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Colombia podría estar cometiendo una estupidez política monumental: creer que cada nuevo escándalo de Gustavo Petro es otro clavo en su ataúd político. Mientras sus contradictores celebran cada denuncia como una victoria, podrían estar consiguiendo exactamente lo contrario: mantenerlo vigente, regalarle publicidad y convertirlo en protagonista de un país que necesita dejar de girar alrededor de él.
Petro no necesita que hablen bien de él. Le basta con que no dejen de hablar de él.
Las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos públicos y posibles abusos de poder, que ya motivaron indagaciones oficiales, merecen investigaciones rigurosas, no juicios improvisados en las redes sociales. Petro ha rechazado las acusaciones, pero su gravedad exige esclarecer los hechos. Haber ocupado la Presidencia no convierte a nadie en intocable.
Que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias y que los jueces decidan con pruebas. Si se comprueban delitos, que se impongan las sanciones correspondientes. Y si alguna vez existen cargos en el exterior y una solicitud de extradición contra Petro que cumpla los requisitos constitucionales y legales, que se tramite sin privilegios ni contemplaciones. El poder que alguien tuvo no puede convertirse en un escudo frente a la justicia.
Los escándalos de Petro no necesitan más espectadores. Necesitan respuestas judiciales.
Sin embargo, Colombia parece haberse acostumbrado a vivir de escándalo en escándalo. Aparece una denuncia, estalla una controversia, se multiplican los insultos y Petro vuelve a ocupar el escenario. La indignación dura unos días, hasta que otra noticia reemplaza a la anterior.
Los escándalos se convierten en titulares, los titulares en peleas y las peleas en publicidad gratuita. Mientras todos gritan, los expedientes esperan.
La noticia pierde importancia frente al personaje.
Hay una paradoja que sus adversarios parecen ignorar: se puede deteriorar la reputación de un dirigente y, al mismo tiempo, conservar intacto el escenario desde el cual continúa hablando. El desprestigio no significa necesariamente desaparición política. La confrontación permanente puede mantener movilizados a quienes todavía lo respaldan.
Petro puede aprovechar las críticas para presentarse ante sus seguidores como víctima de una persecución. Sus adversarios, convencidos de estar debilitándolo, podrían terminar entregándole el protagonismo que pretenden arrebatarle.
Confundir el desprestigio con la desaparición política puede salirle muy caro a Colombia.
Algunos dirigentes parecen haber encontrado en Petro una profesión. Cada declaración suya les ofrece la oportunidad de publicar un mensaje furioso, aparecer en televisión y recoger aplausos. Han construido una forma de hacer política que depende del mismo hombre al que prometen dejar atrás.
Si Petro desapareciera mañana de los titulares, más de uno tendría dificultades para explicar qué propone para Colombia.
Y hay algo peor: mientras todos reaccionan a sus palabras, Petro sigue marcando los temas, el ritmo y hasta el lenguaje de la discusión nacional. Sus contradictores terminan siguiendo una agenda que no construyeron.
Denunciar no equivale a gobernar. Reunir personas que rechazan a un dirigente no significa construir un proyecto nacional. Una multitud puede coincidir en su rechazo a Petro y no ponerse de acuerdo sobre seguridad, educación, impuestos, justicia o desarrollo económico.
Una mayoría contra alguien no es necesariamente una mayoría capaz de gobernar.
Mientras tanto, Colombia enfrenta problemas que ningún escándalo resuelve: comerciantes sometidos a la extorsión, campesinos que no reciben precios justos por sus cosechas, jóvenes que terminan sus estudios sin encontrar empleo y familias que esperan atención médica.
Para ellos, la próxima controversia de Petro no representa una solución.
La indignación puede llenar una plaza. No administra un hospital.
Un discurso agresivo puede conseguir miles de reproducciones. No protege a un comerciante de las amenazas.
Colombia conoce demasiado bien esa historia: cambian los protagonistas, se renuevan las consignas y las dificultades permanecen.
La corrupción, la violencia y la pobreza no comenzaron con Petro. Eso no borra las responsabilidades que puedan establecerse por actuaciones de su gobierno. Significa que el país necesita soluciones capaces de sobrevivir a cualquier presidente.
La oposición debe demostrar que tiene algo más que ofrecer que el rechazo a un expresidente. Debe construir acuerdos, presentar propuestas y explicar cómo fortalecer instituciones que no pueden depender de la voluntad del gobernante de turno.
También los ciudadanos debemos exigir resultados, no solamente declaraciones. La política no puede reducirse a una competencia por descubrir quién consigue más enemigos o quién produce el insulto más celebrado.
Los medios deben seguir investigando. Las autoridades deben establecer responsabilidades y los jueces decidir sobre pruebas. Exigir justicia no significa convertir cada denuncia en un espectáculo, ni guardar silencio ante posibles delitos.
Colombia tiene derecho a exigir cuentas por lo ocurrido durante el gobierno de Petro. También tiene derecho a dejar de organizar su futuro alrededor de su figura.
Que la justicia se encargue de Petro. Colombia no tiene por qué seguir condenada a vivir alrededor de sus escándalos.
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