El Museo Nacional reinstaló este viernes 30 de octubre las 63 piezas artísticas e históricas que habían sido retiradas de sus salas el pasado 15 de octubre. Los objetos están otra vez en paneles y vitrinas, junto con documentos, publicaciones y material audiovisual de la historia política del país.
Todo empezó con un discurso. El presidente Abelardo de la Espriella anunció una “contrarrevolución cultural”, cuestionó el wokismo y dijo que ciertas representaciones en espacios públicos eran apología del terrorismo. Pocos días después, funcionarios del Ministerio de Cultura entraron al museo y desmontaron piezas de varias salas. Al principio se habló de unas treinta, luego de unas cincuenta. El conteo final fue de 63.
La orden salió del primer piso del poder. El propio Ministerio reconoció, en un documento de 144 páginas presentado el 20 de octubre, que el retiro se hizo por instrucción del presidente. La ministra Paola Holguín la ejecutó y la defendió: dijo que los museos públicos no deben servir para adoctrinar ni para difundir versiones sesgadas de la historia. El Gobierno habló de revisión de exposiciones, rotación de colecciones y neutralidad institucional.
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Lo que salió de las paredes tenía un patrón. Eran piezas sobre los movimientos feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz de 2016 con las Farc. Entre ellas estaban una bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo y el Balígrafo, la pluma hecha con una bala que sirvió para firmar el acuerdo. También volvieron los afiches de campaña de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados en 1990, y un ejemplar de la Séptima Papeleta, el voto simbólico que impulsó la Constituyente de 1991. Hubo además cambios en el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz.
La reacción llegó rápido y desde varios frentes. Los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa, junto con el representante del Pacto Histórico Gabriel Becerra, presentaron una tutela. Profesores universitarios trasladaron sus clases a la escalinata del museo. La Defensoría del Pueblo le pidió a la ministra los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos del desmonte, y cuestionó la actuación de la Policía en las protestas. La JEP exigió al Ministerio y al museo un inventario completo en cinco días. El ICOM y varios museos de arte moderno rechazaron el retiro. La historiadora del arte Maríapaz Gaviria publicó fotos de las salas vacías, y la senadora Jennifer Pedraza anunció un debate de control político a la ministra.
El 19 de octubre el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió la tutela y ordenó conservar todo lo retirado, sin destruirlo, alterarlo ni sacarlo del museo. También prohibió nuevos retiros sin un acto administrativo que los justificara y le dio un día hábil al Ministerio, al museo e incluso al presidente para responder.
La respuesta del Gobierno fue jurídica. Con base en el Decreto 1446 del 28 de septiembre, que manda al Consejo de Estado las tutelas contra el presidente, pidió sacar el caso del juzgado de familia. El juez no aceptó. Razonó que la tutela iba contra el Ministerio y el Museo, que fueron quienes ejecutaron el retiro.
El 28 de octubre el juez César Enrique Osorio Ortiz resolvió de una sola vez quince tutelas presentadas en Bogotá y Medellín. Su sentencia, de 38 páginas, habla de un retiro injustificado: sin evaluación curatorial, sin acta del Comité de Gestión Patrimonial del museo, y por una orden verbal del presidente. Dice también que las preferencias ideológicas de una autoridad no bastan por sí solas para excluir contenidos de una exhibición pública.
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El fallo no fue un cheque en blanco para los accionantes. El juez negó la petición de que el presidente ofreciera disculpas públicas. Y aclaró que el museo puede revisar sus salas, siempre que lo haga por las vías institucionales y con una justificación verificable. Las piezas deben quedarse mientras el Comité de Gestión Patrimonial hace esa evaluación.
Queda un cabo suelto: la sala “Fuerza, fe y sustancia” seguía cerrada este viernes mientras se completaba el montaje. Becerra celebró el fallo como una victoria de la memoria de las víctimas. El Gobierno no ha dicho si lo acatará sin más o si buscará otra vía para insistir.
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