadas antes de que se optara por la contratación directa con ofertas, ni el desglose ítem por ítem del tarifario.
Sin embargo, para entender el tamaño de lo que Ríos denunció y de lo que Ríos firmó es preciso que mirar lo que encontró cuando llegó al Dapre.
Una comparación pertinente
La última directora del gobierno de Gustavo Petro fue Nhora Mondragón, quien asumió el 22 de enero de 2026 en reemplazo de Angie Rodríguez y estuvo apenas seis meses en el cargo, hasta el cambio de gobierno. Mondragón, administradora de empresas con 28 años en el sector público, había sido secretaria de Gobierno de Cali con Jorge Iván Ospina y luego directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, a donde llegó recomendada por Juliana Guerrero, cercana a Armando Benedetti.
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Cuando llegó al Dapre, Mondragón se encontró con un presupuesto de $1,81 billones para 2026 y con una planta que había crecido de 844 cargos al cierre del gobierno Duque a 1.019 cargos.
Ríos, en cambio, llegó con la promesa de recortar. Presentó para 2027 un presupuesto cercano a 904.000 millones de pesos, casi la mitad del de 2026, y anunció una reducción de casi 65 por ciento en la vinculación de personal. El 7 de octubre firmó la Directiva Presidencial 06, con límites a viajes, viáticos y publicidad estatal. El 29 de octubre firmó la Circular Externa 10, que prohibió a ministerios y entidades usar recursos públicos para fiestas navideñas, agasajos, banquetes y celebraciones de fin de año.
Pero en medio de esa austeridad, firmó el contrato con Neomundo. Si se compara el ritmo de gasto, la diferencia es llamativa. El convenio de 4-72 que Mondragón heredó valía $11.756 millones por trece meses, es decir, alrededor de $904 millones por mes. El de Neomundo vale $5.389 millones por ochenta días, es decir, alrededor de $2.022 millones de pesos mensuales, esto es más del doble por mes.
Si se anualizara, el contrato con Neomundo saldría por alrededor de $24.000 millones, frente a los $11.756 millones de 4-72.
según funcionario del Dapre, que pidió no ser identificado por su nombre, hay que ser muy cuidadoso a la hora de las comparaciones porque Neomundo es una bolsa agotable, no un pago fijo. “Solo se paga lo que se ejecuta y cubre ochenta días de cierre de año, con más eventos concentrados”. Dijo.
“Mondragón solo estuvo seis meses y el doctor Ríos lleva tres meses. No se puede decir que él gastó más que Mondragón”, advirtió.
No obstante, las cifras, los documentos y el acta de la sesión del 16 de septiembre de la Comisión Primera de la Cámara muestran que Ríos llegó denunciando un derroche, recortó el presupuesto a $904 mil millones para 2027 y prohibió las fiestas navideñas con plata pública, pero en quince días firmó con un operador logístico que, por mes, cuesta más del doble de lo que él denunció.
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