El dinero que Bogotá recauda y la manera como lo cobra están ahora en el centro de una discusión que toca desde el comercio y los bancos hasta quienes compran un carro, una moto o pagan el predial. Entre los puntos que más ruido han generado están el aumento del impuesto de Industria y Comercio (ICA), el nuevo cobro de alumbrado público para los estratos más altos, una sobretasa al predial y vigencias futuras por $5,08 billones.
Dichos cambios que han puesto a distintos sectores a mirar con atención la reforma tributaria que el alcalde Carlos Fernando Galán presentó al Concejo de Bogotá fue aprobada en primer debate el 9 de septiembre, con 8 votos a favor y 4 en contra. Aún tiene camino por recorrer para ser ley. Ahora está en discusión en la plenaria.
Desde que comenzó su trámite ha recibido reparos de concejales de diferentes partidos y de gremios como Fenalco, Asobancaria, Colombia Fintech, Fasecolda y los transportadores. Uno de los cambios que más preocupa a los sectores económicos es el aumento del ICA para bebidas alcohólicas y tabaco, de 13,8 a 21 por mil, y para vehículos y motos, de 6,9 a 11 por mil.

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Una reforma con diferentes enemigos
El pasado 9 de septiembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, integrada por 15 Cabildantes en cabeza de su presidente, Rolando González, aprobaron en primer debate la iniciativa.
Tres de ellos no votaron el proyecto: Samir Abisambre, Oscar Bastidas y Jairo Abellaneda. La propuesta, por ahora, pasó al segundo debate y está siendo discutida por la plenaria de la corporación, después del llamado a sesiones extra por parte de la administración distrital desde el pasado 11 de septiembre hasta 31 de octubre próximo.
Desde que se presentó, la reforma fue cuestionada y rechazada debido al incremento del impuesto de Industria y Comercio, así como el cobro de alumbrado público para los estratos más altos de la ciudad, a pesar de que el objetivo anunciado por la administración distrital es modernizar la red de alumbrado de la ciudad.
Entre los concejales que se oponen a la reforma se encuentran los 7 integrantes del partido Centro Democrático: Sandra Forero, Julián Uscátegui, Oscar Ramírez, Diana Diago, Humberto Amín, Andrés Barrios y Andrea Hernández.
Los cabildantes firmaron una carta rechazando de forma categórica la iniciativa, condicionando su apoyo a la eliminación de varios artículos o a que sean retiradas del proyecto, propuestas como el mencionado como cobro de alumbrado público por medio del impuesto predial.

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El Centro Democrático y el Pacto Histórico, unidos al rechazar la iniciativa
En total son 10 puntos los que requieren modificación para la bancada de concejales del Centro Democrático: el aumento del ICA, la sobretasa al impuesto predial y las vigencias futuras por $5,08 billones son los principales.
Otros cabildantes que rechazan la nueva reforma son los integrantes del partido Pacto Histórico. Heidy Sánchez rechazo la iniciativa por la imposición de cargas o impuestos a varios sectores económicos de Bogotá, mientras entrega beneficios a actividades que se realicen con capital extranjero.
Por su parte, Ana Teresa Bernal dijo que el impacto de la reforma es muy negativo para los ciudadanos, mientras que Quena Ribadeneria manifestó que serán los pequeños comerciantes y el ciudadano de a pie quienes terminen pagando los costos de la reforma.
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Los gremios y la banca se suman al rechazo político a la iniciativa
Incluso algunos concejales pidieron que la propuesta fuera retirada. A dicha petición, se sumaron varios gremios de la capital tanto a nivel local como nacional. Entre las entidades que se oponen a la iniciativa, está Fenalco Regional Bogotá y Cundinamarca, en cabeza de quien fungía en ese momento como director de la entidad, Juan Esteban Orrego, que ahora es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Orrego defendió al gremio en una intervención que hizo en el Concejo de Bogotá. Allí, manifestó que los incrementos contemplados en el proyecto perjudican considerablemente la actividad comercial y empresarial de la ciudad.
Si el Concejo de Bogotá prueba los cambios en el impuesto de ICA, los más afectados son los comercios de bebidas alcohólicas y los productos de tabaco que pasarían del 13,8 al 21 por mil en la carga tributaria con un aumento por encima del 50%, mientras que el segundo afecta la comercialización de vehículos (incluidas las motos).
En ese caso, la tarifa pasaría del 6,9 al 11 por mil, es decir un incremento del 59%. Los banqueros también rechazaron la iniciativa a través del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, quien, aseguró que elevar la tarifa del ICA seria afectar al sector financiero de Bogotá.

En consecuencia, Malagón advirtió al alcalde Galán que, si el proyecto es aprobado en segundo debate, Bogotá dejaría de ser la capital financiera de Colombia. Además, señaló que el aumento provocaría el desplazamiento de las operaciones e inversiones de las empresas y la tecnología a otros municipios de la sabana de Bogotá. Además, afirmó que el aumento en los costos tributarios encarecería el sector en el crédito y los productos financieros. Por lo tanto, pidió a Galán replantear la iniciativa.
Los agremiados de Colombia Fintech, liderados por Gabriel Santos García, también se opusieron. Según ellos, el ecosistema financiero se vería perjudicado en caso de ser aprobado el proyecto en segundo debate. La Asociación Colombiana de Camioneros, con Héctor Alonso Medrano a la cabeza, señalo que en caso de aprobarse el proyecto se afectaría la cadena de transporte logístico y la distribución de mercancía dentro y fuera de Bogotá. Por su parte, Fasecolda, liderado por Gustavo Morales Cobo, hizo el mismo llamado por la afectación al gremio de los automotores con el incremento en el impuesto de ICA, que golpearía la comercialización de carros y motos.
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