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En septiembre de 2026, los hombres más ricos de Colombia se reunieron en Quibdó con el presidente. Jaime y Gabriel Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Alejandro Santo Domingo y Fuad Char prometieron un billón de pesos en infraestructura para el Chocó, incluido el estudio de un "canal interoceánico o ferrocarril". Dos meses después, ese mismo corredor aparece en el portafolio de Milagro Week, la feria de inversión que el gobierno presentará en Nueva York. Los mismos apellidos, los mismos proyectos, solo que la "contraparte" cambió: ya no es Abelardo, son inversionistas extranjeros. Esa continuidad —la de los dueños— es el objeto de este artículo.
El país que se deshace
Colombia llega a este reacomodo con una economía frágil. La inversión como proporción del PIB cayó a mínimos no vistos desde 2003. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, lo dijo sin anestesia en noviembre: "Sabemos que no hay plata, que tenemos una crisis fiscal y financiera profunda donde tenemos el presupuesto congelado". La construcción residencial sigue rezagada. En una economía donde la inversión se contrae, el crédito se vuelve el oxígeno. Y el crédito lo controlan unos pocos.
El mapa de ese poder tiene nombres y cifras. Según el informe “Grupos en Cifras 2025” de la Superintendencia de Sociedades, los diez conglomerados más fuertes con presencia en Colombia facturaron $132,7 billones en 2025, con más de 287 empresas bajo su control. El top diez, en orden de ingresos:
- Invernac & CIA (D1, Caracol, Valorem, Cine Colombia) — $23,5 billones. El grupo Santo Domingo.
- Amov Colombia (Claro) — $16,04 billones.
- Gestora Adminegocios (vinculada al Grupo Aval) — $15,8 billones, con una cartera superior a 110 empresas.
- Bavaria & CIA — $14,8 billones.
- Compañía de Inversiones Olímpica (Olímpica, Ísimo, Junior) — $11,8 billones. Los Char.
- Carbe SAS (Postobón, Incauca, RCN, Nutrium) — $11,6 billones. Organización Ardila Lülle.
- JGDB Holding (Grupo Nutresa) — $10,5 billones. Jaime Gilinski.
- Organización Corona — $10,3 billones.
- Italcol (Chunky) — $9,9 billones.
- Keralty (Colsanitas, EPS Sanitas) — $8,5 billones.
En fortunas personales, Forbes 2026 confirma: Jaime Gilinski es el hombre más rico de Colombia con US$14.700 millones (otras estimaciones lo ubican hasta en US$17.300 millones), seguido por David Vélez y Luis Carlos Sarmiento Angulo con US$10.000 millones.
No todos los que se sientan a la mesa tienen el mismo peso. César Caicedo (Colombina) asistió a ambas cumbres y tiene peso sectorial en el Valle del Cauca, pero su conglomerado no aparece en el top 10 de Supersociedades. David Vélez (Nubank) estuvo en Quibdó, pero Nubank no es un conglomerado con presencia masiva en ingresos locales. Christian Daes (Tecnoglass) tiene peso regional en Barranquilla, pero no compite con los grandes holdings financieros. Son invitados, no árbitros.
¿Quién manda en Colombia?: la élite no es monolítica, es una red.
El libro ¿Quién manda en Colombia?, de Jenny Pearce y Juan David Velasco Montoya (IEPRI-Universidad Nacional), aporta el marco para leer este momento. Su hallazgo central: en Colombia no existe una élite monolítica, sino cinco “constelaciones de élites” — oligárquica, política, empresarial, tecnocrática y gremial— que se entrecruzan y compiten, pero comparten un interés común en la perpetuación de sus posiciones. La élite oligárquica, sostienen, es la más poderosa, y su dominio no se ejerce solo a través de las empresas, sino de las redes familiares.
Velasco fue directo tras la elección: el apoyo de las élites a De la Espriella “fue una decisión táctica”. “La derecha sabía que el uribismo tenía que morir para volver al poder”. Y añadió la clave del método: “Abelardo también niega tener partidos tradicionales detrás, habla de ‘los nunca’, dice que es un outsider, pero tiene a muchas constelaciones de élites detrás”.
El libro documenta además un dato inquietante: solo 61 personas han dirigido la economía colombiana en 94 años, ocupando los cargos estratégicos en Hacienda, Planeación y Banco de la República. Pero hace algo más incómodo: identifica 119 familias y 932 personas que, entre 1991 y 2022, concentraron la dirección del Estado y la economía con redes familiares que conectan gremios, juntas directivas, ministerios y medios. —el 0,002% de la población— La tecnocracia no es plural; es un circuito cerrado. Grupo Aval (Familia Sarmiento Angulo), Grupo Gilinski, Grupo Santo Domingo, Organización Ardila Lülle (OAL/Carbe), Grupo Bolívar (Davivienda), Grupo Cibest (Bancolombia), Organización Olímpica (Clan Char), Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) residual (Grupo Sura y Argos).
El método: vetos, purgas y la lógica del bolsillo
La Silla Vacía documentó el modus operandi del nuevo gobierno: un “veto intimidatorio” que consiste en negar el acceso al Ejecutivo a cualquier gremio cuyo líder no sea del agrado presidencial. Bruce Mac Master renunció a la ANDI en cuestión de días tras el mensaje de que, mientras él dirigiera el gremio, no habría interlocución con el gobierno. En la Cámara Colombiana de Infraestructura, Carolina Soto fue nombrada y desnombrada en horas tras una llamada del propio presidente a miembros de la junta, para instalar a Tatyana Orozco, su candidata.
En medios, Caracol Televisión y Blu Radio fueron excluidos de la transmisión de la posesión presidencial. La periodista Camila Zuluaga, con quien el entonces candidato tuvo choques públicos, fue despedida. El propio De la Espriella lo había advertido años atrás: “nada le duele más a ese periodismo independiente que el bolsillo”.
Los ganadores: Aval, Gilinski y la tenaza Murgas–Henao
Grupo Aval (Sarmiento Angulo). Es el eje. Su brazo gremial y corporativo controla ahora la ANDI: Luz Stella Murgas, esposa de Luis Felipe Henao —exdirectivo de la Organización Sarmiento Angulo y expresidente de la Junta de Ecopetrol—, fue instalada en la presidencia del gremio con el guiño del gobierno. Murgas venía de presidir Naturgas, el gremio del gas donde Promigas (filial de Corficolombiana, Grupo Aval) controla cerca del 50% del transporte y distribución de gas en Colombia. Henao, por su parte, fue postulado por las AFP —encabezadas por Porvenir, propiedad del mismo Sarmiento Angulo— para ocupar un asiento en la Junta de Ecopetrol, llegando a presidirla entre julio y septiembre de 2026 para liderar el remezón que sacó a Ricardo Roa. La tenaza es clara: el esposo adentro de la petrolera estatal, la esposa comandando el gremio cúpula del empresariado.
El cierre del círculo llegó en noviembre. El mismo viernes en que Murgas se instalaba en la ANDI, De la Espriella anunció que Luis Felipe Henao dejaría la presidencia de la junta de Ecopetrol para asumir la gerencia del Fondo Milagro, el patrimonio autónomo creado por decreto para manejar los recursos de la reconstrucción tras el terremoto de agosto. Henao no es un técnico neutral: fue ministro de Vivienda de Germán Vargas Lleras, diseñó los Macroproyectos de Interés Social Nacional que transfirieron competencias municipales a fiduciarias privadas, y tras salir del ministerio pasó ocho años en la nómina de Sarmiento Angulo y en la junta de AV Villas. El hombre que direccionó billones de vivienda hacia los bancos ahora maneja la chequera de la reconstrucción. La tenaza no era solo Ecopetrol-ANDI; era también el Fondo Milagro. Y el mecanismo no es el soborno: es el diseño institucional. Un patrimonio autónomo con régimen privado que se salta la Ley 80, un consejo directivo en el que cinco de siete miembros son designados por el Presidente y sin representación de organismos de control, y una fiduciaria (Fiducoldex) que, mediante contratación directa, cobra una comisión de 248,6 millones de pesos mensuales.
Los Gilinski. Jaime Gilinski consolidó el control de Nutresa tras una larga batalla con el GEA, con una inversión inicial superior a US$2.500 millones, en sociedad con el fondo IHC de Abu Dabi (familia real emiratí). Nutresa facturó más de $20,6 billones en 2025, con presencia en 80 países, 47 plantas y más de 47.000 empleados. Su expansión internacional es agresiva: compró La Universal (chocolates, Ecuador), Tío Rico (helados, Venezuela) y Alcora/Yupi (snacks, Panamá). Pero el salto más ambicioso es GeoPark. Gilinski invirtió inicialmente US$107 millones por el 20%, luego aportó un contrato de explotación a 25 años del Bloque Baré en la Faja del Orinoco (Venezuela), con inversiones proyectadas de US$6.800 millones en sociedad con PDVSA) a cambio de acciones, escalando al 56,3%, de una petrolera que cotiza en Wall Street y opera en Argentina (Vaca Muerta) y Colombia. Además, controla Metro Bank (Reino Unido) con una inversión cercana a US$500 millones, y GNB Sudameris (Colombia, Perú, Paraguay), cuyas utilidades crecieron 856% hasta $2 billones.
La cercanía con el gobierno se hizo explícita en agosto de 2026: tras el terremoto, De la Espriella convocó en la Presidencia de Barranquilla a Luis Carlos Sarmiento, Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Fuad Char y los presidentes de Grupo Bolívar y Bancolombia para acordar créditos de vivienda al 8% para damnificados. En septiembre, los mismos apellidos acompañaron al presidente en la "Cumbre Empresarial" de Quibdó.
Los Santo Domingo y el capital simbólico. Alejandro Santo Domingo encabeza el conglomerado más grande del país por ingresos. Pero su poder en este gobierno no reside solo en los 23,5 billones de pesos de Invernac ni en su fortuna personal de 4.100 millones de dólares. Reside en lo que Bourdieu llamaría capital simbólico: la conversión de la riqueza en legitimidad. Su sobrina Tatiana Santo Domingo está casada con Andrea Casiraghi, segundo en la línea sucesoria al trono de Mónaco. Él mismo está casado con Lady Charlotte Wellesley, hija del IX Duque de Wellington y de la princesa Antonia de Prusia. Estos matrimonios no aparecen en los estados financieros, pero en la política colombiana valen oro: cuando el presidente necesita mostrar "confianza empresarial" o "respaldo internacional", la silueta de Alejandro Santo Domingo en la foto hace más que cualquier decreto. Asistió a la cumbre de Quibdó, donde su fundación incluyó a Nuquí y Bahía Solano entre los "Pueblos Milagro" turísticos.
Barranquilla: los Char y el poder político desproporcionado
El Grupo Olímpica de los Char ocupa el quinto lugar entre los conglomerados más grandes de Colombia, con ingresos de $11,8 billones y presencia en 20 sociedades. Pero su poder real es político. Fuad Char fue uno de los primeros en respaldar a De la Espriella, y su alfil Elsa Noguera es la Ministra de Transporte.
El banco de los Char. Serfinanza no compite con Aval o Gilinski en tamaño, pero es una pieza estratégica. Con más de un millón de clientes y un modelo que usa las compras en Olímpica para construir scores crediticios en la base de la pirámide es el brazo financiero de un clan que controla la política de la Costa. Los medios lo documentaron cuando se convirtió en banco en 2019: los Char se volvieron "el único clan político con banco propio". Su utilidad de $6.795 millones en 2025 es modesta, pero su valor no se mide en utilidades: se mide en la capacidad de integrar retail, crédito y maquinaria política en un mismo circuito. El control del comercio minorista en la Costa, su emisora Olímpica Stereo y su maquinaria política local los convierten en un socio indispensable para el gobierno en la región Caribe.
Antioquia: el fin del GEA y el triunfo de Gilinski
El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que durante casi medio siglo articuló el poder económico de Medellín a través de participaciones cruzadas entre Argos, Sura y Nutresa, se disolvió formalmente en julio de 2025. La escisión entregó a los accionistas participaciones directas en cada compañía, poniendo fin al modelo del “Sindicato paisa”. Grupo Argos se enfoca ahora en infraestructura y materiales de construcción (con un portafolio cercano a $40 billones), y Grupo Sura en servicios financieros.
El ganador indiscutible de esta ruptura es Jaime Gilinski, quien se quedó con Nutresa y trasladó efectivamente su centro de poder a Medellín. El GEA ya no existe como actor colectivo. Antioquia pasó de la acción coordinada de una élite regional a la competencia descentralizada, con Gilinski como el nuevo núcleo gravitacional. La diferencia es cualitativa: el GEA era una acción colectiva de una élite regional; Gilinski es una concentración individual con capital emiratí. No es una democratización de la élite; es una concentración. En el portafolio de Milagro Week aparece el Master Plan Barú de Grupo Argos, que por sí solo representa el 25% de toda la plata que se busca recolectar: US$15.000 millones. Es un proyecto que Argos presentó en 2020 y que lleva años esperando.
La captura por dentro: la rosca en las empresas del Estado
Mientras los gremios son decapitados o alineados, el gobierno coloca a los suyos en las juntas directivas de las empresas estatales. La Silla Vacía documentó que 22 personas con vínculos personales o políticos con De la Espriella o con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han llegado a 68 empresas del Estado.
En Ecopetrol, el presidente de la junta es Carlos Suárez, estratega de campaña y “hermano del alma” presidencial, socio de De la Espriella Style (la empresa que vende los licores del presidente). La junta eligió como presidente de la petrolera a Joaquín Gutiérrez, jefe de campaña sin experiencia en hidrocarburos. Cada sesión de junta paga unos 10,5 millones de pesos. En el Fondo Nacional del Ahorro está Marco Fidel Acosta, que manejó la estrategia con comunidades de fe en la campaña. En Findeter, María Paula Tejada, amiga del presidente. En la SAE, Diana Bravo, exsocia de De la Espriella Lawyers. El patrón es consistente: lealtad personal por encima de capacidad técnica, en el corazón del Estado empresarial.
Seguridad: el costo de la inversión y la ilusión del paraguas externo
La plutocracia colombiana tiene un problema que no se resuelve con decretos ni cumbres empresariales: los 28.802 integrantes de grupos armados ilegales que heredó el gobierno —un 90% más que en 2022— no son una amenaza abstracta para el Estado, sino un costo operativo directo para los negocios que Aval, Gilinski, los Char y los Santo Domingo esperan expandir.
Corficolombiana lo documentó: la criminalidad representa cerca del 3,6% del PIB y funciona como un "impuesto invisible" que encarece la operación empresarial. Los proyectos de Milagro Week —ferrocarriles, aeropuertos, corredores viales— requieren décadas de operación estable en territorios donde el Clan del Golfo tiene presencia en 429 municipios y las disidencias en 376. Ningún inversionista compromete 41.900 millones de dólares en un país donde la vía al puerto puede cerrarse por un atentado, como ocurrió en el Cauca con la Panamericana.
De ahí la lógica del Escudo de las Américas: no es solo una alianza geopolítica, es el paraguas de seguridad que el gobierno necesita para que los proyectos de Milagro Week sean bancables. La coalición, impulsada por Trump, reúne a más de una decena de países y su objetivo declarado es coordinar la lucha contra los cárteles. Colombia firmó la adhesión el día de la posesión y anunció la sede regional en Medellín. Pero aquí conviene ser preciso, porque el análisis fácil se agota en decir que el Escudo es "una criatura de Trump". El intervencionismo no nació con Trump. La doctrina Monroe (1823) y su corolario Roosevelt (1904) establecieron el hemisferio como zona de influencia exclusiva de Washington. Lo que Trump hizo fue rebautizarla como "doctrina Donroe" y radicalizar sus métodos: secuestro de Maduro, amenazas militares directas, desdén por el multilateralismo. Pero la lógica de fondo —América Latina como "patio trasero" y fuente de recursos estratégicos— tiene dos siglos.
Y los demócratas no han sido ajenos a esa lógica. El Congreso demócrata que asume en enero de 2027 no va a desmantelar el Escudo por convicción pacifista. Lo que va a hacer es someterlo a supervisión y limitar su financiamiento. El análisis de CNN citado por Diario Extra es claro: el nuevo equilibrio legislativo genera "dudas sobre la continuidad de algunos acuerdos económicos, comerciales y de seguridad", y la asistencia a Colombia —hasta 1.000 millones de dólares anunciados por el Departamento de Estado— queda sujeta a aprobación congresional. Es decir: el Escudo no muere, pero se burocratiza y se condiciona.
Milagro Week: la plutocracia también compite por proyectos
Del 16 al 19 de noviembre, el gobierno presentará en Nueva York 97 proyectos con expectativas de inversión de 41.900 millones de dólares. Los proyectos abarcan ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, energía y centros de datos. Entre los emblemáticos: el corredor ferroviario interoceánico (Cupica-Turbo), el Tren del Pacífico, la ampliación de El Dorado (EDMAX, 12,69 billones de pesos), el nuevo aeropuerto de Cartagena-Bayunca (6,13 billones), y el corredor Villeta-Guaduas-El Korán (5,5 billones de CAPEX).
Pero aquí está el detalle que importa: los proyectos no son nuevos. De los 97 proyectos, solo uno es nuevo y apareció dentro de este gobierno. La amplia mayoría son proyectos que ya existían antes del 7 de agosto, algunos esperando licencias o socios desde hace años. El Master Plan Barú de Grupo Argos representa el 25% de toda la plata que se busca recolectar: 15.000 millones de dólares. La térmica Nencol 5 en Santa Marta (1.768 millones) y la zona franca Induenergy (1.467 millones) también estaban en carpeta.
La coincidencia con Quibdó es elocuente: en septiembre, Gilinski, Santo Domingo y Sarmiento prometieron 1 billón de pesos en infraestructura para Chocó, incluyendo el estudio de un "canal interoceánico o ferrocarril" . Dos meses después, ese mismo corredor interoceánico aparece en el portafolio de Milagro Week. Los mismos apellidos, los mismos proyectos, solo que la "contraparte" cambió de Abelardo a inversionistas extranjeros. La ANDI de Murgas es el engranaje que articula esta cadena: el gobierno necesita capital extranjero, los conglomerados necesitan proyectos, y la ANDI proporciona el "consenso".
La disputa de fondo: ¿refundación o reacomodo?
La pregunta que Velasco y Pearce plantean es si lo que estamos viendo es un “cambio de élites” o una simple reconfiguración dentro de las mismas constelaciones. La evidencia apunta a lo segundo.
El GEA se disolvió, pero Gilinski —un vallecaucano con base en Medellín— ocupó su lugar. Los Char no desplazaron a nadie: se sumaron al círculo de poder con una ministra y proyectos de infraestructura. El Grupo Aval no necesitó comprar medios ni gremios: el gobierno se los entregó al vetar a quienes no se alineaban. Las élites no están siendo reemplazadas. Están siendo realineadas alrededor de un nuevo centro de gravedad: el Ejecutivo de De la Espriella y sus socios corporativos.
El estilo es el de la nueva derecha global: el “outsider” que denuncia a las élites mientras gobierna con ellas, el líder que promete refundar el Estado mientras entrega las juntas directivas a sus amigos, el presidente que habla de “los nunca” mientras su ministro de Hacienda es hermano de su principal aliado en el Congreso. Velasco lo dijo: “Gobierne quien gobierne, las reglas del juego siempre las escriban los mismos dueños del capital”.
Vilfredo Pareto sostuvo que la historia es un cementerio de aristocracias: las élites son constantemente reemplazadas. Colombia parece confirmarlo: el GEA se disuelve, Gilinski ocupa su lugar; Mac Master cae, Murgas sube. Pero la intuición profunda de Pareto es la contraria: circulan las personas, no la estructura. La dualidad "minoría que manda / mayoría que obedece" se reproduce en cada "circulación". Gilinski no reemplaza al GEA con una democratización de la élite, sino con una concentración.
Zygmunt Bauman describió la disolución de las estructuras sólidas. El orden político colombiano ciertamente se licúa: los gremios dejan de ser intermediarios estables, los medios pierden independencia, el territorio se fragmenta. Pero el poder mismo no se licúa. Bajo la superficie líquida, el capital financiero se concentra a velocidad acelerada. Lo líquido es la certeza de los gobernados; lo sólido es la cartera de los gobernantes.
Esa disolución tiene un nombre técnico. Daniel Innerarity la llama "desintermediación": partidos, sindicatos, gremios y medios pierden credibilidad, y el ciudadano queda frente al poder sin filtros colectivos. De la Espriella explota esa crisis con precisión: ataca a los gremios, a los medios, a los partidos, y se presenta como líder no mediado. Pero la mediación no desaparece: se sustituye. Los viejos intermediarios colectivos son destruidos y reemplazados por intermediarios personalizados: la pareja Murgas–Henao, Carlos Suárez, Joaquín Gutiérrez. No es que no haya mediación; es que ahora la mediación tiene nombre propio y apellido familiar. Steven Levitsky y Lucan Way han descrito este tipo de régimen como híbrido: hay elecciones, pero el incumbente abusa de los recursos estatales y manipula los medios. Colombia no encaja aún plenamente —el poder judicial conserva cierta independencia—, pero la tendencia es clara: el presidente firma una alianza militar extranjera el día de su posesión, sin autorización del Congreso; los líderes gremiales renuncian horas después de una llamada presidencial; los periodistas son despedidos por la presión del "bolsillo". La cáscara electoral se conserva; el núcleo competitivo se vacía.
Y aquí es donde Pierre Bourdieu ofrece la pieza que falta. Llamó "violencia simbólica" al arte de mantener el dominio haciendo que los dominados acepten las categorías de los dominantes. Precisamente, la operación central de De la Espriella es presentar la recomposición oligárquica como revolución antiélite. Su retórica contra los "viejos gremios" invita a ´misreconocer´ la concentración de poder de Aval y Gilinski como "cambio". Bourdieu subraya además que el Estado es el centro del poder simbólico: controlar el Estado es controlar la clasificación y la legitimación. Cuando el gobierno usa la lista de "narcoterroristas" para clausurar el diálogo, cuando firma una alianza militar el día de su posesión, cuando las juntas de las empresas públicas son extensión del equipo de campaña, el Estado está siendo remodelado como máquina de clasificación simbólica cuya función es legitimar la nueva concentración de capital. El presidente ataca a Mac Master y a Caracol, y esa performance pública —el ataque a los poderosos— funciona como pantalla que oculta que los beneficiarios reales son otros poderosos, más concentrados y más cercanos al nuevo poder.
Prospectiva: tres escenarios
Escenario 1: Consolidación plutocrática (probabilidad alta). El gobierno profundiza la desregulación, la inversión pública se contrae aún más, y los conglomerados financieros y energéticos llenan el vacío. La ANDI, convertida en correa de transmisión del Ejecutivo, deja de ser un contrapeso. Los medios independientes sobreviven en el margen digital. La desigualdad se acentúa. Es la versión más oscura de la modernidad líquida: todo lo sólido se disuelve, excepto el oro.
Escenario 2: Fractura de la coalición (probabilidad media). Los intereses de Aval, Gilinski y los Char no son idénticos. Aval quiere estabilidad regulatoria y acceso al crédito público. Gilinski quiere expansión internacional y libertad para sus operaciones petroleras. Los Char quieren infraestructura para Barranquilla y control político local. Si el gobierno no puede satisfacer a todos simultáneamente —por restricciones fiscales o por la crisis económica—, la coalición se agrieta. Un giro hacia el conflicto con Estados Unidos (socio clave de Gilinski en GeoPark y de los Char en comercio) podría romper el equilibrio.
Escenario 3: Crisis y realineamiento (probabilidad baja pero no descartable). Un choque externo —caída del petróleo, cierre de mercados, escalada de violencia— obliga a un ajuste fiscal severo. El gobierno, sin base política propia más allá del Congreso prestado, pierde capacidad de arbitraje. Las élites, que apoyaron a De la Espriella como decisión táctica, comienzan a buscar un reemplazo.
La plutocracia bananera del siglo XXI no necesita decretos de expropiación ni sobornos evidentes. Le basta con que el árbitro del juego sea, también, uno de los jugadores. Pero a diferencia de épocas anteriores, ya no necesita ocultarlo: el veto es público, la puerta giratoria es legal y el desastre se administra como negocio. En Colombia, por ahora, el árbitro viste de traje, tiene casa en Barranquilla y almuerza con los Gilinski. La República de los dueños no es una metáfora: es un manual de operaciones.
X: @YesmilPerez
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