Guillermo Andrés Rodríguez Martínez es abogado penalista, pero se ha movido fuertes en los círculos de la justicia contenciosa administrativa cuando se trata de defender causas de sectores de la derecha, como el partido conservador y el centro democrático.
Su activismo judicial ha ido de la mano con el político pues ha sido miembro principal del directorio de la colectividad azul y ha apoderado intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no en el campo penal, sino cuando la estrategia consiste en tumbar actos administrativos o contratos públicos cuyo enfoque no coincide ideológicamente con sus posturas habituales.
Graduado con honores de la Universidad Católica, Rodríguez vuelve a cobrar protagonismo ante los estrados porque acaba de entablar una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar el contrato de compra de los aviones de guerra Gripen, comprados a Suecia por la administración Petro para reemplazar la flotilla de combate de los K-fir.
Su argumento principal gira alrededor de la inconveniencia de pagar, en medio de la crisis fiscal que vive el país, los 3.135 millones de euros (16,5 billones de pesos) que costarán las nuevas naves de guerra de la Fuerza Aérea Colombiana.
La operación compromete vigencias futuras hasta 2032, de acuerdo con una de las cláusulas del contrato suscrito en de noviembre de 2025 entre Colombia y la compañía sueca Saab.
Rodríguez le pide al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicar medidas cautelares para suspender desembolsos, giros y movimientos presupuestales asociados al anticipo del 40 por ciento en seis cuotas entre 2026-2031 y 60 por ciento contra entrega durante el lapso 2028 a 2032.
Reclama que antes de que sea perfeccionada esa operación el Gobierno actual acredite públicamente cómo se va a ser financiada la operación y cuál es su costo real desglosado.
La acción popular está dirigida contra la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, principalmente.
Insiste en otro elemento que ya ha sido objeto de debates públicos, al plantear el negocio para reemplazar los Kfir ya está en etapa de ejecución y no se conocen estudios previos, comparativos con los F-16 (ofrecidos por los franceses de Rafale), ni el detalle de armamento, simuladores, soporte, offset, etc.
La cifra de 3.135 millones de euros sale de una respuesta oficial de la FAC que el abogado adjuntó a su memorial, aunque se queja que sus derechos de petición no han sido respondidos con suficiencia porque la institución militar advierte que se trata de un asunto de seguridad nacional y por ende está sujeto a reserva.
El mismo hombre de Isagén
El 8 de agosto de 2014 Rodríguez se presentó ante el mismo tribunal, acompañado por el exviceministro Rafael Guarín, para presentar una acción popular contra la venta de Isagén. Lo hizo en calidad de apoderado de Álvaro Uribe y del Centro Democrático con la consigna frenar un negocio que comprometió el 57,6 por ciento de Isagén por un valor estimado 4,5 billones.
El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano admitió la demanda, pero negó la suspensión inmediata de la venta. El togado adujo que no había prueba de detrimento patrimonial, sino solo un rosario de imputaciones generalizadas, sin sustento fáctico.
Sin impedimentos jurídicos, El 13 de enero de 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos vendió Isagén al fondo canadiense Brookfield por $6,48 billones de pesos, es decir, más que los 4,5 estimados. Los recursos quedarían destinados a la financiación de las vías 4G.
En 2020, el Consejo de Estado confirmó lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negó todas las pretensiones. Dejó en claro que la venta no violó la moralidad administrativa ni afectó el patrimonio público y fue fruto de una política pública adoptada mediante el CONPES 3281 de 2004.
El Consejo fue más allá y advirtió que el juez de la acción popular no puede desplazar al Gobierno en decisiones de política económica.
En otras instancias judiciales extraterritoriales el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso pidió a Suecia investigar presuntas "ventajas indebidas".
La Contraloría ya revisó ese mismo contrato en enero de 2026 con acceso total al expediente clasificado como secreto y concluyó que no había irregularidades, que se hizo por contratación directa, permitida en el sector Defensa, y que Saab ganó por puntaje técnico y menor costo por hora de vuelo.
El gobierno de Abelardo De La Espriella no busca reversar la compra de los quince aviones monoplaza, es decir, para un solo piloto, y dos biplaza Gripen, pero sí quiere modificar es el offset contemplado en el contrato. El offset es la compensación social ofrecida inicialmente.
En principio, esa compensación busca traducirse en inversiones favor de Colombia en ciberseguridad, salud, energía sostenible y agua potable. Sus proyectos concretos son la instalación de paneles solares, prestación del servicio de agua potable en La Guajira y recuperación del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
El gobierno actual prefiere que esa compensación no sea social, sino de orden militar-estratégico.
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