No alcanzó a saborear las mieles de su exaltación por parte de la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de Colombia. El mismo día en que circulaba la publicación con su foto en la portada en mayo del 2023, Laura Sarabia, mano derecha del entonces presidente Gustavo Petro, se vio envuelta en una trama digna de una cinta de espionaje.
Al regresar de un viaje se percató de que su apartamento había desaparecido una maleta con una cantidad aún no precisada de dólares y encontró en sospechas contra Marelbys del Carmen Meza, niñera de su hijo, a quien había conocido a través de su anterior jefe Armando Benedetti, y habría optado por someterla a un interrogatorio policial y a un polígrafo en una dependencia oficial cercana a la Casa de Nariño.
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Con mayores detalles y pruebas que tengan valor ante la justicia, la Fiscalía recreará esta historia el próximo 14 de septiembre. Ese día la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, excanciller y exembajadora ante Reino Unido está citada a una audiencia de imputación de cargos.
Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y…
— Laura Sarabia (@laurisarabia) August 30, 2026
Allí un fiscal delegado ante la Corte sustentará ante un juez de conocimiento los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
Como hasta ahora ella lo ha negado, las sospechas recaen en el coronel de la policía Carlos Feria, quien en la época de los hechos tenía a cargo todo el entorno de la seguridad presidencial y el deber de proteger a Sarabia, como secretaria privada del jefe del Estado. Estaba en la cumbre del poder.
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La trama tiene un tinte de tragedia. El coronel de la policía Óscar Dávila, segundo de Feria en el entorno de la seguridad presidencial, resultó muerto dentro de su carro estacionado frente al edificio de apartamentos donde vivía. La versión oficial habló de un suicidio, aunque poco antes de ser declarada insubsistente de su cargo como directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez -una de las sucesoras de Laura Sarabia en la Casa de Nariño- aseguró que policías de Palacio le aseguraron que el oficial no se quitó la vida y le recomendaron que tuviera cuidado en sus denuncias contra el gobierno. Para su defensa en su caso que avanza en la Fiscalía, Laura Sarabia contrató como apoderado al exfiscal Mario Iguarán.
Uno de los testigos fundamentales del caso de la maleta es el intendente de la policía Alfonso Quinchanegua, quien el martes 28 de octubre de 2025 oyó la sentencia de una jueza de Bogotá que los condenó a él y a la patrullera Daza a diez años de prisión por haber intervenido ilegalmente la línea telefónica de Marelbys Meza, cuando su patrona Laura Sarabia la consideraba sospechosa de haberle hurtado una maleta repleta de dinero.
Quinchanegua tenía calculado ya ese riesgo, desde el momento en que le propuso a la Fiscalía acogerse a un principio de oportunidad para contar toda la verdad sobre lo ocurrido, a cambio de beneficios judiciales.
Durante ese juicio quedó establecido que el nombre de Marelbys Meza fue incluido ilegalmente por los uniformados en una lista de presuntos integrantes del Clan del Golfo, todo con el objetivo de que un juez avalara interceptaciones en su contra.
Así, convirtieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias La Cocinera y alias La Madrina para hacerlas pasar como ayudantes de un grupo terrorista y escuchar sus conversaciones durante una operación de policía judicial.
En el procedimiento fueron utilizadas las salas de escucha de la Policía Nacional. Las oficinas de la institución armada fueron la segunda dependencia oficial usada para maniobras delictivas. La primera pudo haber sido el edificio Galán, situado al frente de la Casa de Nariño, donde Marelbys Mesa fue interrogada y sometida a la famosa “prueba de la verdad”.
“La sala de comunicaciones se usa efectivamente para perseguir estructuras criminales. Por eso en este caso se trata de una comunicación ilegal, dándole apariencia de haberla ordenado un fiscal, pero con un soporte totalmente falso”, aclaró el Juzgado.
Las líneas de investigación que comprometerían a Laura Sarabia
Hasta ahora venían avanzando con parsimonia tres líneas investigativas distintas. Una, por la afectación al patrimonio económico de Laura Camila Sarabia Torres, relacionada con la pérdida de un dinero en su vivienda. Otra, por la práctica del polígrafo a la exniñera del hijo de la funcionaria para establecer su posible responsabilidad en la desaparición de la suma denunciada. Y la tercera, por la interceptación ilegal a las líneas de las dos extrabajadoras de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y demás actuaciones asociadas con esta irregularidad. Hasta ahora solo ha sido resuelta esta última.
El origen y la ruta del dinero que estaba en la maleta es otro de los frentes que queda por aclarar.
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También queda en vilo la suerte del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño en la época de los hechos y de otros oficiales del entorno de la seguridad presidencial que habrían ordenado o avalado los procedimientos reprochados hoy por la justicia.
En una declaración previa ante la Fiscalía, filtrada a los medios, ya el intendente Quinchanegua había aceptado su responsabilidad en las chuzadas al atender indicaciones superiores: “Lo tomé como una orden y, posterior, también como una amenaza, porque en ese entonces la orden era que tocaba interceptar esos números porque era un caso de la Presidencia”. La apelación presentada por la defensa del Intendente se produjo por considerar que la pena es excesivamente alta frente a la voluntad del policía de colaborar con plenitud.
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