Menos de dos meses después de haber dejado el Ministerio de Educación por motivos personales de carácter urgente, la ex fiscal general Viviane Morales Hoyos regresa al alto gobierno de Abelardo de La Espriella. El presidente la designó este viernes 23 de octubre como Consejera Comisionada de Paz.
El nombramiento marca un giro estratégico en la política estatal. Durante la campaña presidencial y los primeros meses de gestión de la actual administración, se contempló la supresión de esta consejería y el traslado de sus competencias a la arquitectura institucional de Seguridad Nacional. No obstante, el Gobierno optó por mantener la estructura abierta bajo una postura de auditoría y revisión técnica.
El cargo que durante en el gobierno de Petro fue ocupado por Otty Patiño, quien reconoció públicamente la necesidad de reevaluar el alcance del concepto de "Paz Total", argumentando que la estrategia debía volcarse prioritariamente a la Paz Territorial (transformación de condiciones de vida en las regiones) en lugar de otorgar legitimidad a grupos ilegales que no mostraban voluntad real de desarme.
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Morales asumirá también, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una entidad que el jefe de Estado también había planteado eliminar, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) a cargo de Carlos Andrés Ríos Puerta, exviceministro de Defensa Nacional, quien también tiene a su cargo las funciones de director encargado de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
El ojo en los recursos del posconflicto
En este nuevo encargo, la tarea central de Morales estará enfocada en evaluar exhaustivamente la ejecución de los recursos asignados al posconflicto, auditando el destino final y el impacto real de los fondos públicos e internacionales invertidos en las zonas de implementación. Asimismo, le corresponderá examinar la efectividad de los programas de reincorporación y desarrollo territorial, identificar posibles sobrecostos, duplicidades o fallas estructurales en las entidades encargadas del proceso, y estructurar las reformas normativas e institucionales necesarias dentro del marco legal.
Ahora, la decisión responde, según la actual administración, de “acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”.
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