El exministro Alberto Carrasquilla lleva el estigma que le crearon críticos y detractores que lo responsabilizan del paro cívico que estalló en 2021, tras una reforma fiscal impulsada por él y basada en un enfoque de austeridad y de promoción de impuestos al consumo masivo.
Aunque su nombre es usado como referencia por quienes critican los duros ajustes fiscales que se avecinan, su impronta se encuentra en el proyecto de ley de rescate económico radicada el 29 de octubre de 2026 en el Congreso por el gobierno De La Espriella, así el no haya hecho parque del equipo técnico que preparó la iniciativa.
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Dos figuras inspiradas por él están presentes en el texto. Por un lado, se encuentra una réplica de la propuesta de IVA con devolución que hizo en 2021 el Gobierno de Iván Duque, cuando Carrasquilla era el ministro de Hacienda y el ministro de Comercio era justamente José Manuel Restrepo, actual vicepresidente de la República.
Por otro lado, el mecanismo RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial) se parece una reedición de los contratos de estabilidad jurídica que creó el gobierno de Álvaro Uribe por consejo de equipo experto del que hacía parte el mismo Carrasquilla.
El proyecto de rescate económica, que busca paliar la crisis fiscal que De La Espriella le atribuye a la herencia de Gustavo Petro, tuvo como oreros de filigrana a dos hombres que comulgan con las mismas ideas defendidas en 2021. Su diseño técnico estuvo liderado por el viceministro técnico Juan Sebastián Betancur, exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y exdirector alterno ante el FMI, y por el viceministro general Andrés Quevedo, exgerente financiero del Metro de Bogotá y exconsultor de la IFC del Banco Mundial, ambos del equipo económico del vicepresidente José Manuel Restrepo.
Ellos le ayudaron al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez y al ‘vice’ Restrepo a preparar la reunión citada el 14 de octubre por el presidente Abelardo De La Espriella para darle forma final el proyecto dentro de una estrategia de tres etapas: aprobación presupuestal, nueva ley fiscal y Plan Nacional de Desarrollo, con una meta de crecimiento económico del seis por ciento.
Estarán también en la retaguardia de la defensa que tendrán que hacer ante el Congreso el ministro Gómez de Hacienda y el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordoñez Maldonado.
El presidente les dio la misión de sacar adelante la que será su ley ariete para desactivar la que él ha llamado una bomba de tiempo fiscal que tiene como detonante el paso de la deuda de $800 billones a más de $1.200 billones, que obliga a que un tercio del recaudo se vaya en el pago de intereses.
Una de las tesis centrales del equipo de gobierno es que el país está gastando mucho más de lo que recibe, si se tiene en cuenta que en promedio mensual entran $29 billones y salen más de $40 cuarenta billones.
La exposición de motivos del proyecto advierte que, si esa brecha no se cierra, el déficit al finalizar 2026 llegaría a $144 billones. “Hoy tres de cada diez pesos que se recaudan en impuestos se van solo a pagar deuda y esa deuda ya está en el nivel más alto de la historia reciente”, ha advertido el ministro de Daniel Gómez.
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El propio documento oficial advierte que de no frenarse esa carrera en diez años la deuda podría llegar a 149 por ciento de todo lo que produce el país en un año, lo que obligaría a recortar inversión, se perderían cerca de 366.000 empleos y el ajuste lo terminarían pagando los hogares más pobres.
Por eso la ley ordenaría las cuentas del Estado, cambiaría la forma en que se cobra el IVA y bajaría los impuestos a las empresas para darles mayor margen de inversión.
Un Estado más delgado
No en vano el primer componente es el ajuste del propio Estado. El Gobierno dice que cerca del 60 por ciento del esfuerzo saldrá de ahí. La idea entonces es gastar mejor y para eso se propone recortar a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027 y luego solo dejarlo crecer con la inflación.
La iniciativa también plantea que toda la nómina del Presupuesto General de la Nación, con excepción de la Fuerza Pública, reduzca su costo en 20 por ciento en 2028 y que en los dos años siguientes solo crezca medio punto por encima de la inflación.
Las compras de bienes y servicios del Estado también quedarían congeladas al nivel de la inflación entre 2027 y 2030. A eso se suma una revisión a fondo de más de 250 transferencias que hoy atomizan el gasto y de unos 50 fondos públicos que mantienen plata quieta.
Según un abecé de la iniciativa preparado por la Casa de Nariño, esa plata quieta volvería al Tesoro cada año. El Gobierno también pide facultades extraordinarias por seis meses para poder suprimir, fusionar o escindir entidades y así lograr la meta de reducir el tamaño total del Estado en 15v por ciento.
En plata, el ahorro estimado por esta vía sería de $44.6 billones en 2027 y de $61,1 billones en 2030. En el documento pedagógico se deja claro que salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas, el Sistema General de Participaciones y el pago de sentencias judiciales quedan blindados y no entran en ese recorte.
El problema del IVA
El segundo componente, que es el más sensible políticamente, es el del IVA. Hoy el IVA lo paga igual el hogar pobre que el hogar rico cuando compra en el supermercado. Lo que propone la ley es corregir esa injusticia ampliando la base de productos que pagan IVA y, al mismo tiempo, devolverles esa plata a los más pobres.
La devolución estaría dirigida a 19 millones de colombianos que, según el DANE, son los más pobres y vulnerables y que hacen parte de unos ocho millones de hogares. Cada hogar recibiría en promedio $213.000 al mes y hasta un máximo de $288.000, que es aproximadamente lo que hoy pagan de IVA.
Para tener derecho, el hogar debe tener ingresos de hasta de $3,4 millones. La focalización se haría con los mismos instrumentos que ya usa el Gobierno para los programas sociales y el pago se haría a través de la llave digital.
Aunque la medida empezaría a regir en enero de 2028, habría un giro anticipado en diciembre de 2027 para que las personas experimenten un alivio antes de que empiece el cobro.
“Quienes hoy ya reciben compensación de IVA no la pierden, la siguen recibiendo hasta que migren al nuevo sistema”, plantea otro de los puntos de la exposición de motivos. Así, según el Gobierno, un hogar que hoy paga $138.000 de IVA al mes dejaría de hacerlo porque se le devuelve.
Cuestión de ingresos
Para financiar esa devolución y el resto del ajuste, la ley toca también a los que más ganan. Se propone que quienes reciben más aporten más en salud, en renta y en IVA. Una parte importante viene de lo que el documento llama impuestos que financian la salud, es decir, un mayor recaudo por licor, tabaco y cerveza que iría directamente al aseguramiento en salud de todos los colombianos.
También se corregiría una ventaja que hoy tienen las plataformas internacionales de comercio electrónico. Todas las compras por internet, sin importar que sean menores a 200 dólares, pagarían IVA en Colombia. La idea es proteger al productor nacional que sí paga impuestos.
El tercer componente, de acuerdo con el abecé, es el de crecimiento y empleo. La tarifa general de renta para las sociedades bajaría de 35 por ciento a 33 por ciento en 2027 y a 31 por ciento desde 2028.
Además. se crea el incentivo RUGE para atraer inversión grande y rápida. Si una empresa hace su inversión en Colombia entre 2027 y 2028 pagaría solo 20 por ciento de renta. Si invierte en 2029, 26 por ciento.
El Gobierno calcula que solo por el efecto de volver a crecer, el recaudo aumentaría en $1,7 billones en 2027 y en $13,8 billones en 2030. También se ajusta el impuesto al carbono para que quien más contamina pague más.
En síntesis, sumando el ahorro del Estado, los nuevos impuestos justos y el crecimiento, las finanzas mejorarían en $51 billones cincuenta y un billones en 2027 y en más de $122 billones en 2030. La discusión que se avecina en el Capitolio Nacional será si ese cálculo es realista y si el peso que recae sobre el IVA ampliado no termina siendo mayor que la devolución prometida.
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