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El Presidente de la República tiene, derivado de la Constitución Política y en muchos más casos por delegación legal, la función de inspección, vigilancia y control sobre un número plural de sectores y para un abanico grande de facetas o actividades puntuales.
En Colombia hemos creído y apoyado la separación de los trabajos de planeación de largo plazo, regulación y supervisión. En eso nos ha ido bien. De ese trípode, para los empresarios y para todos los usuarios de esos temas es claro que, más allá de la intervención del Estado y la regulación, el contacto de todos con esa realidad reglada, se da en la actividad de las superintendencias y otros organismos de naturaleza análoga. Así, ese es el Estado vivo.
En esa realidad, una de las grandes preocupaciones del sector privado colombiano son los esquemas de Inspección, Vigilancia y Control (I.V.C.). Y, cimentados en que esas entidades han ganado buena reputación, lo que más se espera es predictibilidad.
En esa dirección, ahora, que tanto se habla de la reducción del tamaño del Estado, buen momento para que, si esa ola va a pasar por esa playa, no sea con un ánimo puramente fiscalista o de gasto, sino, principalmente de calidad, para que dejemos solo lo que se necesita y nos aseguremos que lo que debe existir esté bien diseñado.
Para lograrlo es clave que las funciones de esos organismos de control se depuren y que las que queden sean todo lo poderosas que se precisa:
Para comenzar, las funciones administrativas de I.V.C. sólo deben implementarse cuando exista un interés general específico que no pueda ser adecuadamente protegido mediante la utilización de los mecanismos judiciales al alcance de los directamente afectados.
Entre los sistemas de control objetivo o subjetivo, sólo en los casos en que el riesgo está íntimamente asociado a la actividad que desarrollan algunas personas o empresas, es necesario que el control sea íntegro respecto de todos los aspectos. Pero en la generalidad de los casos debe ser solo sobre el tema puntual riesgoso, y ejercerse acorde y en estricta proporcionalidad con el riesgo que pueda afectar negativamente un interés general.
En línea con la idea que ahora las Superes son instancias de apoyo empresarial, la supervisión debe implicar la identificación del interés jurídicamente protegido y el riesgo que lo amenaza, el diseño de una forma idónea de seguimiento de la evolución del riesgo y la posibilidad de que se usen facultades de prevención, corrección y sanción, según corresponda.
Como las sanciones deben ser la excepción, deben ser de naturaleza y cuantías que produzcan des-estímulo a la infracción reiterada de la ley.
Ahora, para que sí puedan funcionar, las entidades de control que el país requiere deben estar dotadas como mínimo de: (i) Independencia y autonomía; (ii) Presencia directa o indirecta en todo el país; (iii) Instrumentos jurídicos suficientes; (iv) Presupuestos adecuados; (v) Presencia en las instancias decisorias sobre la normatividad del sector; (vi) Precisión del propósito que deberá buscar al aplicar las normas cuyo cuidado se le encomiende y siempre en relación con la protección de un interés público.
En esa línea debemos, además de todo lo anterior, revivir la iniciativa de Claudia Jiménez (@jimenezjclaudia), sobre contar con una ley de Régimen jurídico único de las superintendencias en que se consignen, por lo menos, las facultades comunes que tendrán todas las superintendencias y los aspectos procedimentales aplicables al ejercicio de sus funciones.
Está por comenzar el 2027 y Gobierno y Congreso deben planear lo que se logrará en ese año. Éste, a no dudarlo debe ser uno de los grandes temas para meditación decembrina y acción con resultados en el corto plazo para que, como lo querría el grupo de rock Los Prisioneros, ¡Movamos las industrias!
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