El 10 de abril de 2019 reinaba un ambiente de desazón entre los integrantes de un equipo de investigación destacado por la Contraloría General de la República para investigar un auténtico festín de contratos que sumía al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la peor crisis de su historia y ponía en riesgo la salud de sus beneficiarios: niños de los colegios públicos de todo el país.
Aunque habían cumplido a cumplido su misión en el campo fiscal, los investigadores se encontraban con que, en el terreno penal, un juez de Bucaramanga le imponía una irrisoria pena de 36 meses de cárcel -con beneficios incluidos- al empresario Germán Trujillo García, descrito como el zar de un mercado ignominioso que distribuyó comida contaminada con bacterias y piojos a decenas de estudiantes que encontraban en la ración del PAE su única comida del día.
Trujillo aceptó cargos y obtuvo así la mitad de la rebaja de la pena y pagó sin problemas una multa inferior a $2.500 millones, aunque el inventario de sus bienes señalaba que sus pingües ganancias le habían dado para comprarse un apartamento de lujo y otros bienes en Colombia y en el exterior.
Hoy ese empresario, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa, se encuentra en libertad después de haber pagado la mayor parte de su sentencia bajo la medida de detención domiciliaria antes de recibir el beneficio de libertad condicional a finales de 2020.
El eje de sus operaciones, que incluyeron peculado y la falsedad en documentos en los que incurrió como contratista y operador oculto, fue la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones. El empresario logró un preacuerdo con la fiscalía general de la Nación en abril de 2019, aceptando los cargos a cambio de una rebaja sustancial de la pena, la cual quedó fijada en 36 meses.
Para acceder a este beneficio judicial, Trujillo se vio obligado a reintegrar más de $2.200 millones al erario. Paralelamente, el ente acusador desplegó un operativo de extinción de dominio sobre sus propiedades y logró ocupar bienes avaluados en $33.000 millones de pesos para resarcir al menos parcialmente al Estado.
Atrás parecían quedar los rastros de los sobrecostos, los contratos de postín y otras maniobras que incluyeron engaños a algunos departamentos, cuyos gobernadores y alcaldes quedaron expuestos a tortuosos procesos judiciales.
Hoy, siete años después, el Programa de Alimentación Escolar no ha logrado superar sus problemas estructurales, entre otras cosas porque a las entidades territoriales, a cargo de su ejecución, se quejan de falta de recursos para operarlo y confían en que en la próxima Ley de Competencias su control quede a cargo de la Nación.
Las2Orillas conoció completos los informes de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la República a través 32 actuaciones de control fiscal, al cabo de las cuales determinó hallazgos por cerca de $40.000 millones y numerosos vicios que ponen en riesgo la operación y la continuidad del PAE en varias entidades territoriales.
Las irregularidades incluyen, de nuevo, millonarios sobrecostos, destinación de recursos a cerca de medio centenar de estudiantes ya fallecidos y privación de las raciones a por lo menos 143.000 niños que no cuentan con el servicio desde comienzos del calendario escolar.
La Contraloría General, en efecto, auditó ocho entidades territoriales en 2025. Encontró dos casos con concepto adverso, $1.830 millones sin ejecutar y una constante: raciones cobradas a estudiantes muertos o retirados.
“La auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República al manejo del Sistema General de Participaciones y al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la vigencia 2025 deja un balance crudo: en solo 8 entes territoriales, más de 143 mil niños empezaron clases sin PAE, se pagaron raciones a estudiantes fallecidos y hay hallazgos fiscales que suman más de $9.500 millones”, enfatiza uno de los documentos.
Una crisis con calendario
La radiografía cubre a los departamentos de Magdalena, Sucre y Risaralda; al Distrito de Santa Marta y Barrancabermeja, y a los municipios de Pereira, Sincelejo y Floridablanca. Dos de ellos, Pereira y Barrancabermeja, recibieron el concepto más grave: “Incumplimiento Material Adverso”. Los otros seis obtuvieron calificaciones con reserva.
El caso más grave es el de Magdalena. El calendario escolar arrancó el 27 de enero, pero el PAE solo empezó el 23 de abril. Fueron 71 días de retraso, durante los cuales 135.786 estudiantes se vieron privados de la alimentación.
Sucre repitió el patrón. Allí el PAE regular tuvo por lo menos 51 días de retraso y el PAE indígena estuvo suspendidos durante dos meses. Los afectados fueron 7.744 estudiantes. Además, 2.395 niños con discapacidad y talentos excepcionales esperaron 63 días para recibir apoyo.
Sincelejo sufrió atrasos de 33 a 176 días en educación inclusiva. Pereira dejó sin cobertura oportuna a 188 niños con discapacidad en 5 colegios.
Floridablanca, en Santander, representa un caso opuesto a la caracterización habitual: allí no hubo sustracción de recursos materializada en robos, ni se pagó por estudiantes muertos o inexistentes, pero sí se dejó de ejecutar. La CGR encontró $1.830.301.923 millones sin ejecutar del PAE, de recursos del Sistema General de Participaciones y del Ministerio de Educación. En últimas, plata asignada que no se convirtió en raciones.
En Magdalena, el contrato con la Unión Temporal ABC PAE generó un “presunto detrimento de $4.764.742.155” por sobrecostos en manipuladoras y transporte sin justificar.
En Risaralda, $1.449.872.570 fueron pagados de más. El operador, una entidad sin ánimo de lucro exonerada de estampillas, cobró Pro-Desarrollo (2%) y Pro-Cultura (1%) y nunca se las descontaron. Además, les pagaron raciones a 16 estudiantes de Bienestar Rural que no hacen parte del PAE.
En Sincelejo se produjo uno de los hallazgos más delicado $5.301.534.150 fueron desembolsados a la cuenta personal del representante legal del Consorcio PAE Universal, que no era el beneficiario contractual. La cuenta del consorcio, además, fue embargada por deudas. A eso se suman $1.629.732.230 en sobrecostos producto de manipulaciones contractuales.
Los fallecidos y el SIMAT
Es la constante en casi todas las auditorías. El cruce SIMAT (Sistema de Matrículas) versus la base de fallecidos monitoreada por la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría determinó estos reportes.
- Magdalena: 34 estudiantes fallecidos seguían activos. $16.825.116 les fueron girados después de muertos.
- Sucre: 4 fallecidos: $778.837 girados,
- Santa Marta: 3 fallecidos con giros por $272.537.
- Sincelejo, Floridablanca y Barrancabermeja: también pagaron raciones a fallecidos y retirados, con certificados firmados por rectores y avalados por interventoría.
En todos los entes hubo pagos por reconocimiento de jornadas sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 596 de 2025: $134 millones en Magdalena, $61 millones más en el mismo departamento y $13 millones en Santa Marta.
En Floridablanca y Barrancabermeja hubo pago de horas extras por encima del tope legal y seis solicitudes de cesantías con mora. En Barrancabermeja, además, dos cuentas maestras de educación no tuvieron un solo movimiento en todo el año y $448 millones quedaron como vigencias expiradas sin ajustar.
Estos ocho casos, que representan simples botones de muestra, hacen parte de las 32 auditorías que sustentan la alerta nacional que dio la Contraloría al cerrar septiembre, que arrojaron 84 hallazgos administrativos, 71 con presunta incidencia disciplinaria y 41 con incidencia fiscal por $39.139 millones. El 60% por fallas en planeación y supervisión y el 30% por sobrecostos.
El panorama sugiere que las huellas del zar del PAE no se han hecho indelebles con el paso del tiempo.
Anuncios.
