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No me molesta que Colombia rinda homenaje a Antonio Navarro Wolff. Me molesta que, entre tantos elogios, el comandante del M-19 termine convertido en una nota al pie de la biografía del constituyente. Navarro contribuyó a la Constitución de 1991, participó en la desmovilización de su organización y construyó una trayectoria política reconocida. Bien por él. Pero su vida no comenzó cuando decidió abandonar las armas. Y la historia tampoco tiene por qué terminar donde empiezan los homenajes.
Hay algo que me cuesta aceptar de nuestra manera de entender la paz. Hemos convertido el abandono de la violencia en una virtud que parece exigir gratitud permanente. Dejar las armas contribuyó a terminar una confrontación. Pero dejar de disparar no es un favor que se les hace a los colombianos. Nadie adquiere una deuda moral con quien finalmente acepta que las ideas se defienden con argumentos y votos, no con fusiles.
Navarro fue comandante del M-19. No un simpatizante ocasional ni un espectador de aquella guerra. Integró la dirección de una organización que cometió crímenes y dejó víctimas. Su condición de comandante permite preguntar qué decisiones tomó y qué responsabilidad tuvo en ellas. El mando no es un adorno que se exhibe durante la guerra y se guarda discretamente cuando llega la paz. Esas preguntas no deberían depender de la popularidad que alcanzó después.
Ahora se propone que el Congreso honre su memoria. La iniciativa merece una discusión que vaya más allá de los elogios: ¿se recordará también al comandante del M-19 o únicamente al constituyente? Cuando el reconocimiento se hace desde las instituciones, la selección de los recuerdos deja de ser un asunto exclusivamente privado.
Hay una contradicción que me resulta difícil aceptar. Celebramos la transformación de quienes abandonaron las armas, pero a veces esperamos algo parecido de quienes padecieron la violencia: que perdonen, que comprendan y que dejen atrás sus reclamos. El antiguo combatiente puede recibir homenajes por haber cambiado de camino; la víctima no debería tener que explicar por qué todavía tiene preguntas. El perdón, cuando existe, pertenece a quien sufrió el daño.
Un acuerdo de paz no es una lavandería de biografías. Puede terminar una confrontación, abrir espacios democráticos y ofrecer nuevas oportunidades. Pero no convierte el pasado en una página en blanco. Un indulto tampoco compra el perdón de nadie. El Estado puede tomar decisiones para detener una guerra; no puede negociar los recuerdos de una familia ni declarar que sus preguntas han perdido vigencia.
La muerte de Navarro merece respeto. Su familia tiene derecho al duelo y sus amigos a despedirlo con afecto. Pero el respeto no obliga a participar en una admiración colectiva. Una ceremonia fúnebre puede seleccionar los mejores recuerdos de una persona; la historia no tiene ese privilegio. Si la crítica debe suspenderse cada vez que muere un personaje público, terminaremos escribiendo el pasado como una sucesión de discursos de despedida.
Tampoco acepto que la Constitución de 1991 funcione como respuesta automática a cualquier cuestionamiento sobre quienes ayudaron a construirla. Su importancia no depende de convertir a sus protagonistas en figuras intocables. Navarro hizo aportes a la democracia. Esos aportes pueden defenderse sin ocultar su pasado guerrillero. La Constitución no pierde valor porque examinemos la trayectoria de uno de sus protagonistas.
El problema de Colombia no es la falta de discursos sobre reconciliación. Es la facilidad con que utilizamos esa palabra para evitar discusiones difíciles. Se habla de pasar la página, pero pocas veces se pregunta quién tiene derecho a decidir cuándo hacerlo. Para un antiguo combatiente, la firma de un acuerdo pudo marcar el comienzo de una nueva vida. Para una familia que perdió a alguien, esa misma fecha no necesariamente significó el final de su historia. Las dos experiencias no tienen por qué coincidir.
Algunas víctimas habrán perdonado, otras no. Algunas encontrarán motivos para reconocer la transformación de Navarro; otras recordarán primero su pasado guerrillero. No necesitan ponerse de acuerdo ni adoptar la versión más celebrada de un personaje público. La memoria de una guerra no se decide por mayoría ni se resuelve mediante una ceremonia.
Navarro tuvo la oportunidad de cambiar las armas por los votos y construyó una vida política que merece ser examinada por sus méritos. Pero el éxito de esa segunda etapa no convierte la primera en un asunto cerrado. La democracia que lo recibió también debe admitir que sus ciudadanos cuestionen su trayectoria sin tener que demostrar previamente su compromiso con la paz.
No cuestiono el derecho a homenajearlo. Cuestiono que el homenaje termine imponiendo una forma conveniente de recordar.
Dejar las armas fue una decisión que Colombia necesitaba. Dejar de recordar nunca fue una obligación de sus víctimas. Sería una derrota de la paz que el reconocimiento de quienes hicieron la guerra terminara pesando más que el derecho a reclamar justicia de quienes la padecieron.
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