Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas
El pasado 30 de octubre se llevó a cabo en Bucaramanga, el 32.º Congreso Nacional de la Hotelería. Fuimos invitados por Cotelco, para compartir nuestra más reciente investigación sobre la informalidad, inseguridad y competencia desleal en la vivienda turística en Colombia. Un escenario muy propicio en la actualidad, porque cuando la informalidad crece sin prevención ni control, las economías criminales se apropian silenciosa y sistemáticamente del sector.
La doctrina internacional define el comercio ilícito de bienes y servicios, como toda actividad comercial que evade el control estatal, tributario o regulatorio y que facilita otros ilícitos. Aquí es donde, la delincuencia encuentra espacio para ocultar dinero, personas, medios y actividades ilícitas. Es lo que pasa con la vivienda turística informal e ilegal, que crece y opera sin controles. Por esto los invito a explorar un poco más sobre el fenómeno de la gentrificación, que se expande universalmente y de manera descontrolada.
Alquilar una vivienda por noches es legal y crece vertiginosamente. Pero el problema es no saber quién ofrece el alojamiento, quién entra a él y si se cumplen las reglas. Igualmente, y más grave aún, si se está comprando para limpiar dinero sucio. Estos y otros interrogantes son los que nos planteamos desde Strategos BIP a través de nuestra herramienta CIMA que investiga, monitorea y analiza el comercio ilícito.
Según Cotelco, al cierre de 2025 había 113.679 alojamientos anunciados en plataformas digitales. En octubre de 2026, el Registro Nacional de Turismo tenía 76.216 viviendas activas. La diferencia, 37.463 unidades, equivale a cerca de un tercio de la oferta digital. El 41% de diferencia entre lo que se gasta en turismo y se ocupa en alojamiento, se agrega a esta brecha sospechosa, que si bien, no prueba informalidad e ilegalidad, si dificulta su verificación y trazabilidad.
Esta brecha tiene consecuencias, pues las evidencias corroboran que la mayor parte de las viviendas turísticas vinculadas con actividades ilegales, no cumplían con los requisitos de ley. En Ibagué, la Policía capturó en 2024 a integrantes de una banda que alquilaba apartamentos por periodos cortos para hurtar conjuntos residenciales. En Bogotá, en 2026, fue capturado un cabecilla de Los Choneros de Ecuador, con notificación roja de Interpol. En Medellín, varias viviendas han sido utilizadas para explotación sexual de menores, y hasta laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en viviendas turísticas, han sido desmantelados por las autoridades.
Estos hallazgos no pretenden estigmatizar la vivienda turística, pero el riesgo acecha. Demuestran que donde el control falla, se abona terreno a la criminalidad. A ello se suma, el riesgo de lavado de activos, mediante múltiples modalidades, particularmente en paraísos financieros y zonas turísticas.
También hay un tema de justicia con quienes cumplen. El hotelero formal paga impuestos, reporta a sus huéspedes, responde por la seguridad, pero compite contra quien no asume ninguna de esas cargas. Hacer más fácil cumplir y más riesgoso incumplir, es el principal reto.
¿Qué proponemos? Un registro que pueda verificarse, con cruces de información automatizados entre autoridades y el sector privado. Identificación efectiva de los huéspedes, con protección de datos personales. Plataformas digitales que validen los registros y retiren anuncios irregulares. Mayor inteligencia e investigación, así como control enfocado donde está el riesgo. Coordinación ágil y funcional entre la Policía, la Fiscalía, Migración, la DIAN y la UIAF con la industria. Y claro, canales sencillos, seguros y efectivos que incentiven la denuncie.
La expansión de las viviendas turísticas representa una oportunidad económica para Colombia, pero su crecimiento también exige mecanismos de supervisión acordes con las características de un mercado cada vez más digital, frágil y cooptado por las economías criminales.
Los hallazgos del estudio muestran que la falta de una regulación adecuada, de controles efectivos y las limitaciones de las autoridades, generan problemas de competitividad, facilitan el incumplimiento tributario, aumentan el delito y la inseguridad y abre puertas a los activos ilegales.
Frente a estas vulnerabilidades, Colombia no parte de una ausencia de regulación. Ya existen obligaciones para los prestadores y las plataformas, así como propuestas para fortalecer su aplicación. La prioridad debe ser hacerlas efectivas con información confiable, responsabilidades claras y acciones de control sostenidas que permitan prevenir, intervenir y anticiparse a los riesgos más relevantes.
También le puede interesar:
Anuncios.
