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Normal si el sistema educativo colombiano es mediocre si hace parte de un Estado mediocre, sin identidad política propia. Mediocre su economía, su sistema de seguridad, de salud… Incluso, de peor nivel, sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; incluyendo su Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, etc. Con excepciones, la mediocridad del todo suele componerse de la mediocridad de casi todas sus partes.
Cuando las raíces de un árbol se pudren, se secan sus ramas y solo quedan algunas hojas en proceso de desaparición. Eso ocurre con la mediocridad estructural del Estado colombiano, vigente desde hace muchos años. Las recientes pruebas PISA la pusieron de nuevo en evidencia a través de los niveles académicos de nuestros jóvenes adolescentes.
Nada podíamos esperar si la peor mediocridad colombiana la abanderan los políticos que contaminan a todo el Estado. Ellos infectan todo lo que tocan, lo pudren. Normal si muchos de ellos poseen escasa dimensión humana y nos abruman todos los días con cacofónicos e intrascendentales dimes y diretes partidistas. Si los ministros de Educación corresponden, en general, a cuotas burocráticas de banderas cuyos méritos se concentran en el número de votos aportados a la hora de una elección presidencial.
Ningún desarrollo académico significativo hubo durante el anterior ministro de Educación, mientras gobernaba el doctor Gustavo Petro. Su ministro de Educación era, en verdad, un activista de un proyecto político que carecía de un modelo de Estado más allá de la voluntad populista.
Y mucho menos esperar algo distinto en el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella si ya destapó sus fichas en la cartera ministerial con dos poderosas damas cuyos corazones se pasean felizmente por el medioevo. Ningún avance en un sistema educativo si el objetivo de la formación se centra en la Batalla Cultural: lucha por recuperar tradiciones, símbolos patrióticos, militarismo, contaminación del Estado con religiones y moral preindependentista.
No solo está contaminado el Ministerio de Educación; también los Consejos Superiores de las universidades públicas. Allí, los criterios académicos suelen infectarse con intereses políticos. Y las administraciones de universidades, incluso de colegios, están manipuladas por burocracias políticas.
Por supuesto que los sindicatos de docentes han rebajado sus luchas académicas por reivindicar privilegios burocráticos y economicistas a través de un activismo político. Traicionaron la lucha por una educación de calidad científica y artística, al servicio del ser humano y para la vida. Sin embargo, no son los principales responsables del bajo nivel de la educación colombiana.
Tampoco lo son los muchos docentes que se han embarcado en el consumo de títulos, cada vez más sofisticados, sin que esos nuevos conocimientos tengan una influencia real en su práctica pedagógica.
Ni siquiera vale la pena culpabilizar a la inteligencia artificial de la mediocridad de la educación colombiana, porque esta persiste desde hace muchas décadas y la IA es un fenómeno muy reciente. Colombia solo hace parte del gran desconcierto mundial provocado por la presencia de esta tecnología que aún no se sabe cómo asimilarla a los nuevos procesos educativos.
Muy diferente es nuestra clase política, existe desde los comienzos de la República. Transita dominada por un espíritu conservador, siempre al servicio del mejor postor imperial, dispuesta a preservar los privilegios de las élites e incapaz de visualizar un Estado digno, donde la educación pueda superar su actual estatus de mediocridad.
Brillante la conclusión a la que llegaron John Chubb y Terry Moe en sus estudios sobre las escuelas en los Estados Unidos: “Las burocracias públicas que controlan la educación bloquean la formación de escuelas eficaces”. Las burocracias políticas, diría yo, porque son ellas las que controlan el Estado colombiano para practicar una política mediocre que termina contaminándolo todo.
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