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Cali ha ido abandonando cíclicamente las ciudades que construyó; primero fue su centro histórico, del que apenas sobreviven fragmentos de la ciudad colonial y republicana entre demoliciones, sustituciones arquitectónicas, deterioro patrimonial y procesos de tugurización. Aquella ciudad que concentró durante siglos el poder económico, político y social fue perdiendo su memoria material, mientras las antiguas familias de abolengo y los centros de decisión se desplazaban hacia otros territorios; el corazón de la vida urbana quedó sometido a intervenciones que desfiguraron su arquitectura y debilitaron sus condiciones de habitabilidad.
Pero el abandono no terminó allí, también alcanzó a la ciudad de las primeras modernizaciones, la obrera y popular de los años treinta, cuarenta y cincuenta, y posteriormente a la Cali industrial y residencial de los sesenta, setenta y ochenta. Esa ciudad de barrios consolidados, avenidas, equipamientos públicos, comercios, fábricas, viviendas familiares y redes vecinales fue quedando por fuera de las grandes prioridades del desarrollo urbano; siguió habitada, densificándose y cambiando sus usos, pero acumulando déficits de infraestructura, mantenimiento, espacio público y habitabilidad.
Mientras tanto, las fronteras del crecimiento se desplazaron hacia el sur y otros bordes; sobre antiguas haciendas y tierras suburbanas se desarrollaron grandes operaciones inmobiliarias, urbanizaciones suntuosas, conjuntos residenciales cerrados y extensos conglomerados de vivienda financiada a plazos; se produjeron nuevas centralidades y valorizaciones del suelo, pero también nuevas dependencias de movilidad, servicios e infraestructura; se construyó otra Cali mientras la anterior envejecía sin una política sostenida para conservarla, rehabilitarla y adaptarla a las transformaciones de la vida urbana.
Esta historia no ocurrió por ausencia de planeación, pues Cali ha sido pionera en la formulación de planes, la creación de instituciones y la promoción de proyectos modernizadores, sin embargo, detrás de esos esfuerzos y de las sucesivas transformaciones urbanas ha persistido una disputa por la apropiación del suelo, las formas de habitar y el destino mismo de la ciudad, en la que han intervenido poderes económicos, instituciones públicas y sectores populares. De ahí que la pregunta formulada hace décadas por Jacques Aprile-Gniset, «¿Quién planifica la ciudad?», cobre hoy renovada gravedad ¿Quién gobierna realmente su crecimiento, quién decide sobre el suelo y a qué intereses responde la autoridad pública encargada de ordenar el territorio?
Digámoslo claramente, lo que ha colapsado en Cali no es la existencia de planes, sino la capacidad pública de la planeación para dirigir, regular y gobernar las transformaciones urbanas en función del interés colectivo; su autoridad rectora se ha debilitado frente a las presiones inmobiliarias, los intereses particulares, la improvisación administrativa y las transformaciones que desbordan sus instrumentos. La denominada Operación Sur y las iniciativas de expansión promovidas desde sectores empresariales e institucionales merecen examinarse dentro de esa historia; no se trata de desconocer las necesidades de crecimiento, sino de interrogar un modelo que privilegió la producción de nuevos espacios sin garantizar el sostenimiento de los existentes. La planeación terminó ocupándose más de administrar las consecuencias del crecimiento que de gobernar sus causas.
Las huellas de ese proceso atraviesan la ciudad intermedia; se subdividieron viviendas, se levantaron nuevos pisos, se transformaron garajes en establecimientos comerciales y se sustituyeron usos residenciales por actividades para las cuales las edificaciones y las calles no estaban preparadas. La redensificación avanzó sobre estructuras envejecidas, con servicios públicos sometidos a mayores exigencias y espacios colectivos insuficientes; a ello se sumaron intervenciones sucesivas sobre redes de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones, sin una recuperación integral del espacio urbano. La ciudad construida para determinadas densidades y formas de convivencia terminó soportando otras muy diferentes.
Entretanto, Cali continuó ensanchándose hasta desbordar sus propios límites y entrelazarse con Jamundí, Yumbo, Palmira, Candelaria y otros municipios de su entorno. Hoy existe una realidad metropolitana que no encuentra correspondencia suficiente en las capacidades institucionales para gobernarla; los desplazamientos, los mercados del suelo, los servicios, los ecosistemas y los riesgos atraviesan fronteras municipales, mientras las decisiones permanecen fragmentadas entre administraciones con competencias y prioridades diferentes. Esa contradicción produce una metrópoli cada vez más extensa, difícil de recorrer y vulnerable, sin una autoridad de planificación y coordinación proporcional a su complejidad.
El abandono también transforma la vida cotidiana; los habitantes terminan acostumbrándose a los andenes destruidos, las viviendas subdivididas, las calles congestionadas y los largos desplazamientos. Lo que debería constituir una responsabilidad colectiva se convierte en problema privado de cada familia o vecindario, el deterioro se naturaliza y la ciudadanía padece las consecuencias de decisiones sobre las cuales tiene escasa capacidad de intervención.
La irresponsabilidad política se ha acumulado durante décadas en las prioridades de inversión, las decisiones sobre los usos del suelo, la debilidad del control urbano y las relaciones entre poderes públicos e intereses económicos. Tampoco la Cali nueva está a salvo, sus exigencias de movilidad, servicios, sostenibilidad y mantenimiento podrían reproducir mañana el abandono que hoy padecen los territorios anteriores.
El terremoto del 10 de agosto ha puesto esta contradicción en un terreno doloroso; las afectaciones de viviendas y sectores consolidados obligan a examinar las vulnerabilidades acumuladas, las modificaciones constructivas, el mantenimiento y la capacidad institucional para prevenir riesgos. No todos los daños pueden atribuirse a deficiencias de planeación, pero tampoco podemos considerar el desastre desligado de la historia de la gestión urbana, pues las condiciones de vulnerabilidad se habían venido formando durante décadas.
El próximo debate electoral tendrá que ofrecer garantías concretas para recuperar la autoridad pública de la planeación, democratizar sus decisiones, rehabilitar la ciudad construida y establecer una gobernanza metropolitana capaz de responder a los riesgos compartidos. No bastarán nuevas promesas de expansión ni grandes proyectos inmobiliarios, se requiere una planeación participativa, con capacidad institucional, control ciudadano y responsabilidades verificables.
Porque el problema no es que Cali haya construido otra ciudad; es que, mientras construía la nueva, fue abandonando la anterior y la anterior, y todavía no sabemos si está haciendo lo necesario para impedir que esa otra Cali termine envejeciendo bajo el mismo abandono.
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