Cuando su nombre empezaba a sonar para ser el ministro de justicia de Abelardo de la Espriella, el exitoso penalista Iván Cancino no dejó huella suya en las redes sociales, en las cuales había sido muy activo. Canceló la cuenta de X, a través de la cual había sido un asiduo defensor de su amigo recién elegido presidente, y a quien acompañó con discurso en la tarima del Movistar Arena cuando el Tigre lanzó su campaña de recolección de firmas en Bogotá.
Pero Cancino fue más lejos para evitar conflicto de intereses y tener que declararse impedido por casos que llevaba en su bufete. Se retiró del bufete, sin que se conozca en detalle la formalidad, es decir, no se sabe si bien se trató de una venta o una cesión de acciones.
En su momento el penalista Eduardo Montealegre hizo lo propio para asumir el efímero Ministerio de Justicia en el gobierno de Petro, entregándole las riendas a su esposa, Tania Marcela Hernández. Cuando Montealegre dejó las acciones de Economía, Derecho y Sociedad S.A.S.
El nombre Iván Cancino Abogados S.A.S pasó a llamarse Maja Legal S.A.S., y fue nombrada directora la abogada Laura Kamila Toro Peña. Queda al frente de un bufete que estaba andando sobre ruedas. La facturación que incluye asesorías legales con entidades públicas y del sector privado durante del 2026 alcanza los 627,500 millones de pesos. Entre éstos figura uno importante de doce meses con la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza del alcalde Alejandro Char, de cerca de $ 357.000 millones durante los doce meses del año y cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría, acompañamiento y representación jurídica al distrito de Barranquilla en todas las gestiones y tramites administrativos y jurídicos que se requieran.
Otros importantes con entidades estatales, en 2026, son uno por 142,500,000 con la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, hoy bajo la dirección a Armando Ojeda Acosta, que debe durar siete meses, otro fue con el Fondo Nacional del Ahorro, hoy tiene a la cabeza a Marco Fidel Acosta Rico, por 90 mil millones de pesos que fue para la prestación de servicios profesionales especializados.
La abogada Toro es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una especialización de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda. Llegó a la firma de Cancino en abril de 2017, meses después de graduarse como abogada.
Ese mismo año, el bufete comenzó a ganar notoriedad por su participación en procesos judiciales de alto perfil. Entre sus clientes estuvo Marcos Daniel Pineda, entonces exalcalde de Montería, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con las obras de remodelación del coliseo Miguel «Happy» Lora y la Villa Olímpica. El contrato de esas obras superaba los 24.000 millones de pesos.
Durante ese periodo, Cancino también representó a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, exalcaldes de Santa Marta, en procesos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación y demolición de cinco centros de salud de la ciudad. Años después, Caicedo fue declarado culpable en uno de los procesos relacionados con esos puestos de salud. En 2017, la firma anunció la libertad de los mandatarios en un plazo de 48 horas, según los antecedentes del caso.
En el bufete, Toro participó directamente en uno de los casos relacionados con Odebrecht y la Ruta del Sol. Se trato de la defensa de Ricardo Rey Pulido, escolta y mensajero señalado de prestar su nombre y sus cuentas bancarias para cobrar cheques y movilizar dinero vinculados a un contrato celebrado en 2014 con el consorcio Consol y Gistic Soluciones Integrales.
Cancino también le dio juego a la joven abogada en casos de relevancia como el del empresario Carlos Mattos, antiguo representante de Hyundai en Colombia del que salió mal librado el empresario Mattos, quien hoy se encuentra en libertad condicional.
La abogada participa también en el caso de Lily Pink, que pertenece a la familia Abaddi, junto con el bufete de Bazzani & Riveros, los escogidos por Cancino para liderar la defensa de los empresarios. El equipo de abogados se conforma por Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya.
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