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«Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos». Con esa frase acompañó el presidente, en agosto, la orden de deportar extranjeros. ¿Alcanza para situarlo en la derecha radical populista? Cas Mudde reserva ese nombre para los movimientos que reúnen nativismo, autoritarismo y populismo. Uso esa tríada para ordenar lo que hay que mirar, sin dar por hecho que el presidente cabe en ella. Escribo con corte al 10 de noviembre, cuando ya hay actos de gobierno que mirar además de discursos de campaña, y con una precaución que tomo de Juan Carlos Ubilluz. Su ensayo Sin odiar al enemigo (Taurus, 2026) pide estudiar a esta familia política en frío. Un penalista entiende la razón, porque el odio ahorra la prueba.
El populismo es lo mejor probado. De la Espriella no se limita a invocar a la gente. Se presenta como su representante directo y opone esa investidura a una «casta». En noviembre de 2025 resumió la idea en una entrevista con Semana: «al final, el pueblo es el que decide». Hay un matiz. La línea que traza entre el pueblo y la élite tiene excepciones, porque acepta el respaldo de partidos y congresistas que digan compartir sus principios. La prueba de este rasgo, de todos modos, no está en la retórica. J. Mauricio Gaona advierte en La Constitución soy yo (Crítica, 2026) sobre el gobernante que habla en nombre del pueblo para apropiarse de la Carta. Para saber si un presidente va por ese camino hay que mirar cómo se conduce frente al juez que lo contradice.
Ahí entra el segundo rasgo. Mudde llama autoritarismo a la fe en el orden y en el castigo severo, no a la dictadura, y en ese sentido el rasgo aparece en su idea del castigo. En 2024, antes de ser candidato, propuso una ley que permitiera capturar «omitiendo ciertos procedimientos judiciales». Ya en el cargo cerró las mesas de diálogo, y el 4 de noviembre sancionó la Ley 2640, que excluye la negociación política con los grupos armados y los reúne a todos bajo el nombre de «Actores Armados Ilegales o Terroristas». A esa ley se le puede criticar la imprecisión del nombre. Hay que reconocerle que salió del Congreso y que atiende un encargo de la Corte Constitucional, el de la sentencia C-525 de 2023. Un proyecto punitivo tramitado por ley no es un régimen de excepción. Lo mismo vale para las cárceles en buques, que siguen en estudio y tendrán que ajustarse al artículo 126 de la Ley 65 de 1993.
Frente a los jueces hay señales en los dos sentidos. Varios restringieron los bombardeos donde podía haber menores reclutados y uno suspendió la aspersión aérea. El presidente dijo ante la Corte Constitucional «Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones», y diez días antes había dicho en una alocución «Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno». Acata y disputa. Con la prensa ocurre algo parecido. El País registró el 2 de septiembre ruedas de prensa en las que no se admitieron preguntas, y la Presidencia ordenó al día siguiente, por directiva, que los ministros coordinen con ella sus entrevistas. Eso permite hablar de centralización, no de censura.
El nativismo es el rasgo más débil, y para Mudde es el central. La Presidencia informó 812 deportaciones y expulsiones entre el 7 de agosto y el 29 de octubre, sin desglosar todas las causales, y aplicar la ley migratoria no prueba una doctrina. Pesa más el lenguaje. Ante la Corte, el presidente llamó a las ideas del gobierno anterior «ajenas a nuestra tradición», con lo cual llevó una disputa ideológica al terreno de lo propio y lo extraño. En campaña anunció, según Semana, el retiro de la ONU, la OEA y la CIDH, y en agosto Caracol Radio difundió la versión de una salida de la Corte Penal Internacional. En septiembre la Cancillería dijo a El Espectador que no había decisión sobre la ONU ni instrucción alguna para denunciar el Estatuto de Roma. Si esa salida llegara a concretarse, la desconfianza hacia lo extranjero dejaría de ser solo discurso. Conviene recordar que la Fiscalía de esa Corte cerró en 2021 su examen sobre Colombia después de comprobar que la justicia nacional funcionaba.
Ubilluz corrige a Mudde en un punto que nos toca. Sostiene que en América Latina la inmigración pesa menos que en Europa y que su lugar lo ocupan el género y las identidades religiosas. Aplicada al caso, la corrección cambia el orden de las preguntas. Hay religiosidad pública en este Gobierno y hay reportes de prensa sobre posiciones de campaña contra el aborto. No he examinado de primera mano sus decisiones sobre familia, género o derechos de las personas LGBT, y sin ese examen la hipótesis queda abierta.
Queda la distinción que más importa. La derecha radical acepta las elecciones y pone a prueba los límites liberales. La extrema derecha rechaza la democracia como principio. En lo que he revisado, De la Espriella apela una y otra vez a las urnas y a las instituciones, y no propone abolir la competencia electoral. A mi juicio se acerca a la primera categoría, con un populismo claro, un autoritarismo punitivo y un nativismo todavía débil que impide darla por cumplida. Se me objetará que desconfío de las etiquetas y termino poniendo una. La ofrezco como punto de partida. Tres meses no dan para un diagnóstico de régimen, y lo que ocurra con los jueces y con la prensa mostrará el rumbo. Nada de esto es una imputación, sino una manera de mirar a un gobierno sin aplaudirlo ni detestarlo. Lo escribo a título personal.
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