Uno no alcanza a entender por qué sectores de la política tradicional aborrecen un Acuerdo así. Son ya diez años de infames calumnias

- La histórica resiliencia del Acuerdo Final de Paz
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Se producen múltiples celebraciones con ocasión de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, un acontecimiento que con los años adquiere mayor dimensión política. Hay quienes se empeñan en reducirlo a un hecho incómodo y pasajero, que por alguna razón se sigue recordando. Pero también hay quienes aplauden su inmenso valor, reconociendo en él una hoja de ruta excepcional hacia la construcción de una nueva Colombia.

Las extintas FARC libraron una cruenta confrontación armada durante más de medio siglo, que logró repetidamente estremecer la nación colombiana. La desproporción violenta de los asaltos a Marquetalia y Riochiquito contrastó con los innumerables ataques a puestos policiales que dejaron enorme destrucción, así como el Acuerdo de Paz de La Uribe recibió en pago el exterminio de la Unión Patriótica. El atroz paramilitarismo fue la respuesta estatal al crecimiento insurgente.

Los principios éticos que guiaban a las FARC, a más de su propia normatividad, cedieron innumerables veces por cuenta de la arremetida enemiga, así como los principios y normas constitucionales que en teoría guiaban la acción del Estado, fueron arrasados reiteradamente por sus fuerzas armadas enceguecidas por el odio. El informe final de la Comisión de la Verdad, así como las diligencias y resoluciones de la JEP se encargan de ponerlo de presente.

El Acuerdo reconoció que no hubo buenos ni malos, sino dos bandos que con sus acciones ocasionaron millones de víctimas. Así como que no había vencedores ni vencidos. Examinó, con participación de expertos de las dos partes y la academia, cuáles habían sido las verdaderas causas que habían generado esa tragedia nacional. Y se propuso remediarlas. Con una reforma rural integral, una ampliación de la democracia y una solución integral al problema de las drogas.

Mediante la reforma rural se pretendió entregar en propiedad tierra a centenares de miles de familias campesinas, afrodescendientes e indígenas, tomando en cuenta las mujeres y diversidades. Darles asistencia técnica, créditos, comercialización a sus cosechas. Sacar el campo del atraso, con vías, infraestructura de servicios públicos, vivienda, salud, educación. El Estado debía ejecutar un plan marco de implementación durante los siguientes 15 años.

La pobreza rural debía ser eliminada. También las evidentes brechas entre la ciudad y el campo. Por otro lado, se acordó que se eliminarían en Colombia todas las barreras para que pudieran florecer las más diversas formas de acción política legal, dotando de garantías plenas a las fuerzas de oposición, incluida la que surgiera de la reincorporación de los antiguos alzados en armas. La vida, la integridad, la seguridad de todos serían obligación del Estado.

Junto con la reforma rural integral, que debía llegar también a las regiones de cultivos de uso ilícito, se adoptarían planes formales de sustitución y desarrollo económico, con apoyo estatal. Se combatirían las mafias del narcotráfico con energía, en conjunto con la comunidad internacional, y se aplicarían apoyos humanitarios a las víctimas de la drogadicción. Habría un tratamiento judicial especial para los campesinos reos por sembrar cultivos de los que derivaran drogas.

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Las víctimas del conflicto serían resarcidas económicamente por el Estado, quien asumía así su responsabilidad, pero debían ser reparadas con justicia. Tendrían el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, la cual sería suministrada voluntaria y plenamente por los actores de los hechos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estos últimos, en compensación por la verdad, recibirían tan solo sanciones restaurativas.

Los que dejaban las armas gozarían de todas las garantías para su reincorporación económica, política, social y cultural a la sociedad colombiana. No serían víctimas de la estigmatización. Y habría monitoreo del cumplimiento del Acuerdo, obligación sagrada del estado colombiano, reconocida ante la comunidad internacional. Los odios debían desaparecer, nos aprestaríamos entre todos los colombianos para la reconciliación y la construcción de un país mejor.

Uno no alcanza a entender por qué sectores de la política tradicional optaron por aborrecer un Acuerdo así. Sólo puede concluir que la violencia, el conflicto y sus desastres les implican enormes beneficios. Lo cierto es que durante diez años continuos han trabajado por destruirlo, recurriendo a las más infames calumnias. Reconocerles sus derechos a las mujeres y diversidades fue convertido en ideología de género. La verdad en impunidad. La reforma rural en expropiación.

Prefieren que los campos del país sigan hundidos en el abandono, que la inseguridad y la violencia sean el ambiente cotidiano de millones de familias campesinas, que florezcan y crezcan grupos violentos que les permitan continuar haciendo negocios con recursos para la guerra. Que asesinen a los firmantes de paz, que los señalen y repudien en todos los escenarios. Que sigan siendo ocultos los peores crímenes de agentes estatales y terceros.

Pese a los incumplimientos y rezagos, el Acuerdo Final de Paz de La Habana sigue vivo, junto con millones de colombianos que exigen su cumplimiento.

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Por Gabriel Ángel

Bogotano, bachiller de San Bartolomé y abogado de la Universidad Nacional. Militante de la Unión Patriótica, tras graves amenazas de muerte, decidió unirse a las Farc en 1987. Miembro de la Comisión Temática adjunta a la Mesa de Diálogos en el Caguán, asesor político del Bloque Oriental, participó al lado de Timoleón Jiménez en las negociaciones de paz que culminaron con la firma del Acuerdo Definitivo en noviembre de 2016. Autor de la novela “A quemarropa” (2014) y el libro de cuentos “La luna del forense”. Columnista de opinión en el portal de las Farc, en su espacio llamado “La pluma de Gabriel Ángel”.