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Han transcurrido más de dos meses desde el terremoto del 10 de agosto; la conmoción inicial, las imágenes de los edificios derrumbados, los rescates y las manifestaciones de solidaridad han dado paso a una realidad menos visible aun, pero profundamente inquietante: miles de personas siguen esperando respuestas sobre su vivienda, sus ingresos y su futuro. La emergencia ya no consiste solamente en retirar escombros o atender heridos, ahora se trata de reconstruir las condiciones materiales y sociales para seguir viviendo.
El problema central es que los tiempos de la institucionalidad no siempre coinciden con los tiempos de la necesidad humana; mientras se realizan estudios técnicos, se tramitan recursos y se anuncian programas, las familias deben resolver cada día dónde dormir, cómo pagar el arriendo, de qué vivir y cómo sostener a sus hijos. La espera también produce daños.
Las cifras permiten dimensionar esta tensión; según el balance publicado el 11 de octubre, de 21.000 familias afectadas en Cali, 9.100 habían recibido apoyos económicos y aproximadamente 12.000 seguían pendientes. El Gobierno había anunciado subsidios de arrendamiento de $1.050.000 mensuales y recursos para mejoramiento de vivienda, también se han entregado algunas soluciones habitacionales por parte de empresas privadas. Hay actuaciones institucionales, pero persiste una distancia considerable entre las necesidades registradas, los anuncios y las respuestas efectivamente materializadas.
Esa distancia obliga a distinguir tres momentos: socorrer, estabilizar y reconstruir. El primero moviliza ambulancias, organismos de rescate y solidaridad ciudadana, el segundo exige alojamiento, alimentación, salud, continuidad educativa y protección de ingresos, el tercero supone recuperar viviendas, equipamientos, actividades económicas, vínculos comunitarios y condiciones de seguridad. No son etapas completamente separadas, una reconstrucción que se concentre exclusivamente en las edificaciones corre el riesgo de olvidar a quienes las habitaban.
En Cali las diferencias territoriales hacen particularmente compleja esta transición. Las afectaciones de Chiminangos, los edificios de Cuarto de Legua, las viviendas de las laderas y los sectores próximos a la Calle Quinta no pueden tratarse como realidades equivalentes; hay propietarios que perdieron su patrimonio, arrendatarios desplazados, trabajadores informales sin ingresos, comerciantes afectados y familias cuya vivienda era también su lugar de trabajo. Una misma solución administrativa difícilmente responde a todas esas condiciones.
La cuestión se amplía hacia Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria y los corredores de relación con Dagua y Buenaventura; la movilidad residencial, los mercados de arrendamiento, los desplazamientos laborales y las redes familiares atraviesan límites municipales. La entrega de viviendas a damnificados en Jamundí muestra que la recuperación puede implicar nuevas localizaciones, pero plantea otra pregunta ¿Reubicar significa únicamente entregar una casa o también garantizar transporte, educación, empleo, servicios y continuidad de las relaciones comunitarias?
Desde un enfoque de derechos, la reconstrucción no puede reducirse a una distribución de ayudas. El derecho a la vivienda adecuada comprende seguridad, habitabilidad, acceso a servicios y localización apropiada; a ello se agregan los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación y a la información. Por eso, una familia registrada que desconoce cuándo recibirá apoyo no enfrenta solamente una dificultad económica, también necesita información clara, mecanismos de reclamación y garantías de trato equitativo.
Surgen entonces preguntas que deberían organizar el debate público ¿Cuántas familias permanecen fuera de sus viviendas? ¿Cuántas han recibido efectivamente los recursos prometidos? ¿Qué ocurre con quienes no lograron incorporarse a los registros? ¿Qué alternativas tienen los arrendatarios y los trabajadores independientes? ¿Cuáles son los criterios para reparar, demoler o reubicar? ¿Quién acompaña emocionalmente a las personas que perdieron familiares, vecinos, lugares y formas de vida?
Hay, además, una dimensión económica frecuentemente relegada; reconstruir no consiste solamente en recuperar el patrimonio inmobiliario, significa reactivar pequeños negocios, proteger empleos, sostener economías familiares y evitar que la emergencia se convierta en endeudamiento, empobrecimiento o expulsión territorial. Los alivios tributarios aprobados en Cali constituyen una respuesta, pero deben examinarse junto con las necesidades de quienes carecen de propiedad formal o ingresos estables.
También importa la gobernanza. El Fondo Milagro anunciado para financiar la reconstrucción nacional, todavía presentaba dificultades de puesta en marcha según información publicada el 10 de octubre. La coordinación entre la Nación, departamento, municipios, organismos de gestión del riesgo y comunidades resulta decisiva; sin responsabilidades verificables, presupuestos transparentes y cronogramas públicos, la reconstrucción puede fragmentarse en anuncios, intervenciones aisladas y expectativas incumplidas.
La memoria histórica de nuestros territorios enseña que las emergencias revelan desigualdades anteriores; la informalidad urbana, la precariedad habitacional, la exposición al riesgo y las dificultades de acceso al suelo seguro no comenzaron con el terremoto, el desastre las hizo visibles y, en numerosos casos, las profundizó. Reconstruir sin reconocer estas condiciones significaría reproducir vulnerabilidades que ya existían.
Por eso necesitamos una cartografía social de la reconstrucción que impliquen localizar daños, desplazamientos, ayudas recibidas, reclamaciones, riesgos persistentes y capacidades comunitarias; no basta con saber dónde cayó un edificio, debemos conocer qué está ocurriendo con las personas y los territorios después de su caída.
La solidaridad ciudadana fue indispensable durante las primeras horas y días; ahora corresponde convertir esa energía colectiva en participación, seguimiento público y corresponsabilidad institucional.
La pregunta decisiva ya no es solamente cuánto se ha reconstruido, sino quiénes pueden reconstruir su vida y quiénes siguen esperando; una ciudad-región no supera un desastre cuando desaparecen sus escombros, sino cuando sus habitantes sienten que avanzan progresivamente en recuperar condiciones dignas para permanecer, habitar y proyectar su futuro.
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