La elección de contralor general de la República es el proceso que históricamente ha recibido el mayor número de demandas en Colombia. Las tres últimos jefes del principal órgano de control fiscal del país tuvieron que pasar por el cedazo del Consejo de Estado que miró al detalle si el proceso que los llevó al cargo, desde su postulación hasta la votación en el Congreso, pasando por su desempeño en pruebas de conocimiento, se ajustaron a lo dispuesto por las reglas sobre la materia.
Uno de ellos, Carlos Hernán Rodríguez, debió someterse a un borrón y cuenta nueva en el proceso después de que el más alto tribunal de la justicia contenciosa administrativa anuló su elección por vicios de trámite, aunque pudo regresar al cargo después de un forzoso interregno.
El contralor actual, Jorge Eliécer Laverde, no ha sido la excepción a esa regla de demandas escrita por la costumbre. Tras dos meses de su designación por el Congreso, la Sección Quinta del Consejo de Estado concentra su atención en cuatro demandas activas que buscan anular su nombramiento.
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El proceso avanza entre solicitudes de retiro de expedientes y recientes declaraciones de impedimento que añaden tensión política y jurídica al caso.
El Consejo recibió originalmente un total de cinco demandas entre el 18 de agosto y el 24 de septiembre pasados. No obstante, el panorama judicial se reconfiguró en las últimas semanas debido a los movimientos estratégicos de los demandantes y a los propios trámites internos de la corporación.
Las demandas vigentes fueron interpuestas por los ciudadanos Marcos Estiven Valencia, Ingrith Tatiana Rodríguez, Luna de la Torcoroma Ojeda y Tatiana Ramírez.
Esta última demanda, la de Ramírez, cobra especial relevancia pública al cuestionar la presunta falta de idoneidad y la veracidad de los soportes académicos presentados por el funcionario durante el concurso público. El caso es conocido mediáticamente como el de los “libros exprés”, como lo bautizó el portal La Silla Vacía al cuestionar el hecho de que el Laverde publicó sobre la marcha dos obras académicas con el aparente propósito de fabricar a última hora méritos que no tendría.
El expediente inicial sumaba una quinta demanda radicada por Juan Carlos Calderón España, veedor y periodista hermano del actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Sin embargo, este recurso fue excluido formalmente del debate luego de que el tribunal aceptara la solicitud de retiro voluntario presentada por el propio demandante a finales de agosto.
Una situación similar rodea la acción interpuesta por Yorley Disardo Laica. El demandante radicó una petición para retirar su demanda el pasado 6 de octubre de 2026. Fuentes del Consejo de Estado confirmaron que esta solicitud sigue bajo evaluación de los magistrados, por lo que el expediente técnicamente continúa activo hasta que se dicte un auto formal de archivo.
Las historias detrás de las demandas
La revista Cambio reveló un dato que enciende las alarmas en los pasillos de la Sección Quinta. De los cinco demandantes, dos ya pidieron retirar sus demandas, y el hermano de uno de ellos fue nombrado semanas después en la Contraloría. Y otra demandante recibió en su casa llamadas con ofertas de posiciones burocráticas en en la Contraloría si retiraba su solicitud de nulidad de la elección.
No hay prueba en los documentos conocidos hasta ahora de que el nombramiento, los retiros y una llamada posterior estén relacionados. Pero la justicia tendría que verificarlo.
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De acuerdo con la publicación, esa llamada la denunció la tercera demandante, Luna de la Torcoroma Ojeda Ortiz. Su demanda, del 24 de septiembre, es una de las que siguen vivas y ataca la raíz del concurso.
Según Ojeda, el contrato interadministrativo por $250 millones de pesos entre el Congreso y la Universidad de Cartagena, encargada de las pruebas y calificó hojas de vida de los aspirantes, se firmó el 14 de marzo, cuando ya estaban vigentes las restricciones de contratación directa señaladas por el artículo 33 de la Ley de Garantías. Si ese contrato es nulo, todo lo posterior se cae.
Nueve días después de radicar su alegato, a las 6:50 p.m. del 3 de octubre, entró una llamada al teléfono de su padre desde una línea terminada en 9109, según el memorial de cuatro páginas que Ojeda presentó el 6 de octubre ante la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
Lo extraño es que en su demanda Ojeda solo había registrado un correo electrónico. El interlocutor, dice el memorial, preguntó dónde vivía, cuál era su dirección y sus números. Luego, según el relato, le ofreció un cargo en la Contraloría General a cambio de retirar la acción.
Ojeda le pidió al Consejo que verifique si se usaron capacidades de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la DIARI, l brazo de inteligencia de la Contraloría, para obtener datos de su familia, y que compulse copias a Fiscalía y Procuraduría. En el mismo escrito aclaró que desconoce quién hizo la llamada y que no tiene pruebas para atribuir responsabilidad a Laverde ni a funcionarios de la entidad. Hasta hoy no hay pronunciamiento público de la Contraloría sobre esa denuncia.
Un impedimento
Hay un cuatro frente de debate. La magistrada Gómez Montoya, ponente de tres de las demandas incluida la de Ojeda, se declaró impedida el 19 de octubre.
¿Por qué lo hizo? El 14 de septiembre Marcos Estiven Valencia Celis, autor de la cuarta demanda que pide nulidad y suspensión provisional del contralor, radicó su acción. Dieciséis días después, el 30 de septiembre, Laverde le otorgó poder para su defensa a la firma Asesores Jurídicos & Consultores Empresariales S.A.S.
Esa misma firma, explicó Gómez Montoya en su auto, la defiende a ella ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara en el expediente 7041. El numeral 5 del artículo 141 del Código General del Proceso la obligaba entonces a apartarse, como en efecto lo hizo.
La quinta demanda, basada en la investigación de la Silla Vacía, fue presentada por la abogada Tatiana Ramírez a inicios de octubre. Su argumento no es la contratación de la universidad, sino el puntaje. Laverde llegó séptimo tras la prueba de conocimientos y pasó al tercer lugar tras la valoración de hoja de vida. Lo logró con dos libros presentados como experiencia editorial. Sus títulos son Inteligencia artificial aplicada al control fiscal y El control fiscal desde el Congreso de la República: una responsabilidad constitucional.
“Las inconsistencias cronológicas identificadas respecto de los libros sustentan el cuestionamiento sobre los soportes con fundamento en los cuales se les reconoció puntaje”, dice la demanda. Laverde ha explicado que las dos obras son fruto de años de trabajo. Ambas entraron a imprenta en mayo de 2025, pero en sus referencias fueron halladas citas posteriores a esa fecha.
Si esos puntos se caen, por la regla de alternancia de género, Laverde habría quedado fuera del top 10 de elegibles. El Consejo de Estado se encargará de poner en blanco y negro los méritos de cada demanda y dirá quién tiene la razón.
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