Antes de llegar a la Contraloría general de la República, la abogada Jenny Lindo Díaz tuvo un amplio recorrido por organismos del sistema interamericano y por Organización Internacional del Trabajo como asesora y luego se aproximó muy de cerca a la realidad social de las regiones colombianas como parte del equipo de la Federación Nacional de Departamentos.
Cuando se integró a la Contraloría, el conocimiento de los indicadores sociales y también de los modelos de prestación de servicios públicos fueron para ella armas útiles a la hora de jugar un papel decisivo en la intervención de Electricaribe, en plena cresta de la crisis energética en los departamentos de la Costa Caribe.
Su conocimiento de las estructuras de la administración pública en todos los niveles le valió el Premio de Política Técnica de la Universidad del Rosario y le reservó un espacio como catedrática en la Universidad de los Andes.
Al Asumir el cargo de contralora delegada para el Sector Justicia siguió el día a día del sistema penitenciario y carcelario, reportó -según su folio institucional- más de 150 hallazgos fiscales, 80 penales y consiguió la pérdida de más de 200 mil millones de pesos en la administración de justicia.
Al cierre de 2024, la Contraloría decidió reforzar el seguimiento al gasto público durante la fase de cierre de la administración de Gustavo Petro y Jenny Lindo quedó al frente de la delegada para Economía y Finanzas Públicas.
Especialmente en este último cargo aguzó su mirada frente al flujo de los recursos públicos y puso en evidencia la ausencia de soporte en cifras oficiales que fueron presentadas por el gobierno ante la Corte Constitucional para justificar el recaudo de $8,6 billones destinados a la atención de la emergencia económica generada por el frente frío de Córdoba.
En julio de 2025, durante una visita de inspección al Ministerio de Hacienda identificó riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y anticipó en buena medida la crisis que se avecinaba.
El equipo de control al gasto público ya estaba consolidado cuando, luego de interrumpir el proceso de empalme que encontraba opaco, el entonces presidente electo Abelardo De La Espriella les pidió a los organismos de control su respaldo para conocer el panorama con cifras reales.
Esa solicitud coincidió en tiempo con el desarrollo de una función de advertencia de la Contraloría en la Fiduprevisora, donde el equipo de la contralora Lindo acaba de detectar la fuga de $4,4 billones que fueron girados por el gobierno de Gustavo Petro durante las últimas cinco semanas de su administración.
Alerta al nuevo contralor
Fue ella entonces quien le pidió al nuevo contralor Jorge Laverde Vargas -que sus primeros quince días de ejercicio ya estaba encima del tema- que declarara lo que acontecía en fiscalmente en la Fiduprevisora como una serie de “hechos de impacto nacional”.
Los $4,4 billones se fueron aparentemente en pagos a proveedores de salud del Fondo del Magisterio (Fomag), pero el equipo de la contralora Lindo encontró que transacciones carecen de soportes y evidencia.
En otras palabras, la Contraloría encontró los giros en el aplicativo de tesorería de Fiduprevisora durante esas cinco semanas finales, pero no encontró la carpeta contractual, ni facturas, ni actas de supervisión, ni NIT asociados que permitieran identificar a los proveedores.
Por eso lo mandó a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con custodia especial de la información, es decir, reserva sumarial.
La sombra que se cierne sobre la Fiduprevisora se extiende al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio porque cuando el sistema de salud de los maestros migraba hacia el nuevo modelo, los giros se hicieron sin los anexos técnicos, sin la validación de facturas y sin el cruce con historias clínicas que exige la administración fiduciaria.
A esa primera alerta se suman otras dos que la Contraloría puso sobre la mesa. Por un lado, diferencias presupuestales en las liquidaciones de los contratos de administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), también a cargo de la fiduciaria. Por otro, transferencias por más de $17.000 millones a empresas de acueducto y energía que presentaban patrimonio negativo y cuyos pagos ya habían sido objetados por el propio revisor fiscal de la Fiduprevisora. Es decir, no fue una falla inadvertida. Hubo una advertencia interna que fue desatendida.
Antecedentes que cuentan
La Contraloría ya había auditado la vigencia 2023 y encontró hallazgos fiscales por $166.795 millones de pesos. El grueso de ese detrimento, $133.255 millones correspondió a un pago indebido de servicios médicos asistenciales represados y sus intereses a la Unión Temporal Medisalud en la región cuatro que comprende Boyacá, Casanare y Meta y a la Unión Temporal Redvital en la región ocho que cubre Antioquia y Chocó. Esa erogación, según los auditores, estaba bajo la responsabilidad de los operadores salientes y entrantes según las cláusulas contractuales y no debía asumirse con recursos del Fomag. La fiduciaria, sin embargo, la asumió y la pagó.
En esa misma auditoría se cruzó una denuncia de la propia Gerencia Jurídica de la Fiduprevisora. Al revisar una muestra de 1.105 pagos se evidenciaron erogaciones irregulares a docentes pensionados por concepto de prima de mitad de año sin el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales o incluso contra decisiones judiciales ejecutoriadas que previamente habían negado ese derecho.
El daño calculado en ese frente fue de $27.982 veintisiete mil millones de pesos. El patrón se repite en otro hallazgo que para el ente de control resulta especialmente sensible por el principio de destinación específica. Con plata del Fondo se pagó la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1995. Esa ley establece que los recursos del Fomag no pueden desviarse a ese tipo de sanciones.
El incumplimiento en los tiempos es otro capítulo que se vuelve costo fiscal. Por atender de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y definitivas y por demoras en el cumplimiento de fallos judiciales relacionados con sanción mora y pensiones, la fiduciaria terminó desembolsando $2.531 millones en sanciones moratorias y s$6.738 millones en intereses moratorios.
El hilo no termina allí. En el tránsito hacia el nuevo modelo de salud del magisterio, la Fiduprevisora firmó diez contratos de transacción por $1,2 billones en 2024 sin la aprobación del Consejo Directivo del Fomag.
Sumados los ejercicios, el equipo que ahora está a cargo de la contralora habla de 61 hallazgos entre 2023 y 2025, de los cuales veintitrés tienen incidencia fiscal por $548.000 millones, 54 tienen presunta incidencia disciplinaria y cuatro podrían tener alcance penal.
Los giros por $4,4 billones sin soportes no aparecen todavía cuantificados como daño fiscal porque está en fase de verificación como hecho de impacto nacional, pero que por su magnitud duplica todo lo hallado en años anteriores.
Maestros, los paganinis
Para el magisterio la consecuencia es inmediata. Cada peso pagado sin requisito es un peso que deja de estar disponible para medicamentos, citas de especialistas o pagos oportunos de cesantías. Cada sanción moratoria pagada con recursos de destinación específica es una multa que pagan los maestros con su propio fondo.
Y cada giro sin soporte en la transición del sistema es una grieta de confianza en una fiduciaria que custodia el ahorro de más de trescientos mil docentes.
Por eso la declaratoria de impacto nacional no es solo un rótulo. Es la señal de que la Contraloría decidió mirar el Fondo, no como una suma de hallazgos aislados, sino como un sistema que necesita ser intervenido con lupa, con custodia de servidores y con la capacidad de compulsar copias a Fiscalía y Procuraduría sin esperar a que se cierre del ciclo auditor.
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