La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cerró el litigio internacional por la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá con un acuerdo que, según la entidad, le ahorra al Estado cerca de $1,4 billones. Este resultado hace parte de la estrategia conjunta de articulación entre la ANI y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para mitigar la alta litigiosidad y los millonarios pasivos en los arbitrajes de infraestructura del país.
El diferendo jurídico tenía su origen en el contrato de concesión 002 de 2014, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), suscrito para construir y operar un corredor de 153 kilómetros entre Sopó y Cáqueza. El proyecto, que buscaba articular el oriente cundinamarqués, incluía las unidades funcionales 4 y 5 (comprendidas entre La Calera y Cáqueza), las cuales resultaron inviables debido al hallazgo de cerca de 72 manantiales, estrictas restricciones ambientales, descubrimientos arqueológicos y múltiples líos prediales.
En octubre de 2020, el concesionario presentó ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (ICDR) una demanda por presunta violación del contrato. Tras las disputas sobre las responsabilidades contractuales, el 18 de diciembre de 2024 el ICDR emitió un laudo arbitral en el que ordenó la terminación anticipada del contrato, eximió al concesionario de culpa por la inejecución de los tramos finales y condenó a la ANI al pago de $1,3 billones por pérdidas asociadas al recaudo de peajes.
Un segundo laudo arbitral, en diciembre de 2025, confirmó la condena y le sumó intereses y costas. El consorcio estuvo representado ante el ICDR por la firma Rincón Castro Abogados, un bufete especializado en la solución de controversias en el sector infraestructura que representa a varios concesionarios e inversionistas privados en arbitrajes contra la ANI.

A la fecha, la obligación ascendía a cerca de $2,6 billones, suma que reunía el capital, los intereses y las costas de los dos laudos internacionales en contra de la entidad. El monto no estaba quieto: crecía cerca de $28.000 millones cada mes por intereses de mora, por lo que cualquier demora en encontrar una salida representaba un costo adicional para los recursos públicos.
El fondo InfraRed Capital Partners con sede en Londres, que gestiona inversiones en las áreas de infraestructura y bienes raíces a escala global, adquirió a finales de noviembre de 2022 a través de InfraRed Infrastructure Fund III el 50 % de la participación de la empresa en la Perimetral Oriental de Bogotá a la empresa israelí Shikun & Binui, momento en que el litigio se encontraba ante el ICDR. Ambas entidades (el fondo inglés y la firma israelí) acordaron retirar sus reclamaciones a cambio de $1,27 billones, frente a una obligación que ya rondaba los $2,6 billones, dando por terminado una controversia internacional de más de 10 años.
El pacto no se queda en el frente jurídico y fiscal, pues también destina recursos al propio corredor: $59.000 millones para obras menores y atención de puntos críticos, $5.000 millones para cierres ambientales y $5.200 millones para interventoría. Cabe anotar que, desde junio de 2026, la vía fue entregada al Invías, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de La Calera, mientras el contrato entra en etapa de liquidación.
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