No es que el negocio vaya a entrar en barrena, pero el gobierno está revaluando las condiciones en las que Colombia se obligó a pagarles a fabricantes suecos los 17 aviones de combate Saab Gripen a Suecia, que reemplazarán en la flota de guerra a los viejos K-fir.
El objetivo inicial, de acuerdo con las instrucciones del jefe del Estado, es renegociar las cláusulas de compensación industrial (offset) y reorientarlas del sector social al militar, en desarrollo de una transición más acorde con la misión de recuperar la seguridad y el orden público y dotar al país de armas disuasivas frente a potenciales enemigos externos.
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El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, confirmó la apertura de mesas de diálogo con el fabricante sueco Saab para examinar el impacto fiscal de la operación, tasada en 3.135 millones de euros (unos 16,5 billones de pesos colombianos, al cambio actual).
El acuerdo inicial comprende 15 aeronaves monoplaza Gripen E y 2dos biplazas Gripen F. La administración anterior pactó destinar el 10 % del impacto social exigido por ley a obras civiles, incluyendo la dotación del Hospital San Juan de Dios en Bogotá y la instalación de plantas de desalinización en el departamento de La Guajira.
El gobierno De la Espriella busca suprimir los proyectos civiles para exigir a cambio transferencia de tecnología militar, sensores avanzados y desarrollos de ciberdefensa que beneficien directamente a las Fuerzas Militares.
Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a Las2OrillaS que la revisión técnica busca blindar las finanzas públicas del país y garantizar que la millonaria inversión se traduzca en capacidades estratégicas de defensa aérea y en la inclusión de la industria local en la cadena de mantenimiento de los cazas.
Las mesas de concertación con la firma sueca continúan abiertas sin que se haya ordenado la cancelación del negocio, posibilidad hasta hoy descartada por los inmensos costos que supondría.
Encrucijada compleja
La revisión de las condiciones del negocio por parte del presidente Abelardo de la Espriella responde directamente a una encrucijada financiera, puesto que las obligaciones económicas ya están en marcha y coinciden con un periodo de fuertes presiones fiscales para el país.
Las proyecciones hablan de un déficit presupuestal que podría superar el 7% del PIB. Al mismo tiempo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que, de no realizarse un recorte drástico de gastos, la deuda pública del país podría elevarse al 67,4% del PIB.
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Aunque la vigencia del contrato se extiende hasta junio de 2032, lo que permite diferir el costo total de los 3.135 millones de euros a lo largo de varios años, el calendario de desembolsos genera una enorme carga presupuestal inmediata. De hecho, ya se ejecutó un primer desembolso correspondiente al 0,6% del valor total del contrato, equivalente a aproximadamente $100.000 millones de pesos como pago anticipado.
Para 2027 se proyecta el pico más alto de transferencias con una obligación de $3,9 billones de pesos. Entre el 2028 y el 2039 están previstos desembolsos anuales fijos de $3,2 billones de pesos por cada ejercicio. Un pago final de $2,1 billones.
Frenar el proceso de tajo resulta jurídicamente adverso. Reportes financieros de Bloomberg confirman que el contrato incluye cláusulas de penalización económica y multas severas por incumplimiento. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha manifestado que no cuenta aún con una evaluación de los riesgos económicos que implicaría rescindir o modificar unilateralmente lo pactado con Saab.
Debido a que el primer pago ya se efectuó, el margen de maniobra del Ejecutivo se reduce, obligándolo a buscar una renegociación directa del esquema de pagos con la empresa sueca antes que una anulación total.
“El proceso de compra de los Gripen tiene un contrato firmado. Es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos y este es un tema de Gobierno”, dijo el general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la FAC.
¿Sombra de sobrecostos?
Como reflejo de la sensibilidad mostrada por el gobierno en el campo de la corrupción administrativa, hay expertos que evalúan posibles sobrecostos comparados con Tailandia, país que en 2025 compró los Gripen por 5.300 millones de coronas suecas (unos $1,7 billones colombianos) y que motivaron vigilancia de la Contraloría.
Por eso fueron convocadas mesas de trabajo con Saab para examinar cómo fue estructurada la negociación anterior antes de adoptar una determinación. El gobierno anterior argumenta que ya hay dos CONPES y obligación jurídica adquirida y que no se puede reversar porque sería tanto como comprar una casa y luego ajustar el crédito.
Bloomberg Línea señala que el contrato incluye cláusulas de multa por incumplimiento, aunque la FAC no reveló montos. En otras palabras, desde el punto de vista fiscal y contractual, sí hay una reconsideración abierta y formal, orientada a renegociar, no a anular de plano, por el costo de $16,5 billones y la situación fiscal actual.
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