Texto escrito por: Sebastian Benavides Camacho
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No tengo ninguna simpatía política por Yahir Acuña. Mucho menos pretendo salir en su defensa. Sus antecedentes políticos, sus cuestionados vínculos y las investigaciones que existen alrededor de su actuación deben ser examinados con todo el rigor que corresponda. Si ha cometido delitos, que la Fiscalía los investigue, que presente las pruebas y que los jueces determinen su responsabilidad. Así funciona —o debería funcionar— un Estado de derecho.
Precisamente por eso me preocupa la escena protagonizada por el presidente Abelardo De La Espriella en Sincelejo. El Presidente no se limitó a anunciar controles sobre los recursos de la Nación. Se dirigió públicamente al alcalde Yahir Acuña y afirmó que tiene “13 procesos por corrupción”, habló de un supuesto video relacionado con el PAE y aseguró que no permitiría que los recursos nacionales quedaran bajo su control. Incluso dijo: “Bajo su esquema de corrupción, yo no trabajo”.
Una cosa es que el Gobierno Nacional establezca mecanismos legales para garantizar que los recursos nacionales sean correctamente ejecutados. Eso no solo es legítimo: es una obligación. Otra, muy diferente, es que el Presidente convierta una investigación en una condena política anticipada. Porque una investigación es eso: una investigación. No una sentencia.
Conviene recordar algo elemental que parece haberse olvidado en el Palacio de Nariño: el Presidente no investiga penalmente, no acusa penalmente y no condena penalmente. Puede ejercer las competencias administrativas y constitucionales que le corresponden, puede ordenar controles sobre los recursos que administra la Nación y puede exigir transparencia. Pero la responsabilidad penal de un ciudadano —también la de un alcalde que nos resulte antipático— no la determina el Presidente.
Lo preocupante es que esto resulta particularmente paradójico viniendo de quien durante años construyó su prestigio profesional alrededor de la defensa de las garantías procesales. Como abogado, De La Espriella tenía derecho a defender incluso a personas acusadas de delitos gravísimos. Tenía derecho a controvertir pruebas, alegar inocencia y exigir debido proceso. Eso no era una concessions: era precisamente el ejercicio legítimo de la defensa.
El problema aparece cuando la vara parece cambiar después de ocupar la Casa de Nariño. Las garantías procesales no pueden ser una herramienta que sirve cuando uno está sentado del lado de la defensa y un estorbo cuando uno está sentado del lado del poder.
Y hay una ironía todavía más profunda en el caso que el propio Presidente escogió para arremeter contra Acuña. Una de sus principales acusaciones tiene que ver con el supuesto uso indebido de recursos del Programa de Alimentación Escolar. Es decir, recursos destinados a alimentar niños.
Si se demuestra que alguien se apropió de recursos del PAE para enriquecerse, no estamos frente a una simple irregularidad administrativa. Estamos frente a una conducta que, por afectar recursos destinados a la alimentación de niños, merece el máximo rigor de las autoridades. Pero justamente por eso la pregunta debe hacerse con la misma vara para todos.
Porque mientras el Presidente denuncia indignado un supuesto esquema de apropiación de recursos destinados a niños en Sincelejo, resulta imposible no recordar el caso de Alex Saab y las cajas CLAP en Venezuela.
No porque ambos casos sean jurídicamente idénticos —no lo son y sería irresponsable afirmarlo—, sino porque existe una similitud moral que resulta demasiado evidente para ignorarla: recursos públicos destinados a atender las necesidades alimentarias de una población vulnerable y acusaciones de que alrededor de esos recursos se construyeron mecanismos de enriquecimiento privado.
En septiembre pasado, Saab se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero proveniente de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contratos públicos de alimentos y medicinas del programa CLAP venezolano. El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Saab admitió haber organizado un sistema de sobornos y pagos ilegales para obtener contratos del Gobierno venezolano. Y es importante decirlo correctamente: Saab se declaró culpable, pero todavía no ha sido sentenciado en este proceso.
Pero las CLAP tienen una dimensión todavía más dolorosa. Investigaciones sustentadas en análisis de la Universidad Central de Venezuela encontraron graves deficiencias nutricionales en productos que eran distribuidos como leche. En algunas muestras se encontraron cantidades de proteína y calcio muy inferiores a las declaradas en el empaque.
Eso significa que el asunto no era simplemente cuánto dinero se podía desviar de un contrato público. Detrás de aquellas cajas había familias venezolanas que dependían de esos alimentos y niños cuyo crecimiento y desarrollo dependían, precisamente, de recibir una nutrición adecuada.
Ahí está la verdadera tragedia, pues, cuando la corrupción se mete con la alimentación de los niños, no solamente desaparece dinero público. También se roba una parte del futuro de una generación.
Y por eso resulta tan incómodo que quien hoy pretende dar lecciones de moral pública sobre el PAE sea el mismo hombre que, como abogado, defendió a Saab. No reprocho a De La Espriella haber ejercido la defensa profesional de un acusado. Eso es perfectly legítimo. Lo que cuestiono es la facilidad con la que hoy parece olvidar, desde el poder, los principios que ayer defendía desde la profesión.
La defensa de un acusado no convierte al abogado en cómplice de sus delitos. Pero tampoco convierte al Presidente en juez de sus adversarios. Y después está el tono. Porque una cosa es el contenido de una decisión administrativa y otra la manera en que un jefe de Estado se dirige a un alcalde elegido popularmente. “¿Usted cree que yo voy a permitir...?”, “esta plata la voy a cuidar”, “tengo que tenerla alejada de su control”, “bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”.
Ese lenguaje merece atención. No porque un Presidente tenga que hablar con guantes de seda frente a la corrupción. Todo lo contrario. Un Presidente debe ser firme cuando están en juego los recursos públicos. Pero la firmeza institucional es una cosa y el poder personal es otra.
Los alcaldes no son empleados del Presidente. Tampoco son intocables ni están por encima de la ley. Son autoridades elegidas popularmente con competencias propias. Si existen investigaciones, deberán responder ante las autoridades competentes. Si existen irregularidades administrativas, deberán corregirse. Si existen delitos, deberán sancionarse. Pero ninguna de esas tareas necesita convertir al Presidente en el gran juez moral de los funcionarios que no le gustan.
Ese es precisamente el problema de las ínfulas de hombre fuerte: empiezan convenciendo a algunos de que la firmeza consiste en señalar culpables antes de que existan sentencias. Después terminan creyendo que la autoridad presidencial es suficiente para resolver cualquier conflicto institucional. No lo es.
Y aquí sí vale la pena decirle al Presidente algo que seguramente no le gustará: usted no fue elegido para reemplazar a los jueces. Fue elegido para gobernar dentro de la Constitución.
Si tiene pruebas contra Yahir Acuña, que las entregue a la Fiscalía. Si existen irregularidades en el PAE, que las investiguen. Si hay recursos nacionales que requieren mecanismos especiales de ejecución y vigilancia, que los establezca dentro del marco legal. Si un funcionario ha cometido un delito, que responda por él. Pero deje que la justicia haga su trabajo. Porque combatir la corrupción no significa tener licencia para condenar desde una tarima. Y ejercer la Presidencia no significa que las competencias de la Fiscalía, de los jueces y de las autoridades territoriales desaparezcan cuando el Presidente levanta la voz.
Yo no defiendo a Yahir Acuña. Defiendo la regla que debería proteger incluso a Yahir Acuña: que nadie es culpable hasta que un juez competente determine su responsabilidad. Y esa regla no debería cambiar dependiendo de quién esté sentado en la Casa de Nariño. Porque si las garantías procesales solo sirven cuando somos nosotros quienes las necesitamos, nunca fueron principios. Fueron simplemente herramientas de poder. Y un Presidente que empieza a confundir autoridad con omnipotencia debería recordar algo mucho más importante que cualquier consigna de campaña: en Colombia, el Presidente también tiene límites.
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