Cuando el poder se cree dueño de la verdad

La política democrática necesita convicciones. Un gobernante no puede decidir asuntos graves desde la duda permanente ni pedir disculpas cada vez que sostiene una posición. El problema comienza cuando una convicción se presenta como conocimiento exclusivo, cuando el adversario aparece como enemigo de la verdad y cuando la voluntad popular termina confundida con la voz de una sola persona.

No pretendo diagnosticar la personalidad de ningún dirigente ni afirmar que todos los discursos examinados sean equivalentes. Me interesa una cuestión más concreta: qué ocurre cuando el líder se presenta como intérprete privilegiado del pueblo, los controles institucionales aparecen como obstáculos y la incertidumbre propia de la política se reemplaza por una certeza sin fisuras.

Colombia ofrece ejemplos distintos. En marzo de 2024, durante un encuentro oficial en Ayapel, Gustavo Petro afirmó: «No le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio». La frase expresa una defensa de la soberanía popular. El artículo 3 de la Constitución dispone que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Pero añade que este la ejerce directamente o por medio de sus representantes, «en los términos que la Constitución establece».

Ahí está la dificultad. La soberanía popular no elimina los procedimientos que la hacen jurídicamente operativa. El pueblo no es una voluntad abstracta que pueda invocarse para dejar sin función al Congreso, a los jueces, a los órganos electorales o a las reglas de participación. Cuando el discurso enfrenta «al pueblo» con quienes supuestamente le exigen permiso, la mediación institucional queda retratada como una barrera ajena a una voluntad popular que se presenta como una sola. Esa lectura del efecto retórico no implica que el presidente hubiera pretendido desconocer la Constitución.

La tensión se hizo más visible durante el enfrentamiento entre el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral. El 1 de mayo de 2024, desde la Plaza de Bolívar, Petro advirtió: «Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles». El 8 de octubre escribió en su cuenta de X: «Ha comenzado el golpe de Estado». Ese día, el CNE comunicó la apertura de una investigación y la formulación de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Los hechos deben mantenerse en su sitio. Una investigación y la formulación de cargos no equivalen a una declaración de responsabilidad. La expresión presidencial «golpe de Estado» es una interpretación política y constitucional de la actuación del órgano electoral; por sí sola no transforma el procedimiento en un golpe. Cabe discutir la tesis jurídica del presidente sobre el alcance de su fuero. Pero una controversia institucional no debería resolverse identificando automáticamente al líder, al voto popular y a la democracia como una misma entidad amenazada.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2024, Petro llevó esa lógica más lejos: «Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia [...] ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado». El contexto era global: Gaza, el clima, la desigualdad y la crítica a las élites económicas. Convertir ese fragmento en una acusación contra toda la oposición colombiana sería un error. Lo que sí permite observar es una forma de certeza discursiva: de un lado estarían la ciencia, la vida y los pueblos; del otro, quienes ocultan, censuran y silencian.

Ese lenguaje moviliza, pero empobrece la discusión. La ciencia no habla por la boca de un dirigente, la democracia no se reduce a la autenticidad de una movilización y ningún gobernante convierte su interpretación en verdad pública por el solo hecho de ocupar la Presidencia. En su discurso de posesión, Petro afirmó: «Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. [...] El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo». Una crítica que solo recoge el pasaje que le conviene deja de ser crítica y se vuelve alegato.

Nada de esto es patrimonio de un solo gobierno. En 2003, Álvaro Uribe afirmó, en un discurso ante la Fuerza Aérea, que había escritores y políticos que «le sirven al terrorismo» y que se escudaban en la bandera de los derechos humanos. La clasificación deslegitima una parte de la crítica al atribuirle una función encubierta. Sin embargo, en el mismo discurso Uribe sostuvo que su política debía defender tanto a quienes compartían las tesis del Gobierno como a quienes se oponían a ellas. Quien cite el primer pasaje sin el segundo mutila el documento.

La autoridad política se construye con frecuencia mediante una relación directa con el pueblo. En 2008, una nota oficial que recogió una entrevista de RCN atribuyó a Uribe esta frase sobre la reelección: «Lo que la garantiza es el pueblo».7 El pueblo importa, pero una democracia constitucional no se agota en la relación entre un líder y su audiencia. El Congreso, las reglas electorales y los controles constitucionales no traicionan la voluntad popular. Son las formas mediante las cuales esa voluntad se expresa sin convertirse en propiedad de nadie.

En 2009 y 2010, Uribe defendió la continuidad de sus políticas en nombre del «Estado de Opinión» y afirmó: «Vivo en campaña. [...] Los únicos Gobiernos que sirven son los que viven en campaña». La frase puede leerse como una defensa de la conexión permanente con la ciudadanía. También tiene un riesgo: si el Gobierno vive siempre en campaña, el adversario termina tratado como una amenaza constante y el Estado como una plataforma de legitimación política. Uribe negó que el «Estado de Opinión» fuera contrario al Estado de Derecho. Esa precisión acota el alcance de la crítica, aunque no la disuelve.

Los casos internacionales sirven para iluminar, no para igualar. En Estados Unidos, Donald Trump dijo en el discurso de aceptación de la nominación republicana de 2016: «Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it». La estructura del argumento es nítida: el sistema está roto, el líder lo conoce mejor que nadie y solo él puede repararlo.

En 2018, Trump afirmó ante veteranos: «What you’re seeing and what you’re reading is not what’s happening». Durante la crisis de la COVID-19 sostuvo, además, que la autoridad del presidente era «total». La afirmación fue discutida y después moderada. El ejemplo muestra una retórica que concentra en el presidente la capacidad de ver, interpretar y decidir, incluso frente a la prensa, los estados federados, los tribunales o la evidencia disponible. No describe una patología ni un monopolio efectivo de la verdad.

En Venezuela, Hugo Chávez fundió una y otra vez su nombre con el pueblo y con el proyecto político. En una transcripción archivada de 1999 aparece la fórmula «Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo». En otra, de 2003, el canal estatal es presentado como «punta de lanza de las batallas por la verdad» y como voz del pueblo y de la verdad. Ambas proceden de un archivo oficial afín al proyecto chavista y deben leerse con esa cautela; aun así, permiten observar la oposición entre pueblo y mentira, líder y adversario, verdad y desestabilización.

Tampoco Chávez fue de una sola pieza. En 2004 afirmó que el proyecto «no es personalizable» y que a él le correspondía encarnarlo por un tiempo. La tensión no invalida la crítica; recuerda que los discursos políticos rara vez son bloques perfectamente coherentes. El análisis debe leer esa tensión, no borrar uno de sus términos.

Apelar al pueblo no es el problema. La democracia necesita participación, conflicto y decisiones colectivas. El riesgo aparece cuando alguien pretende representar al pueblo en exclusiva; cuando todo control se convierte en conspiración; cuando toda crítica se atribuye a una traición; o cuando una versión de la realidad se presenta como la única posible.

La humildad política no exige que un gobernante renuncie a sus convicciones. Exige admitir que el poder puede equivocarse, que la oposición no siempre actúa por mala fe, que los procedimientos no son un estorbo personal y que la verdad pública no pertenece a quien ocupa el cargo. Un presidente puede hablar en nombre de una mayoría sin convertirse en la mayoría. Puede defender una reforma sin convertirla en destino histórico. Puede denunciar una injusticia sin adjudicarse el monopolio de la razón.

La autoridad democrática se prueba, entre otras cosas, en la capacidad de soportar límites. Cuando todo control se vuelve conspiración, la crítica termina confundida con el delito y el desacuerdo con la ignorancia. El resultado no fortalece al pueblo: lo deja sin voces distintas, sin instituciones confiables y sin la posibilidad de corregir a quien gobierna.

También le puede interesar: