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La batalla cultural de Abelardo de la Espriella no se limita al retiro de obras del Museo Nacional. De hecho, ninguna ofensiva gubernamental de este tipo se circunscribe únicamente al ámbito de la producción y exhibición de obras de arte, ni al control de los contenidos en medios audiovisuales como lo hizo Gustavo Petro con los canales y emisoras públicas, que durante su gobierno convirtió en burdos aparatos propagandísticos.
La pelea por las ideas, imaginarios y narrativas, así como la construcción de una memoria colectiva, se da en todas las esferas de la vida, no solo en aquellos espacios que, por tradición, se asocian a manifestaciones artísticas, medios de comunicación o espacios educativos. Las ideas encuentran un campo de batalla en todas partes, incluso en las más insospechadas. Ni actividades cotidianas como vestirnos o pedir la palabra, ni procedimientos técnicos o ingenieriles de todo tipo, en apariencia ajenos a la cultura, como instalar cámaras de vigilancia o diseñar las rutas de las ciudades de determinada manera, se salvan de ser terreno de disputa cultural. Lo que suele presentarse como natural o neutral también refleja visiones del mundo y relaciones de poder que rara vez cuestionamos.
Postulamos que, para el presidente Abelardo de la Espriella, el proceso de reconstrucción es otro cuadrilátero más de su batalla cultural. Decisiones en apariencia gerenciales (término que se utiliza para ocultar concepciones específicas del mundo, especialmente de corte neoliberal), como no incluir a las autoridades locales y regionales (alcaldes y gobernadores democráticamente elegidos, independientemente de que nos gusten o no), en la junta directiva del Fondo Milagro, obedecen a un proyecto hiperpresidencialista, común denominador de los últimos gobiernos, que busca posicionar la narrativa de un mandatario todopoderoso que no necesita de otros actores de la esfera pública y que se sustenta en el viejo axioma según el cual lo público es corrupto e ineficiente per se.
El lenguaje tampoco es asunto menor. Llamar al instrumento para canalizar los recursos “Fondo Milagro” o a la propuesta de ciudad “Perla Milagro”, en evidente alusión a la “Patria Milagro”, va en contravía del pluralismo que debería garantizarse en un proceso de reconstrucción y, de paso, desconoce a la ciudadanía, tratada durante estos dos meses como una categoría abstracta y pasiva, cuando en realidad está conformada por personas de carne y hueso, con agencia y cuyas afugias, al momento de redactar esta columna, continúan.
Hacer una puesta en escena con un radioteléfono para presentar ante los pereiranos la demolición de un edificio emblemático de la ciudad como algo que debería celebrarse, desconociendo que bajo los escombros quedaron sepultados los recuerdos y pertenencias de gente con nombre y apellidos, se parece mucho al acto de retirar piezas del Museo Nacional. Se busca, de manera burda, consolidar un relato específico. Dicho relato amplifica la figura presidencial y opaca la del ciudadano del común, el verdadero héroe, pues de no ser por las redes vecinales (que en muchos casos actuaron de manera oportuna y efectiva) y la conducta solidaria de muchos, las consecuencias de la tragedia habrían sido peores.
La tarea de los pereiranos y los risaraldenses no consiste en adherirse a un relato oficial de la reconstrucción, sino en disputarlo. Defender la pluralidad de voces, la participación efectiva de las comunidades afectadas y someter al escrutinio público cada decisión adoptada en nombre de la tragedia son condiciones indispensables para evitar que el terremoto termine siendo utilizado como instrumento de legitimación política. La reconstrucción debe pertenecer a la ciudad y a sus habitantes, no al proyecto ideológico del gobernante de turno, cualquiera sea.
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