Desde el 1 de enero de 2027, los trayectos de las patinetas y las motos eléctricas sin control sobre andenes y ciclorutas empezarán a salir caro para sus dueños. El Ministerio de Transporte expidió un decreto, firmado por la ministra María Fernanda Rojas con la cual busca una movilidad más segura, ordenada y sostenible. Antes de ponerles reglas, tuvo que clasificarlos: por primera vez hay una diferencia oficial entre vehículos no automotores y automotores, con categorías para bicicletas eléctricas, patinetas, monociclos, triciclos y ciclomotores. La norma aplica a los que pesan hasta 60 kilos con la batería incluida o, si pesan más, no pasan de 40 kilómetros por hora.
El cambio más visible es la identificación. Desde el 1 de enero, cada vehículo debe llevar una lámina con marca, modelo, número de serie, año de fabricación, peso, potencia, categoría, clase y velocidad máxima. No equivale a una matrícula, pero le sirve a la autoridad de tránsito para saber qué tiene al frente y si anda más rápido de lo que debería. Fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores tendrán que entregarla ya instalada. Quienes compraron antes de esa fecha tienen hasta el mismo día para ponerla, y pueden sacar los datos de la factura, del manual o de los papeles del vendedor.
Después viene el aparato en sí. Debe tener frenos que actúen en todas las ruedas, luz blanca adelante, luz roja atrás, pito o timbre, una pantalla que muestre velocidad y carga de la batería, direccionales y un limitador de velocidad. También un mecanismo que impida modificar el motor o la velocidad de fábrica, que apunta a los vehículos trucados. Los monociclos se salvan de pito, velocímetro y direccionales.
La velocidad es el límite que más se va a sentir. En ciclovías y zonas deportivas o recreativas, 25 kilómetros por hora. En calzada, hasta 40, siempre que se cumplan las condiciones de la norma. Fuera de las ciudades solo pueden circular las bicicletas eléctricas, y no pueden pasar por túneles, viaductos ni vías férreas, ni por carreteras con límite de 80 kilómetros por hora o más. Las patinetas y los demás dispositivos quedan fuera de las carreteras rurales.
Los peatones son los que más ganan con el resto del texto. Queda prohibido andar por andenes, aceras, zonas verdes o cualquier espacio de uso exclusivo peatonal, igual que hacer maniobras acrobáticas en vías abiertas al tráfico. El casco certificado es obligatorio para todos los conductores, y entre las seis de la tarde y las seis de la mañana también lo es una prenda retrorreflectiva que cubra pecho y espalda. En buses, estaciones y terminales del transporte público no podrán entrar ni patinetas ni bicicletas eléctricas, al menos por ahora: las autoridades locales y los operadores tienen doce meses para definir cómo se manejarían las baterías de litio antes de decidir si lo permiten.
Las multas llegan con retraso calculado. El Ministerio dio tres meses de pedagogía, con apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que terminan en diciembre de 2026. Los comparendos se aplicarán desde el 1 de enero. Según la Ley 2486, andar sin casco, llevar menores sin autorización o manejar borracho puede terminar con el vehículo inmovilizado, y adelantar por la derecha tiene una multa de seis salarios mínimos diarios, unos 350.178 pesos.
A los fabricantes y usuarios la resolución les promete algo parecido a seguridad jurídica, porque hasta ahora cada ciudad improvisaba. A quien usa la patineta para ir al trabajo le deja una tarea con menos de dos meses de plazo: conseguir la lámina, comprar el casco y la prenda reflectiva, revisar que el aparato tenga todo lo exigido y buscar una ruta que no pase por el andén.
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